El pasado 5 de Noviembre nos volvió a sobrecoger la noticia de la muerte de 18 personas en las aguas del Mediterráneo, 13 en las costas de Melilla y 4 en las costas de Cádiz. Estas se suman a las 1.987 muertes ocurridas en este mar tan sólo hasta el 2 de noviembre de 2018, según informa la Organización Internacional para las Migraciones . En concreto, intentando alcanzar la costa española murieron 295 personas en el 2017 y 564 en lo que va de año.
En este mismo mes de noviembre de 2018 se cumplen 30 años desde la primera vez que una persona migrante apareció muerta en costas españolas, y desde entonces, todos los años durante estas tres décadas, miles de personas han perdido la vida intentando llegar a España .
¿Cómo es posible que no hayamos sido capaces de frenar esta tragedia? ¿Por qué, a pesar del alto riesgo que corren, hay personas que se siguen lanzando al mar año tras año poniendo en juego su vida?
La respuesta es que las restrictivas políticas migratorias españolas y europeas no permiten otra posibilidad. Son “políticas sin escapatoria” que cierran todas las puertas y arrojan a viajes mortales a personas que persiguen la esperanza intrínsecamente humana y completamente legítima de tener un futuro mejor.
Una persona que paga 6.000 euros a los traficantes por cruzar en patera y que lleva gastado mucho más dinero en su peligroso camino desde su país de origen, podría pagarse un billete de avión y acceder de manera segura y legal, si existieran opciones. Pero no hay vías legales y seguras para estas personas. Pongamos algunos ejemplos:
– No se permite solicitar asilo en los países de origen.
Las directivas europeas no permiten pedir asilo en las embajadas y consulados de los países de la Unión Europea, es decir, que una persona pueda pedir asilo, por ejemplo, en la embajada de España de su país y no tenga que jugarse la vida en el camino para acceder a tierra europea y poder solicitar protección.
Por su parte la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, permite la opción de tramitar visados de viaje desde las embajadas y consulados de España cuando corra peligro la integridad física de las personas, para que puedan pedir asilo en territorio español. Sin embargo, esta opción lleva “desactivada” desde el 2009 porque casi diez años después de la aprobación de la ley de asilo, a día de hoy todavía ningún gobierno ha desarrollado un reglamento que permita poner en práctica esta y otras disposiciones de la ley, dejando además en muchas materias un abismo de inseguridad jurídica.
– No se garantiza la posibilidad de pedir asilo en la frontera de Ceuta y Melilla.
Es inaceptable que desde que se abrieron las Oficinas de Asilo en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla en 2015, no se ha registrado ni una sola solicitud de asilo de una persona subsahariana, a pesar del alto número de personas que intentan llegar a España por el mar saliendo de costas del norte de Marruecos. Evidentemente a estas personas no se les permite acceder a pedir asilo en la frontera. Esto les obliga a llegar a España por mar para poder tener alguna posibilidad de solicitar esta protección.
– No se cumplen las garantías jurídicas que permitan acceder al procedimiento de asilo.
La enmienda a la Ley de Extranjería aprobada el 12 de marzo 2015 estableció un régimen fronterizo especial para Ceuta y Melilla mediante la introducción de la figura del “rechazo en frontera”, que ampara las devoluciones en caliente, práctica consistente en la devolución automática de personas migrantes que llegan a la frontera de Ceuta y Melilla. Estas devoluciones infringen la normativa de la Unión Europea y la normativa internacional de Derechos Humanos, ya que se incumplen todas las garantías jurídicas previstas para los procedimientos de devolución (identificación, asistencia letrada, asistencia de un intérprete, valoración de la situación concreta de cada persona, información sobre sus derechos y posibilidad de recurrir la decisión). El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por estas prácticas en su sentencia N.D y N.T contra España, sentencia que se está recurriendo por el Gobierno actual.
– No se trabaja por pensar vías alternativas y seguras para la migración.
La política europea y española cada vez más se mueve en la dirección de reforzar y externalizar las fronteras, con la premisa errónea de que levantando más impedimentos se va a conseguir frenar la migración. Lo único que hacen estas políticas es condenar a las personas migrantes a ponerse en manos de las mafias, y a poner en juego su vida. Ante la situación actual es preciso trabajar por repensar la política migratoria europea y española actual y dar respuesta a la realidad de la migración creando vías legales y seguras.
Desde el Partido Político Por un Mundo Más Justo exigimos al gobierno español que permita la solicitud de asilo en los países de origen, asegure el acceso de las personas subsaharianas a las oficinas de asilo de Ceuta y Melilla, termine definitivamente con las “devoluciones en caliente” y diseñe vías alternativas y seguras para la migración.
La regulación migratoria debe realizarse de forma humana, inteligente y solidaria. El gobierno español debe cumplir con su deber jurídico y moral de respetar los Derechos Humanos.
