La expulsión no puede ser la política migratoria de Europa
Por un Mundo Más Justo (M+J) rechaza el Reglamento de Retorno de la Unión Europea, aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 17 de junio y pendiente aún de su adopción final por el Consejo.
Europa nació del compromiso con la dignidad humana y los derechos fundamentales. Convertir la expulsión en el eje de su política migratoria traiciona su origen y sus valores.
Las migraciones no son una amenaza: son una realidad humana —agravada por guerras, pobreza y crisis climática— que debe gobernarse con justicia y respeto a los derechos humanos, no combatirse. El nuevo Reglamento amplía los periodos de detención hasta 24 meses prorrogables, y abre la puerta a centros de retorno en terceros países sin exigir ya ningún vínculo previo con la persona migrante. Esto debilita garantías jurídicas básicas, con independencia de la nacionalidad o situación administrativa de cada persona.
Frente a esto, M+J defiende otra vía: responsabilidad compartida entre los Estados europeos, vías legales y seguras para migrar, sistemas de acogida dignos, asilo eficaz y garantista, e integración real que fortalezca la cohesión social.
Nuestro proyecto político parte de una convicción sencilla: todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin que ese valor dependa del lugar de nacimiento, el pasaporte que se posee o la situación administrativa en la que uno se encuentra. Cuando Europa lo olvida, pierde una parte esencial de su propia identidad.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el pasado 12 de junio, ya constituye en sí mismo un retroceso en la protección de los derechos humanos en la Unión Europea; y el Reglamento de Retorno lo profundiza. Frente a lo ya aprobado, no podemos pedir marcha atrás; pero pedimos que se reconozca abiertamente ese retroceso y se corrija en su aplicación. El Reglamento de Retorno todavía no ha completado su recorrido, por tanto, pedimos al Consejo de la Unión Europea que introduzca cambios que restablezcan garantías jurídicas efectivas antes de su adopción formal. Y pedimos al Gobierno de España, coherente con el rechazo que ya formalizó ante la UE, que mantenga esa posición hasta el final del proceso y no participe en la negociación de acuerdos con terceros países para instalar centros de retorno.
Una Europa más fuerte solo será posible si es, a la vez, una Europa más justa.
Coordinadora Nacional de M+J
