Desde febrero de 2019 el partido político Por Un Mundo Más Justo (M+J) nos hemos convertido en la primera organización en el mundo en publicar nuestra contabilidad en tiempo real, con todo detalle de movimientos bancarios y acceso a toda las facturas. Afirmamos soñar con un mundo democrático y trabajamos para conseguirlo. También afirmamos defender la puesta en marcha de mecanismos de democracia real a todos los niveles: local, nacional, continental y mundial y promover una ciudadanía global empoderada, activa y responsable.

Consideramos en la Propuesta Programática para nuestro país, como un valor fundamental, la transparencia frente al contravalor de la opacidad. La transparencia permite el control por parte de la ciudadanía de las actuaciones públicas y privadas, la evaluación permanente de las diferentes políticas y el tratamiento objetivo, serio y riguroso de la información por parte de los medios de comunicación.

En el Programa de las pasadas Elecciones Generales proponíamos –entre otra serie de medidas para conseguir una “Sociedad de todos para todos”-, profundizar en la aplicación de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno, y actualizar o promover con ese objetivo las medidas necesarias para dotar de la máxima transparencia a la vida social, económica y política española.

Entre los múltiples ámbitos de aplicación de la Ley, queremos referirnos en este posicionamiento al de los Partidos Políticos,  siendo conscientes del contexto de preocupación e incluso de alarma social originado por los casos de corrupción y por la consecuente y creciente exigencia de luchar contra ella. Los Partidos Políticos son los primeros responsables frente a la ciudadanía, y en particular frente a sus afiliados y electores, de su propia conducta así como la de aquellos que en su nombre desempeñan funciones públicas.

Uno de los logros de la Ley 19/2013 fue consolidar el andamiaje jurídico-político que regula el funcionamiento de los Partidos Políticos y de los cargos públicos en los distintos niveles administrativos. De acuerdo a su Preámbulo, “La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos, o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podemos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.”

La regulación contenida en la Ley 19/2013, por ser de carácter básico, es susceptible de ser desarrollada en el ejercicio de sus competencias tanto por Comunidades Autónomas como por entidades locales, de forma que, en función de la Comunidad de la que se trate, el detalle del régimen obligacional de los Partidos Políticos así como la aplicación de las normas, presenta resultados dispares. Nos encontramos por ejemplo con el contrasentido de que solo en algunas administraciones existe un órgano que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, cuyo incumplimiento en el caso de verificarse, conlleva sanciones en esta materia. Entre otras cuestiones la ciudadanía se preocupa por el hecho de que los Partidos Políticos reciban importantes aportaciones de dinero y fondos públicos para el desempeño de sus funciones, que no sean debidamente supervisadas tal y como la Ley pretendía asegurar.

Considerando todo lo expuesto, en Por Un Mundo Más Justo nos parecen encomiables y extraordinariamente útiles, iniciativas de organizaciones de la sociedad civil como Trasparencia Internacional, entidad que ha desarrollado y presentado durante varios años evaluaciones del nivel de transparencia de los Partidos Políticos. En la última evaluación, realizada en el año 2017, se trató de medir el nivel de transparencia y apertura informativa de once Partidos mediante un conjunto de treinta indicadores agrupados en cuatro bloques: Información sobre el partido político, Información sobre cargos y candidatos, Información sobre entidades vinculadas, afiliados y ciudadanía y Transparencia económica-financiera.

Es significativo el aumento progresivo de la cantidad y calidad de documentos e información que los Partidos Políticos publican y ponen a disposición de la sociedad. Una de las conclusiones a las que llega la propia organización Transparencia Internacional, es la de que la transparencia es una cuestión ante todo de voluntad y actitud política y de que no existe pretexto alguno para la turbiedad si hay un compromiso real de los Partidos Políticos. Ciertamente, aunque la transparencia no elimina automáticamente la corrupción, sí es una de las mejores apuestas para prevenirla. Además, guarda una relación directa con el empoderamiento de la ciudadanía, que refuerza su participación en los asuntos públicos gracias a la puesta en marcha de canales y herramientas que permiten acceder a información antes oculta o incluso vetada.

Consideramos por último una labor fundamental, como un plus a la publicidad activa de información; la asesoraría y capacitación de los responsables de los distintos cuadros en los Partidos Políticos, para el fortalecimiento de una cultura institucional que apueste por valores y principios por los que solo puede trabajarse con garantías de transparencia en la gestión. Todo este esfuerzo redunda directamente de manera muy beneficiosa en la salud democrática dentro y fuera de nuestras entidades.

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