Desde el Partido Político Por Un Mundo Más Justo hacemos una apuesta política por construir una nueva sociedad basada en una CIUDADANÍA GLOBAL FRATERNA. Nuestra opción está claramente en línea con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece en su artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”

Esta nueva concepción de ciudadanía global tiene tres implicaciones políticas fundamentales en la política nacional y europea:

1) Debemos hacer frente a los retos globales tales como la pobreza extrema en el mundo o la degradación ambiental global.

2) Debemos establecer un régimen de derechos y obligaciones ciudadanas que no discrimine en función de la nacionalidad de la persona.

3) Debemos ser proactivos en la búsqueda de acuerdos globales que impidan que los países compitan entre sí.

1. Hacemos frente a los retos globales

Desde el partido Por Un Mundo Más Justo tenemos claro cual es nuestra prioridad política número uno: Acabar con la pobreza extrema en el mundo y revertir la tendencia actual que lleva a un mundo cada vez más desigual. Estamos convencidos de que el fin de la pobreza es una decisión política.

Creemos que la injusta desigualdad es también la causa principal de la degradación ambiental, ya que la enorme diferencia salarial entre diferentes regiones del planeta está causando en las zonas más ricas unos niveles de consumo alarmantes. Cuando un producto se estropea no se arregla, sino que se tira y se compra uno nuevo, ya que una hora de un trabajador nacional es más cara que producirlo de nuevo en otra región del planeta más pobre.

Para hacer frente a estos retos consideramos que la principal medida debe ser la puesta en marcha de una política fiscal global redistributiva que obtenga recursos fiscales de los países más ricos para financiar políticas sociales básicas en los países más pobres. Esto implica la financiación de programas de educación, salud e infraestructuras de agua potable, saneamiento, vivienda y transporte. En definitiva, una modificación sustancial del sistema de ayuda oficial al desarrollo, multiplicando sustancialmente su volumen y haciéndolo obligatorio como cualquier otro sistema fiscal redistributivo.

De esta forma, estaremos atajando la pobreza, reduciendo la desigualdad y combatiendo la degradación ambiental que esta desigualdad provoca.

2. No discriminamos en función de la nacionalidad de las personas

En los últimos años, tanto los Estados Miembros de la Unión Europea como el propio Parlamento Europeo han venido formalizando restricciones de derechos cada vez más severas dirigidas a las personas que no cuentan con un pasaporte nacional o europeo. El progresivo aumento de restricciones de derechos para las personas migrantes contrasta con la libre circulación de divisas y mercancías que no encuentran impedimento alguno en las fronteras.

Desde nuestro Partido Político trabajamos por revertir esta tendencia y apostamos por una mirada mucho más amplia y Fraterna, Universal y Global; desde la cual toda persona, por el simple hecho de serlo, posea una Ciudadanía Global y por lo tanto pueda ejercer los mismos derechos que las personas nacionales, estando además obligado a cumplir las mismas obligaciones.

Así pues, apostamos porque los artículos de las diversas Constituciones de los países miembros de la UE, así como las mismas normativas europeas se revisen y se adapten al concepto de Ciudadanía Global. De forma que, por ejemplo, la Constitución Española no diga, como dice en su artículo 14 “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” sino que diga “Todas las personas que viven en España son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

De nuevo aquí, nuestra opción es totalmente consistente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece en su artículo 2: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.”

3. Somos proactivos en la búsqueda de acuerdos globales

La competencia entre los estados por atraer el capital es la causa fundamental de la creciente desigualdad en el interior de todos los países del mundo

Los gobiernos se ven obligados a elegir entre políticas fiscales, laborales y financieras injustas o el empobrecimiento del país provocado por una “huida de capitales”. El castigo generado por la salida del capital es tan severo que todo gobierno termina por hacer sus políticas fiscales, laborales y financieras más “pro – business”.

El resultado final de esta competencia entre países por atraer el capital es naturalmente un aumento de la desigualdad por ambas vías, ya que las personas propietarias de grandes fortunas pagan menos impuestos y las personas más vulnerables reciben cada vez una protección social de menor calidad en cualquiera de sus formas, ya sea pensiones, subsidios, educación pública o salud pública, ya que todas estas políticas están financiadas con impuestos.

Este es el diagnóstico que observamos en España y en el mundo entero desde 1990, momento a partir del cual el capital comienza a fluir por el mundo, los países comienzan a competir por atraerlo, los estados de bienestar empiezan a verse erosionados y los paraísos fiscales comienzan a florecer, ya que no son otra cosa que la consecuencia de llevar esta competencia entre países al extremo.

Para luchar contra la desigualdad provocada por la competencia entre países, la solución no puede ser otra que cooperación internacional y acuerdos globales. Apostamos, por tanto, por la aplicación de acuerdos mundiales en materia fiscal, laboral y financiero que pongan fin a la competencia entre los estados para atraer el capital. Los países no deben competir entre sí para atraer la inversión extranjera a base de reducir el impuesto de sociedades o desregular en materia laboral o financiero. Al contrario, es ya urgente un trabajo político que permita alcanzar acuerdos globales en estas materias, garantizando la aplicación obligatoria de unos mínimos en la regulación fiscal, laboral y financiera en todos los países del mundo, que aseguren unas condiciones laborales justas, una recaudación fiscal adecuada y un sistema financiero transparente en todos los países del mundo. Es decir, acuerdos globales que terminen con los paraísos fiscales y permitan que el estado de bienestar sobreviva.

En definitiva, entendemos que nuestro mundo, nuestra Europa y nuestro país han de ser un espacio de hermandad, donde todos nos sintamos responsables de todos; donde todos nos conmovamos por las necesidades de los demás y, sobre todo, donde todos podamos sentir a toda persona, como nuestro hermano y hermana.