POR EL CIERRE DEFINITIVO DE LOS CIE
Después de muchas semanas de presión por parte de numerosas entidades sociales y distintos colectivos, en las últimas semanas se han ido cerrando los siete Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) que existen en España, debido a que las restricciones de movimiento entre países imposibilitan las repatriaciones forzosas de los internos.
Es preciso recordar que los CIE tienen dos finalidades. En primer lugar, sirven para la custodia preventiva o cautelar de extranjeros que han sido detenidos por estar en situación administrativa irregular y a los cuales se les ha abierto un expediente administrativo de expulsión (si ya estaban en España) o devolución (si son interceptados llegando a España). En segundo lugar, para garantizar la expulsión de aquellos extranjeros a los que se les condena a una expulsión como medida sustitutiva de una pena privativa de libertad de una duración máxima de 6 años.
No obstante, es llamativo que la gran mayoría de los casos de internamiento corresponden al primer grupo señalado, es decir, personas cuya única falta ha sido no tener regularizada su situación administrativa en España. Así pues, en 2018 fueron internadas 7.855 personas: siendo el 70,04% de ellos por entrada ilegal en patera y el 15,86% por expedientes de expulsión por estancia irregular.
No olvidemos que la estancia irregular en España no es un delito sino una falta administrativa, y por lo tanto resulta desproporcionado aplicar medidas de carácter penal, como es la privación de libertad, en la resolución de expedientes administrativos. Por ello, desde el partido Por Un Mundo Más Justo proponemos la prohibición de internamiento en casos de mera estancia irregular por carecer de permiso de residencia.
Y es que según nuestra legislación, estos centros no deberían actuar como cárceles, pues responden a otro tipo de situaciones. Así, la propia normativa vigente define a los CIE como establecimientos de carácter “no penitenciario” dependientes del Ministerio del Interior. Sin embargo, nada más lejos la realidad. En la práctica, las personas internas en los CIE gozan de menos derechos que los propios internos en Centros Penitenciarios debido a la falta de reglamentación de las condiciones de los Centros. En efecto, mientras que las personas que están en centros penitenciarios tienen una la legislación específica y detallada que les dota de derechos y garantías, esto no sucede con las personas internas en los CIE. Y además, mientras que en las prisiones existe personal especializado que se dedica al trato con los internos, en los CIE son los funcionarios policiales, que deberían solo estar encargados de las seguridad, los que llevan a cabo este trato. En definitiva, se trata de un modelo policial completamente injustificado para el fin que se persigue.
A pesar de que el Tribunal Constitucional ha señalado que los internos en los CIE sólo están privados de su libertad ambulatoria, en realidad se les priva de muchos más derechos. Así pues, se han registrado numerosos problemas con el acceso a derechos básicos como la asistencia letrada, o la interpretación. Son recurrentes los casos en los que los propios internos hacen de intérpretes porque no hay uno oficial, así como los casos en los que no se permite la entrada a ONG. También es alarmante la falta de detección temprana para colectivos vulnerables como menores de edad, víctimas de trata, o personas enfermas, así como las numerosas trabas para personas que quieren solicitar protección internacional. Además, las entidades especializadas han registrado casos en los que los internos han sufrido tratos racistas, degradantes e intimidatorios, e incluso agresiones físicas por parte de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Existen también limitaciones graves de derechos relativas al acceso a las comunicaciones y a la asistencia sanitaria, como ha venido alertando el Defensor del Pueblo. A todo ello se suman las condiciones de vida impuestas por instalaciones muchas veces en muy mal estado, con deficiencias estructurales e higiénicas, incluyendo las condiciones de trabajo penosas para el personal policial destinado en los CIE. A esto hay que añadir que las personas internas se encuentran en un centro de detención policial, durante un plazo de 60 días, sin conocer claramente sus derechos y sujetos a controles difusos jurisdiccionales, ya que pueden llegar a estar bajo la custodia de varios jueces a la vez, lo que crea numerosas trabas burocráticas que dificultan el ejercicio de sus derechos.
Todo ello convierte a los CIE en verdaderos espacios de sufrimiento, la última frontera que se impone a las personas que intentan migrar a España. Personas que en muchas ocasiones han sorteado peligros de todo tipo para poder llegar a este país, incluyendo fronteras mortíferas como el Mediterráneo. Así, los CIE son una pieza más de un sistema migratorio profundamente injusto e inhumano, que en lugar de reconocer la naturalidad de las migraciones y flexibilizar los canales para migrar de manera segura aprovechando las ventajas que la migración supone tanto para los países de acogida como para los de origen, se centra en levantar más fronteras antinaturales, que solo generan exclusión y sufrimiento.
Ahora se abre la opción de repensar este sistema y cambiarlo. No perdamos la oportunidad. Centremos nuestros esfuerzos en construir vías legales y seguras para migrar, en lugar de levantar más fronteras.
Por todo ello, desde el partido Por Un Mundo Más Justo pedimos que tras el levantamiento de las medidas impuestas por la emergencia sanitaria, no se dé un paso atrás, y se declare como definitivo el cierre de los CIE.
