Ante la cesión de la política migratoria a Cataluña. M+J se pronuncia.

En el pleno parlamentario celebrado el 10 de enero, el Gobierno central consiguió sacar adelante dos de los tres decretos que presentó gracias, entre otros apoyos, a la abstención de Junts per Catalunya. Tal como se ha publicado en muchos medios, parece que la formación catalana puso como condición la cesión de las competencias en materia de inmigración a Cataluña,  sobre todo lo referido a que la Generalitat tenga la capacidad de expulsar a inmigrantes reincidentes en delitos, controlar los flujos migratorios o gestionar los permisos de residencia. A los dos días, el gobierno del País Vasco solicitó al gobierno central las mismas competencias en inmigración.

Todo esto ha sido recibido con rechazo por parte de la opinión pública y  la ciudadanía española, produciéndose un debate generalizado y, de modo particular, una reacción mayoritariamente adversa por parte de todas las llamadas fuerzas progresistas.

En el artículo 150.2 de la Constitución podemos leer:

El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

Por lo que, más allá de estar de acuerdo o no con ello, el Estado tiene en última instancia la potestad sobre las líneas maestras a seguir en materia de migración, que podrá transferir o no a las Comunidades.

Sin embargo, al mismo tiempo, en el número inmediatamente anterior de nuestra Carta Magna (art 149.1.1.2) se considera la “Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo” como competencias exclusivas del estado. 

Así pues, son diversas las interpretaciones que caben.

Por otra parte, resulta obvio que Junts quiere aprovechar la coyuntura favorable que tiene y su capacidad para presionar sobre el Gobierno de España.

En ese sentido, parecería que la formación catalana tiene la necesidad de incluir estas cuestiones en los pactos con el Gobierno debido, en gran medida,  a la presión ejercida por muchos de sus alcaldes, que alegan un aumento de conflictos e inseguridad como consecuencia del alto número de extranjeros en sus poblaciones. Además, los sectores  más “radicales” de dicho partido, ven que el resto de la derecha en Cataluña les puede estar restando votos por su mayor dureza en las posturas relacionadas con la inmigración.

Con todo, el Ejecutivo aún no ha dado detalles de lo que puede ofrecer a Junts. Declaran inconstitucionales las peticiones exigidas, aludiendo a que la normas sobre inmigración son competencia de la Administración central -sin olvidar que también hay competencias que dependen de la Unión Europea-; pero al mismo tiempo parece que están estudiando la posibilidad de ceder, a través de una ley, competencias de carácter administrativo y de distribución de recursos, como ya existe en Euskadi, para facilitar la acogida y acompañamiento de personas.

Entendemos que, para el nacionalismo, la cuestión migratoria es fundamental, pues la potestad y control sobre los movimientos de las personas se parecen mucho a la creación de fronteras, con lo que así acentuarían su diferenciación con el resto del Estado. De hecho, en cierta medida la propuesta de Junts, de hacerse realidad, supondría la creación de una nueva frontera, y pondría en riesgo la movilidad de las personas migrantes en nuestro país, a quienes, ya vulnerables de por sí, se les añadiría un nuevo obstáculo. Y así, según la comunidad territorial, podrían tener estancia “ilegal” en unas y “legal” en otras. A lo que habría que añadirle la ya dificultosa negociación a nivel de la Unión Europea, que ha derivado en retrocesos de derechos para estas personas.

Como bien sabemos, que sea el Estado el que gestione las fronteras no asegura que lo haga con justicia o acierto, pero sí propicia, al menos, la solidaridad y la homogeneidad entre territorios.

Pues bien, ante esta situación se hace imprescindible que M+J nos pronunciemos. Y, así:

• Por todo ello, consideramos que, las competencias en materias fundamentales relacionadas con la gestión migratoria y del asilo, tales como  el control de los flujos migratorios, la gestión de los permisos de residencia o la expulsión de reincidentes, debe de seguir en manos del Gobierno central. Por lo que consideramos, que en ningún caso, procede atender la petición hecha pública por Junts de asumir funciones que no son suyas. La Generalitat ya tiene competencias en su Estatut de Catalunya (Art.138) en materia de primera acogida, integración social y económica, y tramitación y resolución de permisos de trabajo. Todo ello sin contravenir los dictados de Extranjería;
• Denunciamos que los partidos políticos utilicen la realidad migratoria en España, con más de un 15% de población inmigrante, como mercadeo político, y no se dediquen a la resolución de muchos de los problemas derivados – en gran número de carácter humanitario-; estos problemas necesitan diálogo y unidad de criterios para conseguir la igualdad en todo el territorio, y aspirar así, a una mejor convivencia y cohesión social entre todos sus habitantes;
• Pedimos que, dada la sensibilidad del tema, y para entender a las personas que viven en esta situación, se trate la cuestión con empatía y con rigor, sin frivolizar con los datos, y que no se criminalice indiscriminadamente, sólo para obtener réditos electorales;
• Recalcamos que hay que poner en valor el hecho migratorio, y considerarlo como una gran fuente de riqueza y de oportunidades si le damos respuesta adecuada;
• Proponemos que, dentro del marco constitucional y estatutario, se desarrollen leyes encaminadas a una mayor eficiencia en la gestión de las migraciones y, al mismo tiempo se dote de recursos y financiación para dar una respuesta adecuada; no solo para Cataluña, sino en todas aquellas comunidades deficitarias;
• Reclamamos que, ese sentido, se abra el diálogo de forma urgente, y más teniendo pendientes asuntos tan importantes como el debate en el Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización Extraordinaria de personas Extranjeras en España impulsada por nuestro partido.

Una de las razones de la existencia de M+J es la preocupación por la desigualdad y, la realidad migratoria actual es un buen exponente de la misma. Por ello, trabajamos reivindicando justicia y libertad para las personas, haciendo valer el derecho de todo ser humano a mejorar y a desplazarse, en busca de oportunidades para una vida digna y contribuir con ello a la consecución de un mundo de ciudadanía global y fraterna , preconizado desde el primer día por nuestro partido.

Partido Por Un Mundo Más Justo