Hacinados en Canarias. Una gestión no contagiosa.

Hoy, 31 de octubre de 2020, en plena crisis mundial por la pandemia del COVID-19, queremos alzar la voz para denunciar otra gran crisis que están viviendo miles de personas en nuestras costas.

En el Muelle de Arguineguín, la zona cero de la tristeza y de la vergüenza en la isla de Gran Canaria, han sido más de 1.500 personas las que han malvivido desde hace semanas bajo carpas precarias y sobre el suelo.

Hemos podido ver impactantes y vergonzosas imágenes de estas personas con una manta para protegerse de las inclemencias del clima. El propio ministro de Migraciones, José Luis Escrivá y el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres han admitido que las condiciones no son adecuadas para recibir a personas.

Durante el mes de septiembre y octubre se ha triplicado el número de inmigrantes que cruzan el mar o el océano para llegar a Europa desde África. Los viajes en patera se han intensificado debido tanto al cierre de la frontera con Marruecos como a la pandemia, cuyas repercusiones económicas son terribles en los países de origen. La pérdida de empleos y la falta de cobertura sanitaria hacen que miles de familias estén en una vulnerabilidad casi absoluta provocando el intento de llegar a Europa. Ante la imposibilidad de conseguir un visado oficial las rutas cruzando el mar desesperadamente se convierten en la única manera de entrar en España.

Es un viaje sumamente peligroso y de una dureza inimaginable para casi todos los que leemos estas líneas. Después de enfrentarse a este viaje en el que tantos han perdido trágicamente la vida -haciendo dolorosa mención a los cientos de fallecidos de los últimos días- muchos están llegando al Muelle de Arguineguín. Aquí se encuentran en un puerto sin salida en el que se ahogan sus sueños de poder forjarse una vida mejor trabajando honradamente. Estas personas merecen un trato más digno, estar en un lugar decente aunque sea provisional.

Detrás de las personas que deciden jugarse la vida en el mar hay una historia personal dramática que habla de violencia, guerras, hambre, falta de oportunidades… en definitiva, de injusticia social por vivir en un lugar donde la vida vale muy poco.

Aquellos a quienes acostumbramos a ver y sentir muy lejos, ya no están tan lejos. Los tenemos aquí, a nuestro lado, por más que se intente silenciar la realidad y por mucho que queramos esconderlo porque nos avergüenza como sociedad.

Mientras numerosos medios informativos han denunciado las condiciones deplorables en las que están viviendo estas personas, otros lanzan mensajes que fomentan los sentimientos de rechazo, vendiendo un discurso xenófobo favorecido por el ocultismo al que está sometida la situación. Hoy mismo se ha producido una manifestación en el entorno del puerto donde un gran número de personas gritaban “contra la inmigración ilegal”.

A estas alturas no vamos a dudar ni debatir el hecho de que el derecho internacional establece de manera inequívoca que estas personas son ante todo seres humanos y titulares de derechos humanos universales, cuya dignidad y seguridad necesitan de una protección especial, incluso si están en situación irregular.

Pues bien, es evidente que, en la situación actual, no está siendo así. Derechos tan básicos como el tener acceso a unas condiciones higiénicas mínimas, un lugar donde sentirse protegido, el respeto a la intimidad, la asistencia jurídica, el derecho a buscar un futuro mejor etc., se están viendo conculcados de manera vergonzosa.

Ante todo esto, como Partido que trabajamos por la Ciudanía Global, la fraternidad universal, la justicia para con todas las personas y la priorización de las políticas necesarias para salvaguardar la dignidad de todos seres humanos – comenzando por los más desprotegidos, empobrecidos y necesitados-, hacemos un triple llamamiento:

• A los gobernantes y las administraciones públicas que tienen parte en la gestión de esta y todas las crisis migratorias, para que, tal y como es propio de la función para la que han sido elegidos o designados, busquen urgentemente solución a esta crisis en beneficio de sus víctimas.
• A la clase política -entre la que nos incluimos- y a todas la organizaciones sociales que trabajan buscando el bien común, la protección de los derechos humanos y la justicia social, para que no dejemos de tener contacto con la realidad sufriente a la que se ven sometidas tantos miles de personas a causa de la injusticia estructural de nuestro mundo y sigamos siendo instancia crítica y constructiva de esa sociedad que anhelamos y con la que soñamos.
• A toda la ciudadanía, llamada en esta hora de la historia a ser agente de paz, de integración, de construcción de un nuevo orden y nuevo mundo nacido de la solidaridad internacional y la convicción de que “todos vamos en el mismo barco”, para que se aleje de cualquier atisbo de xenofobia, racismo o aporofobia y, por contra, contribuyan a la difusión de una cultura del encuentro, de la acogida y de la defensa de los más frágiles.

Y como MEDIDAS CONCRETAS ante la situación actual, a todos los que incumba, les instamos y proponemos:

• Una solución inmediata para las 300 personas que todavía están en el muelle de Arguineguín: alojamiento en viviendas-instituciones dignas, al menos de manera transitoria, hasta que se les provea de una solución más estable;
• La creación de una mesa permanente de vigilancia en la Comunidad Autónoma de Canarias para esta y otras crisis similares que seguirán produciéndose, compuesta por representantes de la Administración-Poderes públicos, algunas organizaciones humanitarias y civiles con implicación en estos temas, y algunas de las propias personas afectadas por esta “ola de inhumanidad”;
• La creación de un plan de actuación -con su contrapartida presupuestaria correspondiente- a corto, medio y largo plazo que evite gestiones improvisadas, chapuzeras y nefastas como la presente;
• El reconocimiento por parte de los poderes públicos del daño ocasionado en el honor, la dignidad y la sanidad de las personas que han sido o están siendo víctimas de esta torpísima y atroz situación;
• La facilitación y agilización de todos los permisos que las personas que se encuentran en Arguineguín necesiten para incorporarse e intregarse cuanto antes a nuestra sociedad, para formar parte de la misma si es su deseo, contribuyendo como todos los demás al desarrollo de la misma, más aún en el contexto de la pandemia actual donde necesitamos a todas las personas en el pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones para, cuanto antes, comenzar una nueva etapa basada en la colaboración y el apoyo mutuo entre todos.
• La apertura de un periodo de regularización extraordinaria para todas las personas extranjeras que lleguen a nuestro país provenientes de situaciones de pobreza, persecución, violencia o vulneración de los derechos humanos.
• La creación de vías seguras y corredores humanitarios para todas las personas migrantes para que, nunca más, se olvide que cualquier persona tiene derecho a no tener que emigrar, pero también a hacerlo –si lo decide- en condiciones de seguridad jurídica y personal.

La responsabilidad está en nuestras manos. Alcemos la voz para defender la dignidad humana sin condiciones y actuemos conforme a estos valores. No cerremos los ojos y no permitamos nunca que la llegada de personas de otros países se convierta en un problema, sino en una oportunidad para el enriquecimiento, el progreso social y el florecer de lo mejor de la humanidad: su capacidad de respeto, de empatía, de amistad social, de creer que, entre todos, podemos generar un mundo más justo, más fraterno y más sostenible.

Augustin Ndour, afiliado de M+J

Macodou Ndiaye, afiliado de M+J

Gara Rodríguez, afiliada de M+J en Las Palmas