Por qué apoyamos una regularización general extraordinaria
No dejemos a nadie fuera de las fronteras de nuestra ciudadanía
En estos días se erigen más muros que nunca, los países cierran sus fronteras aéreas y terrestres, y nos vemos obligados a quedarnos en casa, prisioneros en la “frontera” de nuestro hogar. Estamos experimentando cómo este levantamiento de muros, de repente, nos priva de derechos que creíamos intocables, como la libertad de movimiento que latía inconsciente en actos tan cotidianos como salir a dar un paseo.
Sin embargo, hay otro tipo de fronteras que no se ven, pero que actúan igualmente como limitadoras de derechos, como abismos entre unas personas y otras. Es el caso de la frontera de la “ciudadanía”, que separa a las personas que son sujetos de derecho, de las que según la legislación vigente no deberían estar aquí, y para las que un acto tan cotidiano como salir a dar un paseo resulta una actividad de riesgo. Se trata de uno de los colectivos más desprotegidos de nuestro país, que tiene difícil acceso a derechos básicos como la sanidad. Y sin embargo, muchas de estas personas sustentan dos actividades esenciales para nuestra sociedad: el cuidado de personas dependientes y la agricultura.
Nos referimos a las personas en situación administrativa irregular (1), que pueden llegar a estarlo por innumerables causas: haber sido menor tutelado por la Administración que nunca tramitó su residencia aunque tenía derecho a ella, llevar más de tres años en España pero no conseguir un contrato de un año y treinta horas semanales, haber sido rechazada su solicitud de asilo pero no poder regresar a su país porque su vida corre peligro… y muchos otros motivos.
Ante esta situación, durante mucho tiempo la regularización extraordinaria se ha venido reclamando, por un gran número de entidades sociales y algunos partidos políticos, como una de las maneras de acabar con la exclusión social que sufren las personas migrantes que no encuentran amparo en nuestra encorsetada y restrictiva ley de extranjería. Y también como una medida para incrementar los ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social frente a la economía sumergida.
Así, en el Congreso anual de Por Un Mundo Más Justo celebrado el pasado 23 de noviembre, incluimos la regularización general extraordinaria entre las medidas en materia migratoria de nuestro programa (2). Además, el pasado 28 de diciembre lanzamos una encuesta en redes sociales invitando a la gente a valorar la medida de regularización extraordinaria, obteniendo un 71% de votos a favor. Por lo tanto, si la regularización de personas en situación administrativa irregular era ya una opción muy recomendable en el contexto en el que vivíamos antes del COVID-19, en estos momentos se hace totalmente indispensable.
Por ello, en los últimos días numerosas organizaciones y ciudadanos han unido su voz reclamando una regularización extraordinaria de las personas migrantes en situación irregular a la que nos hemos unido el Partido Por un Mundo Más Justo (3). Esta propuesta que podría parecer algo nuevo, es sin embargo un proceso que se ha llevado a cabo en España en hasta seis ocasiones por partidos de distinto signo político (4). Y no solo en nuestro país, en toda Europa ha habido más de 70 procesos de regularización. El ejemplo más cercano y reciente es el de nuestro vecino Portugal, que debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, el pasado 27 de marzo, decretó la regularización de todas las personas que tuvieran solicitudes de residencia pendientes, así como los solicitantes de asilo, con el fin de “garantizar los derechos de todos los ciudadanos extranjeros” (5).
Ahora mismo, en España, las personas en situación irregular son uno de los colectivos más desprotegidos frente a la pandemia. Por una parte porque salir para abastecerse, ir a la farmacia o al hospital supone no solo enfrentarse a una enfermedad invisible, sino jugarse su propia permanencia en el país si se inicia un expediente de expulsión. Por otra parte, porque algunos no cuentan con viviendas con las medidas de protección adecuadas, como en el caso de los invernaderos de Huelva. Otros muchos dejan de percibir ingresos, pero no tienen derecho al desempleo ni otras ayudas sociales públicas. Algunos de ellos ya eran víctimas de explotación laboral o sexual, y muchos más lo serán en situaciones desesperadas como la actual. La vulnerabilidad que supone su condición administrativa lleva a la exclusión social, y de ahí, en numerosas ocasiones, a la explotación (6). En consecuencia, la salud y la vida de estas personas está en juego, y con ellas la del resto de la sociedad.
Regularizar la situación administrativa de una persona significa reconocerla como ciudadana, sacarla de la clandestinidad, incluirla en el sistema. Podrá salir a la calle sin miedo a ser detenida, ir al supermercado a comprar, a la farmacia si necesita un medicamento y al hospital si no se encuentra bien. Además, si trabaja, podrá cotizar a la seguridad social, aportar su conocimiento, y contribuir a pagar los servicios públicos. Invisibilizar a estas personas, dejándolas fuera de las fronteras de nuestra ciudadanía, no solo les perjudica a ellas, sino a toda la sociedad.
Ahora más que nunca únete a esta reivindicación, por humanidad, por coherencia y por justicia.
1. En cuanto al número de personas en situación administrativa irregular, no se dispone de una cifra exacta. Según una comparación del padrón municipal y los datos de los permisos de residencia, parece que la población migrante en situación irregular en España en 2018 era de 576.000 personas. En 2005 la cifra ascendía a 1.2 millones. Fuente: migrationpolicy.org
2. Puedes acceder a las Propuesta de Migración de Por un Mundo Más Justo aquí y a la información del Congreso Completo aquí.
3. Aquí puedes acceder a la carta de demanda al gobierno #RegularicacionYa.
4. En particular entre los años 1985 y 1986, hubo unas 438.000 regularizaciones; en 1991, 110.000; en 1996, 21,3 miles de personas; en 2000, 163,9 miles; en 2001 con 234,6 miles y en 2005 con 500.000 personas. Fuente: CES.
6. Entre muchos artículos sobre este tema: Diario 16, Situación crítica de los migrantes por el estado de alarma, 15 de abril 2020, url.; Instituto Universitario de Estudios sobre migraciones, Los jornaleros y jornaleras agrícolas durante la crisis del COVID-19: Laborantem sacer, 15 de abril 2020, url; Para profundizar en cómo las medidas de regularización contribuyen a reducir la vulnerabilidad, la exclusión social y la explotación te recomendamos esta lectura.
