POR UNA SOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL PUEBLO DE NICARAGUA.
«La solidaridad es la ternura de los pueblos» (Gioconda Belli, poetisa nicaragüense)
Desde partido político Por Un Mundo Más Justo (M+J) queremos expresar nuestra cercanía y solidaridad con el hermano pueblo de Nicaragua, que vive actualmente una escalada represiva por parte del régimen del presidente Daniel Ortega.
A la fecha, el gobierno de Managua ha encarcelado al menos a cuatro pre-candidatos opositores (Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro) bajo procesos judiciales sin garantías, así como a otros tres líderes de la oposición política y mantiene un acoso contra periodistas, medios de comunicación independientes, organizaciones sociales que son críticos con la administración nicaragüense.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalan que Nicaragua vive una profunda crisis sociopolítica iniciada en 2018, cuando una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social generó masivas manifestaciones que fueron reprimidas con dureza por parte del régimen; teniendo un saldo de más de 328 víctimas mortales, 100 mil personas desplazadas y la implantación de un Estado policiaco de facto en el país que mantiene suspendidas los derechos políticos de quienes disienten al gobierno.
Así mismo, organismos locales de tutela de los derechos humanos han manifestado que, al menos, unas 130 personas continúan en las cárceles nicaragüenses por manifestar algún grado de inconformidad con el régimen de Ortega; al mismo tiempo que desde la Asamblea Nacional se han aprobado un triplete de leyes con claro fin represivo de cercenar las pocas libertades públicas que existen en Nicaragua.
Por ello instamos:
Al gobierno de Nicaragua, para que en respeto a los compromisos en materia de derechos humanos suscritos por el Estado nicaragüense, libere a los pre-candidatos opositores encarcelados y anule los procesos de judicialización política abiertos contra ellos; así como respetar las libertades públicas reconocidas dentro de su propio ordenamiento jurídico.
A la Unión Europea y al gobierno de España, para que puedan aumentar sus esfuerzos políticos y diplomáticos para colaborar -junto con otros países democráticos-, en conseguir una salida pacífica y democrática para el pueblo de Nicaragua, utilizando, entre otras herramientas, la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica.
A la comunidad internacional, para que imponga las sanciones oportunas a quienes violen las libertades públicas y los derechos humanos en Nicaragua de forma sistemática.
Al diálogo entre todas las partes implicadas en el conflicto para que se resuelva de manera pacífica, democrática y constructiva, movilizando la capacidad de toda la sociedad nicaragüense para restañar fracturas e iniciar una nueva etapa basada en la concordia, en el encuentro, el respeto y el fortalecimiento democrático.
