Ante los presupuestos de la comunidad autónoma de madrid

Aunque con las últimas noticias aún existen dudas sobre lo que ocurrirá finalmente, parece que el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a conseguir los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos para el año 2022. A falta del trámite final de enmiendas en el que no se espera sorpresa alguna, existen varios temas que nos preocupan, como la falta de partida para la Cooperación Internacional, el no fortalecimiento de las partidas sanitarias y educativas y la política fiscal que dificulta la redistribución de renta en una región récord en desigualdad a nivel nacional.

Nos preocupa también que VOX ha condicionado su apoyo a conseguir dos de sus objetivos fundamentales en esta legislatura: estigmatizar a los menores no acompañados y generar dudas sobre la discriminación que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.
El texto de las cuentas presentado compromete 50.000 euros a una auditoría sobre la gestión de los centros de los y las menores, y otros 200.000 para auditar las cuentas de las entidades que trabajan con víctimas de violencia de género o en el entorno de la promoción de la igualdad. Nos preguntamos ¿es que no se estaba auditando hasta ahora? La administración, como gestora y garante del dinero público, está obligada a justificar cualquier gasto que se genere, tanto en forma de subvención como de adjudicación, por lo que resulta extraño que se haga hincapié en estos servicios únicamente, que en los últimos años han padecido un grave deterioro.

Desde 2019 los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género han sufrido una disminución de las horas de prestación del servicio por parte de las profesionales. Esto ha generado un deterioro puesto que se dilata el tiempo de espera de atención a las usuarias que por su situación específica necesitan una respuesta inmediata ante sus demandas.

Asimismo, ha supuesto un incremento de la precariedad laboral de las trabajadoras del sector, a las que se les exige una titulación, experiencia y formación muy especializada. Estas profesionales carecen de estabilidad profesional al adjudicarse estos recursos por plazos de dos años y estar sometidas constantemente a modificaciones en sus condiciones laborales. Esto genera una gran movilidad laboral que interfiere en la calidad del servicio. Las usuarias sufren la falta de continuidad de los equipos que las atienden. Al final, el mismo dispositivo que las debería proteger es el que las somete a una victimización secundaria.
Por otro lado, VOX también ha condicionado sus apoyos la modificación o aprobación de dos iniciativas legislativas: la ley de igualdad, en cuya propuesta se obvia en todo el articulado la mención a la realidad actual de las mujeres, y la modificación de la legislación LGTBI, entendemos que para retroceder en los derechos adquiridos por este colectivo.

Desde M+J, como partido en defensa de los derechos de las personas más frágiles, y desde una mirada solidaria y constructiva apostamos por unos presupuestos en los que:
– Se ponga el foco en los más débiles, sobre todo en aquellos menores que llegan a España sin contar con una familia y han de ser tutelados por la administración. Su doble condición de personas vulnerables debería ponerlos en el centro de atención, independientemente de su origen. Es una cuestión de justicia y legalidad: artículo 2 de la Ley de Protección a la infancia y adolescencia: 1. La presente ley es de aplicación a las personas menores de edad que se encuentren en territorio español, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa de residencia y a los menores de nacionalidad española en el exterior en los términos establecidos en el artículo 51.
– Se dote a los municipios de los recursos suficientes para ofrecer a las mujeres víctimas de violencia machista, a sus hijos e hijas de la atención integral e inmediata que precisen, desde una perspectiva feminista y reparadora.
– Se valore a los y las profesionales que prestan sus servicios en estos dispositivos para que sean considerados esenciales y se creen las plazas necesarias de forma que se termine con su la precariedad y movilidad laboral existente
– No se dé un paso atrás en la conquista de los derechos reconocidos de las minorías vulnerables pertenecientes al colectivo LGTBI.
– Se aplique la ley de igualdad de género estatal de 2007 sin perder de vista la discriminación que históricamente han sufrido las mujeres por el mero hecho de serlo.

Maria Seco Martínez
Militante de la Sede Madrid M+J