Desde el partido Por Un Mundo Más Justo nos hacemos eco del posicionamiento publicado por Primavera Europea en relación con la crisis de Nicaragua.

El Parlamento Europeo,

–  Visto el informe de la misión realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Nicaragua del 17 al 21 de mayo de 2018,

–  Vista la declaración de la portavoz de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante, Federica Mogherini, en nombre de la Unión, sobre el establecimiento de un diálogo nacional en Nicaragua, de 15 de mayo de 2018,

–  Vistos los informes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), de 4 de mayo de 2018 y 17 de mayo de 2018,

–  Vistos los comunicados de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN),

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Nicaragua,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

  1.  Considerando que el 18 de abril de 2018 comenzó una ola de protestas a la que las fuerzas policiales armadas respondieron con una represión sin precedentes, también en el caso de la organización nacional de derechos humanos (CENIDH) y sus miembros;
  2.  Considerando que los manifestantes se oponían en un principio a las reformas de la seguridad social proyectadas, que preveían un impuesto del 5 % sobre las pensiones de jubilación y discapacidad, así como un importante aumento de las cotizaciones sociales; que las protestas se ampliaron después al rechazo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, tachados de autocráticos;
  3.  Considerando que entretanto se ha retirado la propuesta de reforma de la seguridad social que era el objeto principal de las protestas;
  4.  Considerando que otras fuentes de descontento y conflicto declarado son el significativo aumento de las actividades extractivas destinadas a la exportación en los sectores minero, de la caña de azúcar y del aceite de palma, así como de las explotaciones ganaderas; el proyecto de canal interoceánico, que ha provocado reubicaciones y daños medioambientales graves e irreversibles; y la continua represión de las protestas contra dichas actividades;
  5.  Considerando que prosiguen las manifestaciones contra el régimen Ortega-Murillo que empezaron en abril; que el número de muertos por disparos asciende ya a más de 70 personas, en su mayor parte, aunque no todas, jóvenes, que ha habido unos 900 heridos y que, al parecer, han desaparecido aproximadamente 60 hombres y mujeres;
  6.  Considerando que la clausura de cadenas de radio y televisión que cubrían las protestas y el bloqueo de medios de comunicación en internet infringen los derechos fundamentales, incluido el derecho a la información, y contribuyen además a ahondar la brecha entre quienes ostentan el poder y la población de Nicaragua; que el asesinato del reportero Ángel Gahona durante una retransmisión en directo debe esclarecerse íntegramente y ser objeto de una acción judicial;
  7.  Considerando que se ha creado una Comisión de la Verdad parcial, pero que ha sido suspendida en varias ocasiones;
  8.  Condena el uso desproporcionado de las fuerzas policiales y antidisturbios contra los manifestantes; insta al Gobierno a que ponga fin de inmediato a la represión, evite nuevos enfrentamientos y garantice el derecho a la protesta social pacífica;
  9.  Expresa sus condolencias a las familias y amigos de las víctimas; condena todas las muertes y detenciones arbitrarias y todos los casos de torturas, intimidaciones y desapariciones, y pide que se lleve a cabo una investigación completa, transparente e independiente de estos casos con el fin de exigir responsabilidades a los autores materiales e intelectuales de esos actos;
  10.  Propone, a este fin, la creación de una comisión de la verdad independiente en la que participen organizaciones internacionales, con objeto de impedir que ninguno de esos casos quede impune;
  11.  Celebra que el Gobierno nicaragüense haya aceptado el reciente informe del CIDH, y confía en que se apliquen todas las recomendaciones que contiene, incluidas las medidas de protección para las catorce personas que el CIDH menciona explícitamente;
  12.  Insiste en la necesidad de respetar la libertad de opinión y expresión, así como la libertad de reunión, y expresa su solidaridad con las exigencias legítimas de los manifestantes pacíficos, cuya vida, integridad y seguridad debe estar garantizada;
  13.  Destaca la necesidad de hallar una solución negociada para la crisis que ha estallado recientemente en Nicaragua, y solicita, por tanto, que se instaure un diálogo incluyente en el que deben participar, además del Gobierno, los empresarios y la Iglesia católica, todos los sectores pertinentes, como organizaciones de estudiantes, sindicatos, organizaciones de mujeres, organizaciones y redes medioambientales, y los defensores de los derechos humanos;
  14.  Lamenta la interrupción actual de las conversaciones de mediación, y solicita la reanudación de esas conversaciones con una base social más amplia con el fin de encontrar una solución política sostenible para el país;
  15.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización de los Estados Americanos, al Parlamento Centroamericano, y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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