El imprescindible rol de la sociedad civil en el debate sobre la educación, el aborto y la eutanasia.
Desde M+J vemos con preocupación la ausencia de diálogo entre el gobierno y las plataformas de la sociedad civil más afectadas por los últimos proyectos de ley planteados en el Parlamento
Para el partido político M+J la sociedad civil es «el conjunto de ciudadanos organizados como tales para actuar en el campo de lo público en busca del bien común, sin ánimo de lucro personal ni buscar el poder político o la adhesión a un partido determinado” (definición de Enrique Brito Velázquez)
Queremos apostar por ella, cuidándola y potenciándola. Estamos plenamente convencidos de que, para construir un barrio, un pueblo o ciudad, una comunidad autónoma, un país y un mundo más justo, más plural y más libre, con un mayor equilibrio entre la esfera pública y la privada, con un mayor protagonismo de lo comunitario, necesitamos una sociedad civil fuerte, amplia y activa.
Son numerosos los ejemplos de sociedad civil que existen en España y es evidente el gran valor que aportan a la persecución del bien común. ONGs, fundaciones, asociaciones vecinales, ecologistas, religiosas, los colegios profesionales y sindicatos, plataformas que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos, el observatorio de igualdad, el secretariado gitano, movimientos feministas, las iglesias de toda fe religiosa, diversas asociaciones de padres, madres y familias de las escuelas públicas, concertadas y privadas, la Plataforma de Escuelas Concertadas… forman un rico tejido social, plural y diverso, que contribuye enormemente a la construcción de una sociedad más justa.
El escenario actual, en pleno estado de alarma, no nos parece el mejor para promover un debate amplio en determinadas cuestiones que requieren de un amplio consenso. Creemos que sin diálogo y sin llegar a acuerdos, la ya mermada sociedad civil española, seguirá menguando y debilitándose.
- El pasado jueves 19 de noviembre se aprobó la LOMLOE, conocida como ley Celaá. Consideramos que en el debate de una propuesta de ley como la que se plantea, el rol de la sociedad civil es esencial. El elemento que ha generado más polémica en el debate parlamentario ha sido la posible vulneración del derecho de los padres y madres a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos e hijas: escuela pública, concertada o especial. Derecho reconocido por la Constitución española (artículo 27) y por la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 26). En este contexto, la ausencia de diálogo entre el Ministerio de Educación y las organizaciones sociales que están en contra de la aprobación de esta ley, como la Plataforma de Escuelas Concertadas de España y la Plataforma «Inclusiva Si, Especial También», nos resulta muy inquietante.
- El pasado 7 de octubre la ministra de Igualdad anunció la derogación de la ley de aborto de 2015 para que las menores puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Aunque no ha iniciado aún el trámite parlamentario de esta ley, todo parece indicar que de nuevo el elemento más polémico será la posible vulneración del derecho de los padres y madres para acompañar y guiar a sus hijos menores de edad. Desde el partido Por Un Mundo Más Justo pedimos que el trámite parlamentario de esta ley cuente con un amplio debate en el Parlamento y con el necesario diálogo con la sociedad
- El pasado 10 de septiembre se debatieron en el Congreso de los Diputados las enmiendas planteadas a la propuesta de ley que pretende liberalizar la eutanasia en España y reconocerla como un nuevo derecho individual. Parece haber una gran distancia entre la importancia que parecen darle la mayor parte de los parlamentarios del congreso y la que le da el grueso de la ciudadanía y sociedad civil española que, aunque ha contado con organizaciones que han impulsado esta reforma, no parece ser una demanda generalizada. Esperamos que el trámite de esta ley no termine sin un extenso debate y que se dé la oportunidad de escuchar a las diversas voces de la sociedad civil española.
Desde M+J reclamamos que, en los tres proyectos de ley, el gobierno se siente a dialogar con los diferentes actores de la sociedad civil, de forma que, también fuera del Parlamento, todas las visiones puedan ser adecuadamente escuchadas. Sin un diálogo generoso y sosegado, donde el estado escuche a la sociedad civil y ésta pueda también comprender los objetivos del gobierno con las diferentes leyes, no será posible un consenso mayoritario de la sociedad española. Estaremos abocados, por tanto, a que el siguiente gobierno de la nación haga cambios radicales en la legislación, alimentando aún más el clima de incertidumbre y de confrontación.
La existencia de asociaciones sólidas y dinámicas son el mecanismo más idóneo para dar voz a las minorías y empoderar a las personas más vulnerables.
Necesitamos construir un país donde se potencie el asociacionismo y donde los gobernantes busquen amplios acuerdos, donde se hagan pactos con los partidos de la oposición y se escuche activamente a los diferentes actores de la sociedad civil.
Finalmente, animamos a la sociedad española a aceptar la victoria o derrota de las ideas en el parlamento, sin demonizar las ideas contrarias. Cuando se “pierde” en un trámite parlamentario, la sociedad se aleja de nuestra forma de ver las cosas y eso nos asusta y nos duele, porque empatizamos con el dolor o injusticia que, en nuestra visión, ese cambio puede generar. Pero ninguna ley humana es para siempre y ninguna derrota es total. Animamos a toda la ciudadanía a nunca dejar de trabajar por las ideas y valores propios, pero siempre de forma esperanzada y dialogante, intentando empatizar con la forma de ver las cosas de la otra parte. Reconozcamos la gran responsabilidad que tenemos cada ciudadano y ciudadana por promover un diálogo respetuoso y constructivo.
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