La Comisión Europea y el FMI han instado a España a duplicar o triplicar la población extranjera

Queremos unirnos desde el partido Por un Mundo más Justo (M+J) a todos las personas y colectivos que hoy con más fuerza que nunca están demandando una política de inmigración que apueste en primer lugar por las personas y el respeto a su plena dignidad y a sus derechos y en segundo lugar y para conseguir lo primero, por una sociedad integrada e integradora, que garantice, real y efectivamente ese respeto más allá de la situación administrativa de los individuos. Frente a titulares alarmistas que únicamente aluden al fenómeno migratorio asociándolo a la palabra “crisis”, recordamos que los migrantes en situación irregular conforman dentro y a la puerta de nuestras fronteras uno de los grupos de población más vulnerable y en mayor medida expuesto a la marginación y exclusión.

En materia de política de inmigración existe hoy el derecho soberano del Estado a establecer normas de entrada a un país pero también el deber de propiciar mecanismos legales de entrada, que no excluyan en función de la nacionalidad de origen o del nivel económico o formativo de las personas, y se debe vigilar el trato dado a los inmigrantes dentro del país y en sus fronteras en aras de la defensa de los derechos humanos.

Si bien España siempre ha sido un mosaico de idiomas y culturas, en las últimas dos décadas ha pasado de ser un país origen de emigración a ser un país de destino. Pero, ¿es su volumen de inmigrantes realmente elevado? No, en absoluto, y aún menos el de extranjeros africanos afincados en España cuya imagen se está asociando en el imaginario colectivo a la de una invasión descontrolada. Los 4,5 millones de extranjeros que hay en España suponen un 9,8% de la población total de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre del año y de ellos aproximadamente la mitad son ciudadanos de la Unión Europea. Sólo el 18,9% de los extranjeros son africanos, menos de un millón, lo que representa un 1,8% de la población española.

Además, en los años posteriores a la crisis económica y hasta el año 2016 se han venido registrando saldos migratorios negativos en nuestro país –mayor número de salidas que de llegadas-. En el 2017 el saldo positivo ha sido de 164.604 personas. Aunque en los meses de verano se vienen produciendo regularmente oleadas de inmigración africana, el incremento en el volumen de inmigrantes no ha sido protagonizado por los de origen africano ni tiene base ninguna denunciar un supuesto “efecto llamada” con el anuncio del restablecimiento de la sanidad universal, la retirada de concertinas o la acogida del buque humanitario Aquarius.

Si hablamos de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en las que se focalizan durante los meses de julio y agosto las noticias sobre inmigración, de acuerdo a datos del Ministerio del Interior, la cifra de entradas por vía terrestre durante este año –a través del salto del vallado, los dobles fondos de vehículos u otras fórmulas–, ha ascendido a 4.182 y resulta similar a la del 2017. Mayor ha sido el incremento de la llegada de embarcaciones a las costas españolas, el Ministerio ha contabilizado 25.359 llegadas hasta el mes de septiembre.

Sentadas estas premisas, como ciudadanía que pretende se responsable y solidaria, nos preguntamos: ¿es buena y necesaria la migración?

Ante esta cuestión debemos responder con un sí rotundo. La inmigración ha contribuido decisivamente al desarrollo económico de la Unión Europea y los Estados Miembros al facilitar mano de obra para el mercado de trabajo y permitir hacer frente a la situación demográfica que atraviesan la gran mayoría de países del continente. Así mismo, la migración es beneficiosa para los países de origen en la medida en que les aportan recursos y capacidades, en términos de formación, para contribuir a su propio desarrollo. La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han instado a España a duplicar o incluso triplicar la población extranjera para suplir la caída de la natalidad durante la crisis, rejuvenecer la población, cubrir con mano de obra extranjera las oportunidades laborales que brinda la recuperación y, con ello, sostener con más cotizaciones el sistema público de pensiones. Para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea, España debería contar en 2030 con unos 13,6 millones de ciudadanos procedentes de otros países, el triple de los que tiene actualmente.

Hoy no es posible migrar legalmente a España salvo que procedas del “mundo privilegiado”. Existen obstáculos y restricciones de todo tipo para la reagrupación familiar y, sobre todo, el muro infranqueable de la normativa y muy particularmente de la red consular española, punta de lanza del sistema de bloqueo a las personas que desean emigrar por vías legales.

Más allá de un posible debate intelectual o ideológico sobre la bondad del fenómeno migratorio y el modo de abordarlo, nos enfrentamos a una realidad incuestionable: El territorio español suma más del 20% de las muertes en las fronteras del planeta. El Mediterráneo continúa siendo la frontera más mortífera del mundo para los migrantes, en él se producen el 60% de todas las muertes de migrantes que fallecen al intentar cruzar alguna frontera en el mundo. Solo en los primeros cinco meses de este 2018 según la OIM el número de fallecidos era superior a 600. Se estima que 1 de cada 7 personas que realizan el intento de cruzar pierden la vida en la travesía. Estas cifras no pueden sino ser calificadas como vergüenza para la Unión Europea y sus países limítrofes socios y en particular para España.

Porque el derecho a la emigración se basa en la libertad que tiene toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio, tal como recoge el artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

A partir de 1991 con la adhesión al Tratado de Schengen, el modelo de gestión de migraciones de España y Europa se ha focalizado por completo en la “lucha contra la inmigración ilegal”. La competencia en materia de migración regular sigue siendo considerada como competencia nacional y la Unión Europea sólo ha podido hacer aproximaciones sectoriales que dificultan la configuración de una auténtica política continental.

Para el desarrollo de este modelo de “Europa Fortaleza” se han realizado ingentes inversiones y desarrollado políticas legislativas, de control, impermeabilización, represión, encierro y externalización, etc. La tristemente célebre Directiva de Retorno, que en la práctica justificó los centros de internamiento y las expulsiones forzosas, supuso una verdadera regresión en cuanto a la protección de los derechos fundamentales de los migrantes en situación irregular que son pura y simplemente criminalizados.

Desde el Partido Por un Mundo más Justo (M+J), pensamos que es imprescindible abordar el fenómeno de la gestión de los flujos migratorios desde una óptica diferente a la actual. Es inconcebible que en la UE no exista aún una política común de inmigración.

No es posible encontrar una fórmula mágica que resuelva por sí misma los muchos y complejos problemas que plantea el fenómeno migratorio, pero sí podemos dejar de considerar el cierre de fronteras como un dogma, reconocer su fracaso y avanzar hacia un modelo de gestión que haga del derecho a la movilidad la norma, y de sus limitaciones, excepciones especificadas, temporales, y justificadas, que es lo que en definitiva reivindica la Declaración Universal de los Derechos Humanos.