¿Te imaginas tener que huir de tu país y que, al llegar a Europa, te envíen a Ruanda? Ponte en sus zapatos

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Imagina que mañana tienes que marcharte de casa. Que dejas atrás a tu familia, tu trabajo, tu barrio y ese lugar donde sabías cómo funcionaban las cosas. Que buscas seguridad y una oportunidad para empezar de nuevo.

Ahora imagina que, después de llegar a Europa, te comunican que no puedes quedarte. Pero tampoco regresarás a tu país: te enviarán a otro, a miles de kilómetros, donde quizá no conoces a nadie.

Antes de hablar de cifras, fronteras o expedientes, merece la pena detenerse ahí. En lo que sentiríamos si esa decisión afectara a nuestra propia vida.

Desde Por Un Mundo Más Justo creemos que ninguna política migratoria debería diseñarse sin hacerse primero esa pregunta.

El pasado 16 de noviembre, Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y los Países Bajos anunciaron en Viena que trabajan con Ruanda para establecer un «centro de retorno», con el objetivo de iniciar los primeros traslados en 2027. Se trata de una iniciativa de cinco gobiernos europeos, cuyo acuerdo y funcionamiento todavía deben concretarse

Conviene explicar con precisión a quién afectaría. Según la documentación oficial, estaría dirigido a personas sin derecho a permanecer en esos países y con una decisión ejecutable de retorno o expulsión, cuya devolución al país de origen no pueda realizarse en un plazo razonable. No se presenta como un centro para resolver solicitudes de asilo pendientes: esos procedimientos tendrían que haberse tramitado previamente en Europa.

Esta distinción importa. También importa recordar que una persona no pierde su dignidad cuando recibe una resolución administrativa desfavorable.

¿Qué significa «retornar» a un país donde nunca has vivido?

La palabra «retorno» sugiere volver a casa. Sin embargo, este modelo permitiría trasladar a personas a un tercer país con el que pueden no tener ningún vínculo.

Los gobiernos promotores plantean que recibirían un permiso de residencia en Ruanda, pasarían inicialmente por un centro abierto y temporal y contarían con apoyo para integrarse. También podrían salir hacia su país de origen u otro que les permita entrar y residir legalmente. El documento contempla un mecanismo independiente de supervisión.

Esas garantías deben poder comprobarse en la práctica. ¿Cómo se valorarán las circunstancias personales? ¿Cómo se protegerán los vínculos familiares? ¿Qué asistencia jurídica efectiva tendrán las personas trasladadas? ¿Quién responderá si sus derechos son vulnerados?

No basta con anunciar una solución administrativa. Hay que explicar qué vida podrán construir quienes sean enviados allí y cómo podrán reclamar si algo falla.

El problema no es Ruanda: es cómo decidimos sobre las vidas de otras personas

Nuestra preocupación no nace de considerar que una vida en Ruanda valga menos que una vida en Europa. Las personas ruandesas merecen exactamente el mismo respeto, las mismas oportunidades y los mismos derechos.

Lo que cuestionamos es que gobiernos europeos conviertan el traslado a un tercer país en una respuesta central a una realidad humana compleja.

La cooperación con África debe construirse entre iguales y contribuir al bienestar de sus sociedades. Desde M+J defendemos que esa cooperación tenga como horizonte ampliar derechos y oportunidades, y que ninguna persona se vea obligada a abandonar su hogar por falta de alternativas.

Buscar protección es un derecho; garantizar la dignidad, una responsabilidad

El artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a buscar asilo y disfrutar de él en caso de persecución. Ese principio exige procedimientos que permitan escuchar y valorar cada historia.

No todas las personas migrantes se encuentran en la misma situación ni todas las solicitudes de protección tienen el mismo resultado. Pero todas merecen un trato humano.

La Organización Internacional para las Migraciones ha condicionado su posible apoyo al proyecto al cumplimiento de su mandato y de los estándares internacionales. Además, ha aclarado que no participa en expulsiones forzosas ni en funciones de detención o control policial. Su eventual asistencia no debe confundirse con una aprobación incondicional de cualquier traslado. IOM Nederland

Desde M+J proponemos otra dirección

Defendemos una política europea de acogida con responsabilidades compartidas, recursos suficientes y garantías efectivas. Una política que combine reglas claras con atención a las circunstancias de cada persona.

Proponemos vías legales y seguras para migrar, acceso real a la protección, acompañamiento social y jurídico y medidas que faciliten la convivencia y la inclusión.

También defendemos una cooperación internacional que contribuya a reducir la pobreza, las desigualdades y las causas que obligan a tantas personas a marcharse. Poder migrar con seguridad y poder quedarse en casa con dignidad deben formar parte del mismo horizonte.

Sabemos que gestionar la migración requiere decisiones y acuerdos. Precisamente por eso, esas decisiones deben evaluarse por sus consecuencias sobre las personas, además de por las cifras de expulsiones.

Ponte en sus zapatos. Piensa qué garantías exigirías si fuera tu familia la que estuviera esperando una respuesta. Qué trato considerarías justo. Qué oportunidades necesitarías para volver a empezar.

Esa es la medida con la que queremos hacer política.

La dignidad no depende de un pasaporte.

Somos Por Un Mundo Más Justo. Si no es justo, cámbialo