Conclusiones:

1. Subimos en % de voto y en votos tanto en el Congreso como en el Senado, en términos globales para las 40 provincias en las que nos hemos presentado.
2. En el Congreso nos han votado el 0,13% (22.391 votos). Esto aplicado a las 52 provincias habría supuesto 32.777 votos a nivel nacional.
3. En el Senado nos han votado el 0,38% (60.427 personas). Esto aplicado a las 52 provincias habría supuesto 93.018 votos a nivel nacional. Es decir, el Camp Nou a rebosar.
4. Hemos tenido subidas espectaculares, tanto en el Congreso como en el Senado, en Asturias, Granada, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Bizkaia. Y otra vez con el mayor porcentaje de voto de toda España en Navarra. También subida importante en Melilla. Esto demuestra que donde hay más presencia, los resultados acompañan.
5. En el resto de sitios, en la mayor parte de los casos, bajamos, arrasados por una tormenta de «voto útil». Lo cual debe hacernos reflexionar para ver como seguimos fortaleciendo nuestra presencia en todas las provincias.
6. Y, quizás, lo más relevante en términos cuantitativos. Mientras el resto de partidos extraparlamentarios se precipitan al vacío, nosotros seguimos subiendo. Con esta tendencia, en la próxima legislatura, o en la siguiente, seremos el partido extraparlamentario más grande de España. Y de ahí al Congreso. Aún queda trabajo.

Ante la desigualdad, la crisis ecológica y la crispación, conectamos buena gente para hacer buena política. Necesitamos buena política para solucionar la crispación actual. Una política basada en el rigor, el respeto y la fraternidad.

Convocamos a la buena gente que hay en todas partes para participar, conectar lo diverso y lograr que se prioricen decisiones políticas que solucionen la desigualdad de España y cuiden el planeta.

Nos necesitamos todos. Con tu participación, habrá más buena gente conectada. Con tu voto, habrá más buena política.

Vota Por Un Mundo Más Justo.

El Partido Político Por Un Mundo Más Justo (M+J) ha logrado los avales necesarios para presentarse en 40 circunscripciones en las elecciones generales del 23 de julio. Después de haber triplicado sus votos en las últimas elecciones autonómicas y municipales respecto a 2019, ahora la formación presentará listas en Albacete, Almería, Álava, Asturias, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, Cádiz, Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Guipúzcoa, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Jaén, León, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Navarra, Orense, Palencia, Las Palmas, La Rioja, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.

En las próximas semanas, la candidata a la presidencia del Gobierno y número uno por Madrid al Congreso, Raquel Torrejón, recorrerá buena parte de las provincias para encontrarse con los cabezas de lista y entrevistarse con educadores y trabajadores sociales, con maestros, con jóvenes o con autónomos, entre otras personas.

En este sentido, con el lema Conectamos buena gente, M+J se compromete en estas elecciones a conectar a personas diversas para que se prioricen medidas contra la desigualdad en España y a favor del cuidado del planeta, al tiempo que reivindica la buena política para superar la crispación. 

En sus más de 100 propuestas, que se darán a conocer próximamente, pone un acento especial en los derechos sociales universales, la inclusión de las personas migrantes, el cuidado de jóvenes y autónomos y la economía del bien común. Además, reclama mayor transparencia —dado que es el único partido que presenta su contabilidad en tiempo real—; aboga por el diálogo y el acuerdo transversal entre distintas formaciones, y apuesta por la escucha activa a la ciudadanía, con mejores métodos de participación democrática.

La número uno de la lista de Madrid al Congreso nació en 1974 en Barcelona y se trasladó a la capital al terminar su licenciatura en Matemáticas. Tras trabajar en consultoría, desde hace años es profesora de Secundaria y Bachillerato y responsable del Departamento de Matemáticas en un colegio, donde se vuelca en el acompañamiento de adolescentes y familias.

Ha compaginado esta labor con distintos voluntariados con menores y familias en riesgo de exclusión, con personas en situación de calle, con migrantes y con comunidades indígenas del Amazonas. En las elecciones municipales de mayo lideró la lista de M+J al Ayuntamiento de Madrid, logrando multiplicar por 2,5 el número de votos respecto a 2019.

Como número dos en la lista de Madrid al Congreso la acompañará María Seco, quien coordina un centro para personas recién llegadas del Sahel. En las últimas elecciones autonómicas encabezó la lista del partido a la Comunidad de Madrid.

Asimismo, como cabeza de lista al Senado por Madrid, irá el Coordinador General de M+J desde 2017, Jorge Serrano. Ingeniero de Caminos y Máster en gestión. Director General de la Fundación para la Ciudadanía Global. En los últimos tiempos ha estado muy implicado en el coliderazgo de la plataforma Esenciales, que logró presentar más de 610.000 firmas válidas en el Congreso para que se debata la regularización de 500.000 migrantes.

TRANSPARENCIA MÁXIMA. Desde el año 2019, somos el primer y único partido que presenta públicamente su contabilidad en tiempo real. La transparencia es el mejor medio para prevenir la corrupción. Trabajamos para que todas las instituciones y organizaciones que gestionan dinero público apliquen este nivel de transparencia.

APERTURA AL DIÁLOGO Y AL ACUERDO TRANSVERSAL. Hacer buena política no es sumar a la izquierda contra la derecha o al revés. Apoyamos las buenas ideas vengan de donde vengan. Conectamos buena gente para hacer buena política.

ESCUCHA ACTIVA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Proponemos nuevos y mejores métodos de participación democrática en España. Ya aplicamos en nuestro partido grandes avances en procesos de escucha y participación.

DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES UNIVERSALES. Apoyamos con pasión el derecho a la sanidad y al cuidado, la educación, la vivienda, las pensiones, y otros tantos derechos sociales; y trabajamos especialmente con aquellas organizaciones y personas que defienden los derechos de los colectivos más desprotegidos.

INCLUSIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. En 2022 pusimos en marcha la ILP que convocó a participar a más de 900 organizaciones y logró más de 600.000 firmas de buena gente para una regularización extraordinaria de personas migrantes. En la próxima legislatura trabajaremos para que la regularización sea aprobada en el trámite parlamentario. Esta buena política supondrá un gran avance en inclusión y beneficiará a medio millón de personas en España.

CUIDADO A JÓVENES Y AUTÓNOMOS. No entendemos que los políticos se olviden recurrentemente de los jóvenes y los autónomos en España. Son dos colectivos fundamentales para la cohesión, la economía y la prosperidad del país. Los jóvenes piden oportunidades y los autónomos un trato justo.

ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN. Impulsamos una economía innovadora y con propósito, que incorpore dentro de sus objetivos el desarrollo de las comunidades, el trabajo digno, el cuidado de las personas y el medioambiente.

CUIDADO DEL PLANETA. Trabajamos por una transición ecológica que esté a la altura de la crisis actual y, más de fondo, por un nuevo modo de relacionarnos con los animales y la naturaleza, más responsable y cuidadoso.

PAZ MUNDIAL. Queremos una España que sirva a la paz de aquí y de allí. Con inteligencia, pero también con la intención recta: que ni los intereses económicos ni de poder geopolítico sirvan a la guerra. Como partido trabajamos por una paz cimentada en la buena política, la justicia y la reconciliación.

En M+J nos comprometemos a impulsar y apoyar estas acciones y medidas que buscan luchar contra la corrupción, reducir la crispación, generar diálogo y acuerdos, y promover una mayor participación política de la ciudadanía:

1. Transparentar la contabilidad en tiempo real de los partidos políticos y la administración del Estado (movimientos diarios de cuentas bancarias, recibos y facturas), tal como lo viene haciendo M+J desde 2019.

2. Responsabilizar patrimonialmente a los partidos políticos en casos de actos de corrupción y financiamiento ilegal.

3. Aplicar la suspensión del ejercicio de su cargo a un representante o alto cargo del partido que sea imputado por un delito; y exigir la dimisión en caso de sentencia firme.

4. Aumentar la independencia del poder judicial respecto al poder político cambiando la forma de elegir los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Que un tercio de ellos sea propuesto por el Parlamento (por garantía democrática), un tercio por las asociaciones de jueces, y un tercio por los jueces no asociados.

5. Exigir el cumplimiento de más de dos tercios de las medidas propuestas en los programas electorales por los partidos en el gobierno, a modo de contrato con la ciudadanía. Los programas debieran ser transparentes en las posibilidades de concretar las medidas y el grado de apertura a la negociación.

6. Independizar a los organismos públicos que ejercen funciones de control, regulación y consulta. Estos organismos se elegirán por consenso entre los partidos con representación parlamentaria, más allá de los dos que han ostentado el poder, y siempre, en base a los méritos de la candidata/o.

7. Profundizar en la autonomía de cada poder del Estado respecto a poderes fácticos y/o económicos. Se debe avanzar en desarrollar medidas que dificulten las llamadas “puertas giratorias” y los conflictos de intereses de políticos en ejercicio. Un alto cargo de la administración que abandona la política no podrá ser con- tratado por una empresa del sector de su responsabilidad por, al menos, 5 años.

8. Aprobar un código de buenas prácticas para todos los representantes públicos que impida y sancione el insulto, la humillación, y la burla al adversario político.

9. Cambiar el modo de abordar las problemáticas ciudadanas, con más diálogo, acuerdo y cuidado de las personas, que no descarte a actores políticos ni sociales desde la estigmatización, que se abra a conectar, dialogar y acordar avances con toda persona y organización, sea de izquierda o de derecha.

10. Impulsar políticas de justicia restaurativa para sanar heridas sociales y políticas del último siglo (guerra civil, dictadura, terrorismo de ETA, entre otras). Estas políticas deben incluir las necesidades de las víctimas directas y sus familiares, la búsqueda de la verdad y el paradero de las personas detenidas desaparecidas, y la promoción de acompañamientos personales y encuentros restaurativos entre víctimas, familiares y personas que han cometido crímenes.

11. Crear una red de museos de la reconciliación, donde se trabaje con profundidad, amplitud de mirada y pedagogía social las heridas históricas no cerradas, se promueva el respeto a los derechos humanos, y se aborden los caminos de reconciliación que tenemos por delante.

12. Facilitar el acceso a iniciativas de legislación popular (ILP) y referéndum para consultar a la ciudadanía determinados temas. Una democracia más participativa es un gran deseo y compromiso del partido, aunque supone el desafío de enriquecer el diálogo y la deliberación común.

13. Limitar eficazmente el número de prórrogas aplicables a las propuestas legislativas durante el trámite parlamentario para evitar que esta práctica bloquee el buen funcionamiento del poder legislativo. Tras la convocatoria de elecciones generales, quedaron suspendidos 59 proyectos de ley (propuestas presentadas por el Gobierno) y 157 proposiciones de ley (presentadas por grupos parlamentarios, comunidades autónomas, iniciativas legislativas populares o enviadas desde el Senado) que tendrán que iniciar por completo todo el trámite. Se trata de legislación tan relevante sobre: la Regularización Extraordinaria de personas migrantes, la Coordinación de Servicios de Bomberos, las Familias que incorporaba permisos para el cuidado de menores, las Enseñanzas Artísticas, el derecho de defensa o la función pública, la creación de una autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financie- ro y los servicios de atención a la clientela, etc.

14. Igualar las condiciones en las que compiten los partidos políticos. Promovemos una reforma a la Ley Electoral que incluya: un cambio en la financiación pública de los partidos políticos para que esta no dependa exclusivamente del número de escaños obtenidos, sino también del número de votos; y que disminuya el número de avales exigidos para los partidos políticos para presentarse a las elecciones generales, del 0,1% del censo electoral al 0,05%. Las barreras de entrada al sistema político son desproporcionadas y poco equitativas.

15. Promover una normativa que establezca un cambio en los Portales de Transparencia de los organismos públicos y que considere no solo a los expertos como audiencia objetivo de sus explicaciones.

16. Modificar la Ley de Partidos Políticos, favoreciendo la democracia y la participación al interior de ellos. En particular, se debe exigir la elección por votación directa de la afiliación de determinados cargos orgánicos y la selección de candidaturas a la presidencia nacional y autonómica. Además, se debe asegurar la presencia de equipos de trabajo que sirvan de consulta y nutran
de contenido y fondo a las propuestas políticas. Por último, habría que incluir mecanismos innovadores para tomar decisiones.

Asumimos el compromiso de cuidar a las personas y derrotar desigualdades injustas, defendiendo la equidad y el cumplimiento de los derechos humanos y sociales de toda persona en España, por medio del impulso de las siguientes acciones y medidas:

17. Modificar la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (Ley 25/2014, de 27 noviembre) para buscar garantizar: el cumplimiento de las obligaciones mínimas y de carácter inmediato”, como son la prohibición de discriminación y la protección de grupos vulnerables; y el cumplimiento de las obligaciones progresivas, a ser cumplidas en un plazo razonable de tiempo y con el máximo de recursos posibles (Caritas, 2023, 5).

18. Crear el Comité de Seguimiento de las Resoluciones de los Órganos Internacionales de Derechos Humanos, con el objeto de “adoptar leyes y políticas públicas, tanto el ámbito local como nacional, que hagan efectivas las recomendaciones y los dictámenes de los órganos de tratados de derechos humanos ratificados por el Estado Español” (Caritas, 2023, 5).

19. Adoptar una nueva Ley de Secretos Oficiales “que garantice el principio de transparencia y el acceso a información que pueda servir para prevenir o investigar abusos y violaciones de derechos humanos. Nunca las violaciones de DDHH podrán ser secretas” (Amnistía Internacional, 2023, 1).

20. Garantizar que las armas españolas no sean utilizadas para la violación de los derechos humanos, “mejorando la evaluación de riesgo de las autorizaciones de exportación, la transparencia y el control parlamentario previo” (Amnistía Internacional, 2023, 2).

21. Aprobar un Plan Nacional contra el Racismo, “en el marco de la Unión Europea, siguiendo la línea del Plan de Acción de la UE Antirracismo para 2020- 2025” (Plataforma del Tercer Sector, 2023, 6).

22. Reestructurar el modelo sanitario, para garantizar una sanidad pública y universal. Para ello se debe aumentar la inversión, potenciar el Comité Interterritorial y modificar el Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, para incluir a todas las personas que se encuentren en el territorio español independiente- mente de su situación jurídica.

23. Modificar el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, en acuerdo con todos los actores implicados, para plantear las bases de captación y retención de talento en nuestro país.

24. Potenciar la atención primaria y la salud pública, con el objetivo de impulsar la prevención y la promoción de la salud, como eje estructural del sistema sanitario.

25. Fortalecer la atención a la salud mental, velando por la implementación eficaz de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 y el Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024.

26. Reforzar el Plan Nacional contra la droga, insistiendo principalmente en la dotación de recursos, la prevención, la educación escolar y el acceso a los tratamientos.

27. Apoyar a la crianza. En particular, establecer una ayuda a la crianza de carácter universal a través de deducciones fiscales reembolsables en el IRPF; ampliar el permiso por nacimiento, acogimiento, adopción y guarda con fines de adopción a 24 semanas; asegurar un mínimo de permiso parental remunerado de cuatro meses por progenitor o progenitora (Plataforma de Infancia, 2023, 6).

28. Aprobar una Ley Orgánica de universalización de la Atención Temprana, “que garantice la atención temprana universal, gratuita, intersectorial y especializada como derecho subjetivo de todo niño o niña de 0-6 años” (Plataforma del Tercer Sector, 2023, 6).

29. Trabajar por erradicar la violencia contra la infancia, a través de: la creación de una Fiscalía y Juzgado especializado, con personas titulares especializadas, en violencia contra la infancia; y el aseguramiento de una dotación presupuestaria suficiente para el desarrollo e implementación de todos los ámbitos e instrumentos que regula la LOPIVI, para todos los niveles administrativos , y para garantizar el cumplimiento de la Estrategia de erradicación de la violencia hacia la infancia (Plataforma de Infancia, 2023, 15).

30. Seguir impulsando la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización, “poniendo el foco en la garantía de los derechos de las personas, con especial atención a las personas en situación de sinhogarismo de calle, sin vivienda, vivienda inadecuada y vivienda insegura; a las personas mayores, con discapacidad, con problemas de salud mental, niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o de desamparo y personas jóvenes ex-tuteladas y otros colectivos institucionalizados” (Plataforma del Tercer Sector, 2023, 4-5). En particular, es hora que se garantice que ningún niño o niña de 0 a 6 años esté en centros residenciales, priorizando, a su vez, el acogimiento familiar por sobre otras medidas de protección (Plataforma de Infancia, 2023, 20).

31. Plan integral de Cuidados, que considere una evaluación de la situación actual tras la aplicación de la Ley de dependencia. Promover ciudades compasivas en colaboración con los entes locales, aplicar medidas que reviertan el edadismo y mejoren la calidad de vida de nuestros mayores. El Estado debe asegurar los cuidados y el buen trato laboral de quienes cuidan (Caritas, 2023, 7).

32. Aprobar una ley estatal que armonice los derechos y garantías de cuidados paliativos en todo el Estado y vigile y sancione el cumplimiento de la equidad en el acceso a esta atención (Plataforma del Tercer Sector, 2023, 9). Se deben poner todos los medios posibles para que la vejez y la enfermedad terminal sean vividas con la mayor dignidad y sentido posible.

33. Revisar los sistemas de valoración y de otorgación de las retribuciones ligadas a discapacidades. Aplicar los mecanismos necesarios para la creación de una ventanilla única social que facilite los trámites y atienda las necesidades de las personas con funcionalidad diversa.

34. Apoyar la aplicación de la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, que nos parece un gran avance para este país, especialmente por cómo impulsa la vivienda pública y la rehabilitación y mejora de las viviendas antiguas, limita el precio del alquiler en situaciones específicas y apoya especialmente a jóvenes y colectivos más vulnerables, como las personas sin hogar. No creemos que esta ley favorezca la ocupación ilegal de viviendas.

35. Mejorar y completar esta nueva Ley, incorporando soluciones innovadoras y contrastadas con otros países europeos, como el Cohousing, la creación de nuevos modelos de vivienda pública o el aumento de la cooperación entre el sector privado y el público para garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española.

36. Velar por el cumplimiento de la nueva Ley hipotecaria en cuanto a protección de los derechos efectivos del consumidor y proponer una nueva regulación normativa que trate cuestiones como la ejecución hipotecaria, los mecanismos de tasación, subasta y adjudicación, así como la dación en pago, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.

37. Hacer seguimiento a la aplicación del Acuerdo Marco para dar solución al sinhogarismo, promovido por la Estrategia nacional para la lucha contra el sinhogarismo en España 2023-2030. Se deben dotar de presupuestos y las herramientas necesarias para su desarrollo y poner especial énfasis en: trabajo con familias para prevenir la pérdida de la vivienda; formación de funcionarios para una atención personalizada y digna a las personas sin hogar; implementación de servicios de atención de urgencia.

38. Apoyar la erradicación del chabolismo y las infraviviendas, a través de un fondo estatal que dote de recursos a las CC.AA. para garantizar una intervención social integral, que incluya acompañamiento a las familias sostenido en el tiempo y cuidando de ayudar a potenciar el capital social de estas y su mejor integración social y urbana.

39. Potenciar políticas de inserción laboral que lleve a las empresas a contratar a personas reclusas que salgan de prisión para que puedan tener una reinserción real.

40. Aumentar los medios y los profesionales de las cárceles, para hacer de ésta un lugar de reinserción tal y como está recogido en el reglamento penitenciario.

41. Hacer efectivo en todos los centros penitenciarios el acceso a los medios digitales, con las debidas restricciones. Dicho acceso hoy es necesario para la formación de la población penitenciaria y su reinserción laboral y social. Hasta ahora existe un permiso que está supeditado a las posibilidades materiales y técnicas de cada centro.

42. Realizar un acuerdo educativo que se materialice en una ley educativa consensuada, que genere estabilidad al sistema y se focalice en el interés superior de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Resulta fundamental la participación de los distintos actores y que pueda desarrollarse con independencia de los ciclos políticos. El acuerdo debe incluir competencias, capacidades y aprendizajes mínimos que deben trabajarse con los NNA.

43. Dentro de ese amplio pacto educativo, apoyamos: el derecho de todo NNA a recibir una educación afectivo sexual acorde a su etapa de desarrollo y necesidades; una educación obligatoria en derechos humanos, para la ciudadanía democrática y la paz, sensible al cuidado del medioambiente y las injusticias sociales y la introducción de la perspectiva de género de forma transversal para disminuir las violencias y construir una sociedad más igualitaria. Las familias tienen la responsabilidad de coeducar y el derecho a participar de estos acuerdos, al igual que la comunidad educativa y el Estado. Este último tiene, a su vez, el deber de acordar y asegurar ciertos mínimos educativos.

44. Apoyar con firmeza el fortalecimiento de una educación pública gratuita y de calidad. Hoy la gran mayoría de los NNA en España son educados en centros públicos y con una proporción bastante mayor de NNA en situación socioeconómica baja. Es responsabilidad del Estado garantizar a través de los centros públicos, espacios de educación cualificados, inclusivos, y que toda familia que quiera optar por ellos encuentre allí un lugar para el cuidado y desarrollo de sus hijos e hijas.

45. Apoyar la coexistencia de la educación pública y privada (concertada y no concertada) garantizando calidad e inclusión. En particular, respecto de la educación concertada, apreciando su aportación social, defendemos que esta no deba cobrar a los padres por la educación que imparte, entre otras razones, para que el dinero no pueda ser nunca un motivo de selección del alumnado de unos niños/niñas y otros no. Cumpliendo este requisito, apoyamos aumentar la financiación pública, reduciendo la brecha de financiación existente hoy respecto de los colegios públicos.

46. Universalizar la educación de 0-3 años de calidad, “garantizando el acceso a los niños y niñas en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, así como a aquellos con discapacidad, mediante becas y tarificación social, y priorizando la equidad en los criterios de acceso” (Plataforma de Infancia, 2023, 11).

47. Desarrollo de un plan estatal de educación inclusiva, “para asegurar el derecho a la educación del alumnado con discapacidad desde la presencia, el progreso, la participación y la convivencia en la comunidad educativa” (Plena Inclusión, 2023, 3).

48. Revisar a fondo el plan de formación del profesorado y el sistema de acceso a la profesión. Es necesario garantizar una dilatada formación práctica, una evaluación rigurosa de las capacidades pedagógicas y una evaluación psicológica de los aspirantes.

49. Desarrollar la normativa de la nueva Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, aportando los recursos presupuestarios necesarios para convertir esta vía formativa en una alternativa real y sin prejuicio social. La capacidad de transformación económica y social de la Formación Profesional para el país depende de la asignación de recursos para garantizar la imbricación de centros formativos, profesionales, ciudadanos, servicios de información y empresas.

50. Promover y fortalecer la formación profesional dual como una alternativa de calidad para la educación y el empleo en España. Reconocemos la importancia de esta formación para aproximar a los jóvenes a las necesidades reales del mercado laboral, y por ello proponemos establecer incentivos fiscales para las empresas que participen en programas de formación profesional dual, en colaboración con los centros educativos. Asimismo, apostamos por incrementar las becas y ayudas para estudiantes de formación profesional dual con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a este tipo de formación.

51. Trabajar por una enseñanza universitaria pública, gratuita y de calidad, que se convierta en un referente europeo. Donde se incentive la excelencia y la retención del talento. Con una oferta formativa acorde a las necesidades de la sociedad y con medidas que faciliten la contratación del profesorado y la equiparación de sus condiciones laborales al de otras universidades europeas.

52. Dotar al Estado de una Ley de Cultura que desarrolle el derecho a la cultura, el cuidado del patrimonio y la creación cultural. Regulando aspectos tan fundamentales como la participación de la ciudadanía en la vida cultural, la libertad de creación, la diversidad cultural, la financiación pública y privada o la competencia transversal de la cultura.

53. Proveer canales de comunicación cultural entre el Estado y las CCAA, potenciando un estilo de gestión que entiende a la ciudadanía como generadora de cultura.

54. Implantar una Renta Básica Universal e incondicional en un periodo de tres años que, de modo gradual y acorde a las posibilidades del Estado, se vaya haciendo cargo de la disminución de la necesidad de empleo por el proceso de automatización de la economía. Los beneficios económicos de este proceso deben ser distribuidos a las personas, reconociéndose un derecho de propiedad básico que, a su vez, facilita una vida más plena.

55. Reducir la jornada laboral a 35 horas. También en coherencia con el proceso paulatino de automatización de la economía, apoyamos la reducción gradual de la jornada laboral en los próximos años para favorecer una mayor oferta de puestos de trabajo y la disponibilidad de mayor tiempo para el cuidado.

56. Potenciar la Agencia Española de Empleo en su rol de coordinador y planificador de las políticas de empleo, de tal modo de garantizar: empleabilidad adecuada a la situación personal y familiar de la persona; accesibilidad a la cartera de servicios, sin excluir a las personas que tienen carencia de medios y/o conocimientos digitales; programas formativos, acompañadas de acciones socioeducativas, con foco en personas más excluidas; desarrollo de mercados de trabajo en poblaciones más despobladas; diálogo con entidades del tercer sector especializadas (Caritas, 2023, 9).

57. Blindar las pensiones a través de una reforma constitucional, reconociéndose como un derecho fundamental. En ella debiera quedar prohibida la privatización de las pensiones públicas y la degradación de su poder adquisitivo. Como M+J, formamos parte, desde su creación, de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP).

58. Aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de las personas migrantes en España.

59. Subordinar los medios de coacción en las fronteras a los derechos humanos. El derecho al asilo, los Derechos del Niño, el derecho al rescate en alta mar, y el respeto la dignidad e integridad física de las personas, deben estar por encima del derecho de los Estados a gestionar la frontera. Rechazamos los medios que actualmente siguen violando estos derechos.

60. Proteger los derechos de los niños y niñas migrantes no acompañados, garantizando la reforma del procedimiento de determinación de la edad, incorporando los Dictámenes del Comité de los Derechos del Niño y la jurisprudencia del Tribunal Supremo; dando continuidad al Plan de respuesta ante crisis migratorias para menores de edad migrantes 2022-2023 con el reparto de menores de edad bajo el enfoque de derechos de infancia; poniendo fin a las llamadas “devoluciones en caliente”; garantizando que el procedimiento de asilo y el sistema de acogida estén adaptados a la infancia; y aprobando la Ley integral contra la Trata, entre otras medidas (Plataforma de Infancia, 2023, 18).

61. Eliminar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), por las condiciones carcelarias a las que se somete a la población migrante.

62. Extender el derecho al asilo a personas que huyen de crisis humanitarias producidas por causas sanitarias, de hambre o carencia de servicios básicos.

63. Aumentar recursos, eficacia y foco en derechos del trabajo consular, especialmente en los países subsaharianos, para dar más facilidades a personas que deseen migrar de forma regular.

64. Establecer vías seguras de migración para evitar las más de mil muertes de jóvenes, mujeres y niños africanos en el Mediterráneo. Temporalmente, y hasta que se garanticen las vías seguras, permitir a las ONGs que salvan vidas en el Mediterráneo salir al mar.

65. Promover una legislación de extranjería que también vele por los derechos humanos de las personas que deseen residir aquí y no solo por los derechos de las personas que residen en España y las necesidades económicas.

66. Reconocer la ciudadanía y defender los derechos sociales, políticos y culturales de las personas migrantes: apoyo al derecho a la salud, la educación y la vivienda; políticas de integración social, acompañamiento e inserción laboral; políticas de valoración y reconocimiento de la riqueza de la diversidad cultural y humana que aporta la migración; políticas de educación, concienciación y lucha contra los discursos xenófobos y aporofóbicos; impulso de su participación política.

67. Promover y defender la igualdad de género y la necesaria política que la resguarde, buscando formas de protección contra la violencia y la exclusión que se manifiesta en la vida política, económica, religiosa y sexual.

68. Abolir la prostitución, entendiéndola como una forma de explotación laboral y sexual. Junto a ello, se debe cuidar que esas personas no queden más desprotegidas y facilitar alternativas de trabajo digno.

69. Combatir la trata de personas, en especial a las mujeres víctimas de ella, con más y mejores recursos, coordinando las acciones de los diferentes actores implicados en la prevención, persecución del delito y la restauración de su dignidad.

70. Diseñar políticas públicas de lucha contra la violencia de género “que tengan en cuenta el conocimiento y la experiencia del Tercer Sector y resalten el papel que la acción voluntaria como ejercicio de implicación y participación ciudadana en la lucha contra este tipo de violencia” (Plataforma del Tercer Sector, 2023, 10).

71. Aprobar un instrumento legal que permita, en materia de violencia de género, prestar un apoyo “más sólido, estable y prolongado en el tiempo” para los huérfanos y huérfanas como consecuencia de esta violencia (Plataforma del Tercer Sector, 2023, 10).

72. Mantener la prohibición de la llamada “gestación subrogada” en España, al creer que es una práctica que, en su inmensa mayoría de casos, está posibilitada por situaciones de vulnerabilidad y pobreza de la mujer y termina siendo otra forma de explotación.

73. Regular, de forma positiva, aquellas situaciones que conlleven una feminización de la pobreza, atendiendo especialmente a las situaciones de vulnerabilidad (como la pobreza menstrual), precariedad laboral (como la situación de las trabajadoras informales de cuidados) y riesgo de exclusión social (como el colectivo de mujeres gitanas o migrantes). Revirtiendo especialmente la brecha salarial.

74. Promover las mejores políticas de prevención del embarazo no deseado: políticas de educación afectivo-sexual, de prevención de la violencia de género, apoyo a la mujer embarazada, a la paternidad y a la crianza.

75. Garantizar el apoyo integral a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y con dudas si continuar o no su embarazo, ofreciendo asesoría legal e información sobre los distintos derechos, prestaciones y programas que ofrece el Estado. En particular, establecer y garantizar por ley, el derecho de las mujeres a recibir un apoyo psicológico previo y posterior a la decisión de abortar.

76. Proteger los derechos de las personas LGTBIQ+. Celebramos los avances alcanzados en las últimas décadas en España y somos conscientes que estos no están totalmente garantizados.

77. Apoyar que en los centros educativos se acuerde incluir el respeto a la diversidad sexual y de género, como parte de la educación afectivo-sexual y adecuándose al proceso de desarrollo del niño, niña o adolescente.

78. Apoyar a jóvenes estudiantes que tienen que trabajar para pagar sus estudios, a través de fondos estatales y autonómicos para aquellos que no reciban ningún tipo de apoyo y hayan cotizado un mes en el último año.

79. Simplificar los requisitos de acceso a becas y ayudas a estudiantes contemplando la emergencia del alquiler de habitaciones. La realidad es que muchos jóvenes no cambian su nuevo padrón y tienen dificultades por miedo a perder becas y ayudas.

80. Equilibrar y atender la demanda de becas que fomenten en el extranjero, prácticas en empresas. Nuestros jóvenes se quejan de la enorme diferencia de oferta que existe entre una Comunidad Autónoma y otra.

81. Aprobar medidas que incentiven el empleo juvenil. España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo juvenil: casi 1 de cada 3 menores de 25 años está en esta situación.

82. Apoyar medidas específicas que cuiden la salud mental de los jóvenes. En particular, en el marco del Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024, impulsar políticas que protejan de malos tratos, conductas abusivas y discriminatorias, adicciones y suicidio; y garanticen una oferta de atención psicológica y psiquiá- trica acorde a la dimensión de la problemática actual.

83. Seguimiento a la aplicación en las CC.AA. de la nueva Ley de vivienda, garantizando una dotación de recursos suficientes para apoyar el derecho a la vivienda de los jóvenes.

84. Suscribir un Pacto de Estado de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, cuyo objetivo sea la reducción de la tasa de personas que se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión, los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de pobreza infantil y la desigualdad. En este pacto, es importante la participación de los distintos actores, incluyendo las ONGD especializadas en este trabajo (Plataforma del Tercer Sector, 2023, 7).

85. Aprobar una Ley de Servicios Sociales, “que regule las condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales mediante la definición de un suelo mínimo común de atención en todo el territorio y un sistema común de información” (Plataforma del Tercer Sector, 2023, 7). La competencia exclusiva en materia de servicios sociales asumida las CCAA “ha propiciado que actualmente coexistan en el conjunto del territorio español una diversidad de leyes que generan importantes diferencias en la oferta de prestaciones y servicios” (Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales et al, 2023, 4).

86. Mejorar la implantación y el alcance del Ingreso Mínimo Vital, incrementando su cobertura y cuantía. Se propone modificar la ley “reduciendo la unidad de convivencia y flexibilizando los requisitos para su solicitud y mantenimiento, así como igualar el umbral de acceso al Ingreso Mínimo Vital al de pobreza moderada y garantizar que alcanza a los niños y las niñas más vulnerable” (Plataforma del Tercer Sector, 2023, 7).

87. Luchar contra la pobreza infantil, garantizando acceso al comedor escolar a todos los niños y las niñas en situación de pobreza, garantizando el acceso al Ingreso Mínimo Vital a la infancia y adolescencia más vulnerable, incrementando medidas que garanticen el derecho de NNA a una vivienda digna, entre otras medidas (Plataforma de Infancia, 2023, 8).

88. Garantizar el derecho a la energía como un derecho social y erradicar la pobreza energética. Por ello apoyamos que el Estado pueda intervenir en la fijación o regulación de su precio y también en un uso eficiente de los recursos con el objeto de conseguir un reparto más igualitario. Con el fin de acabar con la pobreza energética es necesario reforzar la estrategia nacional con más medidas sociales, de eficiencia energética y de intervención del mercado.

89. Garantizar el acceso a la cultura a colectivos frecuentemente olvidados. Necesitamos invertir en iniciativas artísticas y culturales que fomenten la inclusión de personas en situación o riesgo de exclusión social, personas con diversidad funcional, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, personas enfermas y personas mayores, entre otras. El arte y la cultura son poderosos factores de corrección de la desigualdad.

90. Apoyar el crecimiento y la financiación del trabajo autónomo y las pequeñas empresas; creando líneas de avales financieros para inversión y circulante; reforzando el asesoramiento a emprendedores; apoyando especialmente a los que inician su actividad en el medio rural.

91. Emprender una reforma fiscal adaptada al marco europeo, que tienda a equiparar la fiscalidad del autónomo con la de la empresa. El tipo impositivo real de las empresas españolas (13%, según UPTA, 2023) es notablemente inferior al de las personas que trabajan de forma autónoma (20%).

92. Implementar y complementar el nuevo sistema de cotización por tramos adaptado a los ingresos reales, estableciendo bonificaciones adicionales para los autónomos que perciban menos ingresos, que sean jóvenes o realicen su primera contratación (ATA, 2023).

93. Integrar las lagunas de cotización en RETA con las mismas condiciones que se aplican en el Régimen General, evitando los agravios comparativos a la hora de calcular la base reguladora de la pensión de jubilación.

94. Eliminar duplicidad de cotizaciones a la Seguridad Social como las derivadas de la pluriactividad. Actualmente se benefician de la devolución del 50% de su exceso de cotización aquellos que superan los 13.822,06 euros anuales de cuotas satisfechas. Es decir, se devuelve a quienes más tienen. Por otro lado, los días en pluriactividad no computan doble en la vida laboral, pero sí se pagan a la Seguridad Social de forma duplicada.

95. Disponer de un máximo de un mes para el pago por parte de las administraciones públicas a los servicios realizados por autónomos, estableciendo sanciones en caso de incumplimiento.

96. En general, mejorar la eficiencia de la Administración en la tramitación de licencias, pagos, etc., estableciendo una mayor simetría entre las obligaciones, sanciones y plazos que se exigen a autónomos y empresarios, y los que se otorga la Administración en el ejercicio de sus competencias.

97. Aumentar considerablemente los recursos del Ministerio de Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal y mejorar la equidad del sistema tributario, revirtiendo el proceso de disminución de impuesto de sociedades. En particular, apoyamos el incremento de la carga fiscal a las llamadas Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAVs).

98. Luchar contra los paraísos fiscales y la competencia entre países en disminuir el impuesto de sociedades para atraer el dinero, aplicando la misma carga de impuestos a los rendimientos de capital generados en España que a los rendimientos de capital generados fuera de España. De manera que cuando se repatrian los beneficios a España se paga la diferencia entre el impuesto de sociedades en el extranjero y el impuesto de sociedades en España.

99. Quitar de la circulación billetes superiores a 100€ para ayudar a evitar grandes transacciones del mercado negro vinculadas a actividades delictivas como droga, prostitución, armamento y corrupción, que se blanquean comprando arte, antigüedades, lujo e inmuebles.

100. Registro central útil y transparente de titulares reales, para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos económicos. España se encuentra “en una situación de retraso en la materia que favorece la generación de estructuras corporativas opacas y empresas fantasma” (Transparency International España, 2022, 1).

101. Mejorar la coordinación del Estado y aumentar la solidaridad territorial. Necesitamos más y mejor articulación de los servicios públicos y sociales de las comunidades autónomas, a la vez que una mayor solidaridad entre territorios.

102. Cuidar de los recursos públicos, a través de un Estado social más eficaz, donde se actúe con más firmeza en contra de la corrupción y el despilfarro.

103. Potenciar el protagonismo de la sociedad civil organizada. Como partido apoyamos fuertemente el rol de ONG, asociaciones, movimientos, iglesias, etc., en su rol por educar, visibilizar y concienciar a la sociedad sobre distintas realidades, además de defender derechos y ayudar a responder a necesidades allí donde el Estado no suele llegar.

104. Reconocer e implicar al Tercer Sector como portavoz ante los órganos institucionales “en todos los niveles de las Administraciones Públicas (estatal, autonómico y municipal)” (Plataforma del Tercer Sector, 2023, 11).

105. Reconocer e incluir al Tercer Sector en el Comité Económico y Social de España (CES) y en el Comité Económico y Social Europeo (CESE) (Plataforma del Tercer Sector, 2023, 12).

106. Desarrollo de una Estrategia Estatal de Voluntariado “que impulse el voluntariado en toda la sociedad y que establezca las alianzas y agentes necesarios para este impulso” (Plataforma del Tercer Sector, 2023, 12).

107. Implantar un marco para la financiación del Tercer Sector, “que sea estable, suficiente, garantizado, previsible y robusto y para todos los tipos de entidades sociales de ámbito estatal y de reconocida utilidad social” (Plataforma del Tercer Sector, 2023, 13).

Por último, nos comprometemos a esta serie de medidas y acciones para buscar impulsar una Economía con propósito social, que sirva a las personas y cuide el planeta, y una política exterior que promueva con fuerza la justicia y la paz mundial.

108. Ayudar a que crezca el protagonismo de empresas y cooperativas responsables socialmente, que no solo aspiren a tener los mejores resultados posibles, sino que estén comprometidos honestamente con el bienestar social y ecológico. En este sentido, apoyamos la nueva Ley Integral de Economía Social y la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027 y trabajaremos por su desarrollo e implementación.

109. Facilitar la participación laboral de personas en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social siguiendo unos itinerarios que promuevan su transición de empresas de inserción al mercado de empleo ordinario.

110. Favorecer las empresas de economía social en la contratación pública.

111. Impulsar la Economía Circular y de cercanía entre los distintos sectores, fomentando una cultura empresarial, orientada a los ODS, innovadora y socialmente responsable.

112. Apoyar el rol del Estado en investigación, ciencia, innovación y diseño de estrategias de largo plazo. Es responsabilidad del Estado velar por el bien común, también en vistas del futuro económico. Apoyamos agendas que, consensuadas con los distintos actores, puedan ayudar a responder a los desafíos económicos a medio y largo plazo, así como a cuidar de la provisión de bienes y servicios que son estratégicos y donde estén involucrados los derechos sociales.

113. Incrementar la inversión en ciencia e innovación hasta llegar al 3% del PIB para que se equipare al de otros países europeos. La ciencia ha de ser el motor de la economía y el único camino a construir un planeta sostenible. Apostamos por un gran pacto de estado por la ciencia, que refuerce los programas de atracción de talento y que dote a la Agencia Estatal de Investigación de las competencias necesarias para establecer estrategias y proyectos a largo plazo.

114. Apoyar la transición ecológica, que permita, como máximo en tres décadas, eliminar todas aquellas fuentes de energía que utilizan combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas). Para ello apostamos por un Estado que regule la generación de la energía, incentivando mejoras e inversiones ecológicas, y que apoye la implantación de soluciones locales de autoconsumo.

115. Incentivar un consumo responsable y sostenible. La crisis energética y el cambio climático son problemas de la humanidad, que no sólo pueden solucionarse con políticas gubernamentales, sino que requieren la implicación de todas las personas.

116. Cuidar del mundo rural, apoyando la inversión en servicios públicos, el incentivo a familias para el repoblamiento de zonas vaciadas y la inversión en una economía agraria justa, innovadora y ecológicamente responsable. En este sentido, apoyamos que junto al apoyo estatal a la inversión tecnológica, se desincentive la importación de productos agrícolas que proceden de economías que no cumplen con estándares mínimos de derechos laborales y sostenibilidad ecológica. También defendemos que la promoción de la cultura es un elemento indispensable para la regeneración del mundo rural.

117. Proteger a los animales del maltrato. Apoyamos una regulación más estricta frente a la experimentación de productos cosméticos en animales y el uso de animales para espectáculos circenses y fiestas populares. Además, apoyamos la prohibición del hacinamiento de animales para fines de mayor eficiencia productiva.

118. Proteger reservas de biodiversidad y lograr acuerdos nacionales de desarrollo humano sostenible, frente a intereses económicos cortoplacistas. Situaciones como las que se han vivido en el Mar Menor o ahora mismo en el Parque Doñana requieren acuerdos más amplios, en el nivel del Estado que, junto con hacerse cargo de las necesidades del mundo rural, no pongan en riesgo reservas únicas de vida en el mundo.

119. Aportar a la paz mundial y la defensa de los derechos humanos, desde la pertenencia e incidencia de España en la Unión Europea y también desde sus relaciones políticas y comerciales. Los objetivos de política interna de España, al igual que la búsqueda de beneficios económicos, no pueden ir en contra de la desestabilización de otros países, de la guerra, la pobreza o la opresión de otros; sino por el contrario: deben ser éticos y estratégicos, buscando apoyar procesos de paz, de desarrollo humano y de respeto de los derechos humanos.

120. Apoyar una reforma fiscal internacional donde las empresas multinacionales paguen más impuestos y lo hagan donde operan y obtienen beneficios, aplicando una tasa mínima global del 25% (actualmente hay un acuerdo entre los países de la OCDE que la fija en un 15%), abarcando a un número significativo de empresas y con un complemento de soluciones nacionales para la recaudación de actividades digitales (Oxfam, 2021). Los ingresos del impuesto internacional deben ser repartidos de manera equitativa con los países en desarrollo.

121. Trabajar por el cumplimiento de los acuerdos para frenar el calentamiento global y la contaminación de las aguas, el suelo y el aire. Apoyamos los acuerdos globales en la materia y creemos que España debe influir para que se avance más rápido y el sacrificio principal lo asuman los países y las personas más ricas del planeta, en coherencia con su grado de responsabilidad en la crisis actual.

122. Desarrollar una Política de acción exterior alineada con la Agenda 2030 que oriente las políticas públicas, presupuestos y el desarrollo del VI Plan Director de la Cooperación Española, teniendo en cuenta la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (La Coordinadora, 2023).

123. Impulsar la ejecución y el desarrollo reglamentario de la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, donde se da rango legal al compromiso de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a Ayuda Oficial al Desarrollo en 2030 y, dentro de ella, un 10% a ayuda humanitaria. El VI Plan Director de la Cooperación Española debe estar a la altura de los nuevos desafíos que exige el acuerdo.

124. Fortalecer la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como institución especializada y articuladora de la polí- tica de cooperación con más capacidades humanas y presupuestarias, acorde a los retos de la nueva Ley de Cooperación. Su presupuesto debe alcanzar, al menos, los 2.000 millones de euros, recuperando el peso que tuvo antes de 2010 (La Coordinadora, 2023).

125. Desarrollar el Marco de Relación entre la Administración General del Estado y las ONG de Desarrollo aprobado recientemente, consolidando una relación preferente con éstas; dotando mayores recursos a las mismas y reconociendo el papel clave de las personas voluntarias y cooperantes en la acción exterior (La Coordinadora, 2023).

Este programa electoral es principalmente fruto del trabajo de la militancia, afiliación y colaboradores de M+J que, reunidos en diversos equipos de trabajo o en espacios de conversación abiertos, estos últimos cuatro años han estado reflexionando, deliberando y decidiendo posicionamientos políticos e ideológicos.

Particularmente inspirador ha sido el escuchar a la gente común, tanto en la calle, como en los espacios de reflexión y diálogo más formal en foros y encuentros. Las campañas por la ILP y las últimas elecciones han ayudado a ello.

Por último, un importante grupo de medidas (30) que el partido apoya y las hace parte de su programa de 125 medidas, provienen de propuestas de diversas organizaciones y plataformas de la sociedad civil. Las fuentes de estas medidas están citadas entre paréntesis cuando el texto de las medidas que anunciamos está extraído o basado directamente en ellas. A continuación una lista de las fuentes recogidas:

AMNISTÍA INTERNACIONAL. (2023). Elecciones generales 2023: prioridades de Amnistía Internacional para los partidos políticos [en línea]. Recuperado de: https://www.es.amnesty.org/fileadmin/user_upload/Prioridades_Amnistia_Internacional_ELECCIONES_GENERALES_2023.pdf

ATA. (2023). Propuestas ATA: lo que piden los autónomos al nuevo gobierno [en línea]. Recuperado de: https://ata.es/wp-content/uploads/2023/06/PROPUESTAS-ATA-2023-.pdf

CÁRITAS. (2023). Propuestas de Cáritas ante las elecciones generales 2023 [en línea]. Recuperado de: https://www.caritas.es/main-files/uploads/2023/06/Propuestas-Politicas-20230531-1.pdf

CONSEJO GENERAL DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES, CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL Y CONSEJO GENERAL DE LAPSICOLOGÍA DE ESPAÑA. (2023). Propuestas programas electorales elecciones generales 2023 [en línea]. Recuperado de: https://www.consejoeducacionsocial.net/wp-content/uploads/2023/06/Propuestas-Consejos-Generales-Elecciones-23J.pdf

LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO. (2023). Es hora de cooperar. Una ley de consenso por desarrollar [en línea]. Recuperado de: https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2023/06/Elecciones-generales-2023-DEF.pdf

OXFAM. (2021, 2 DE JULIO). Los países de la OCDE acuerdan una reforma fiscal internacional lejos de ser histórica [Comunicado de prensa]. https://www.oxfamintermon.org/es/nota-de-prensa/pa%C3%ADses-ocde-acuerdan-reforma-fiscal-internacional-lejos-hist%C3%B3rica

PLATAFORMA DE INFANCIA. (2023). Propuestas de infancia para programas electorales Elecciones Generales 2023 [en línea]. Recuperado de: https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2023/06/Propuestas-de-Infancia-para-Programas-Electorales_2023_v2.pdf

PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR. (2023). Propuestas del tercer sector para las elecciones generales de julio de 2023 [en línea]. Recuperado de http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/Propuestas%20Elecciones%20Generales%202023_PTS.pdf

PLENA INCLUSIÓN. (2023). Propuestas de Plena Inclusión para las Elecciones Generales 2023 [en línea]. Recuperado de https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2023/06/Propuestas-elecciones-generales-2023.pdf

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA. (2022, 27 DE SEPTIEMBRE). Los expertos insisten en la importancia de un registro central útil y transparente de titulares reales para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos económicos [Comunicado de prensa]. https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2022/09/2022_09_27_NOTA-DE-PRENSA-EVENTO-BOT.pdf

UPTA. (2023). UPTA pide cambios urgentes en la fiscalidad del trabajo autónomo. [Comunicado de prensa]. https://upta.es/https-upta-es-wp-content-uploads-2023-06-nota-de-prensa-230628-docx/

El partido Por Un Mundo Más Justo es miembro de la Comisión Promotora de esenciales.info que impulsa la recogida de 500.000 firmas desde el 23-12-201 hasta 23-12-2022 para lograr que se debata en el Congreso y se apruebe una Regularización Extraordinaria de personas extranjeras en España. La plataforma en la que se coordina toda la recogida de firmas es Wikizens.com .