SOBRE EL GOBIERNO PP-VOX EN EXTREMADURA Y LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
El pasado jueves 16 de abril Partido Popular y Vox anunciaron un acuerdo de 11 medidas para constituir un gobierno de coalición en Extremadura. El 22 de abril fue elegida nuevamente como presidenta de la Junta de Extremadura María Guardiola. Las primeras decisiones derivadas del mismo se están poniendo en marcha, y desde el partido Por un Mundo Más Justo y sus militantes en Extremadura queremos manifestar nuestra posición sobre una medida muy concreta, que nos duele especialmente y que dice mucho sobre la forma de hacer política que se vislumbraba en nuestra tierra con este acuerdo.
En los recientes presupuestos generales de la comunidad autónoma de Extremadura se ha hecho realidad la desaparición de la Cooperación Extremeña y la disolución de hecho de la AEXCID (Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo).
Se trata de una decisión que empobrece éticamente Extremadura, que va en contra de la esencia del pueblo extremeño y que contradice lo recogido en la propia legalidad extremeña.
El Estatuto de Autonomía de Extremadura establece en su artículo 7.20 como uno de los principios rectores de los poderes públicos extremeños, que éstos deben entender “como una exigencia ética colectiva, la contribución activa de la sociedad regional y de sus instituciones a la paz y al desarrollo socioeconómico, político y cultural de todas las naciones y pueblos del mundo, mediante sus propias acciones de cooperación al desarrollo y su participación en las que realicen otras instancias españolas o internacionales”.
Del mismo modo en el Preámbulo del Estatuto se concluye diciendo: “Una Extremadura definitivamente asentada pero más abierta al mundo. Una Extremadura cómoda y activa en el proyecto de la Nación española. Una Extremadura fronteriza, europea y americana. Una Extremadura solidaria con cada rincón del planeta.”
Extremadura ha sido orgullosamente pionera en el asunto de la cooperación internacional al desarrollo. Ya desde 1995 se tomaron medidas públicas sobre cooperación internacional, y en 2008 se creó la AEXCID. En 2023 se aprobó la Ley 3/2023, de 29 de marzo, de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura. En su artículo 26.2 sobre la financiación establece: “La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura fijará anualmente los créditos destinados a la cooperación internacional para el desarrollo y solidaridad internacional aumentando gradualmente las aportaciones hasta alcanzar, al menos, el 0,7 % del presupuesto no financiero, financiado con recursos propios de la Junta de Extremadura, con el horizonte temporal del año 2030”.
El actual Vicepresidente y Consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández ha justificado la decisión de reducir en 10 millones el presupuesto de cooperación (el 0.03% del total) con el argumento de que Extremadura “es una región pobre y que los recursos de la comunidad autónoma deben dedicarse a los extremeños”.
Este simple y egoísta argumento es el que podría llevar a Extremadura efectivamente a la pobreza. En algún momento este gobierno habrá de darse cuenta de que, por justicia territorial, Extremadura recibe del resto de España mucho más de lo que aporta.
Lo mismo ocurre con los fondos europeos recibidos por Extremadura desde que España es miembro de la Unión Europea a través de las políticas de cohesión, que sólo desde el año dos mil suman más de 7.000 millones de euros. La política de cooperación de Extremadura de todas sus administraciones no ha superado los 500 millones.
En Extremadura conocemos bien las consecuencias de ser una región pobre, la memoria de Extremadura es una memoria migrante. Conocemos de primera mano cómo la justa y obligada corresponsabilidad del resto de regiones de España y de la Unión Europea, que se vieron favorecidas de la llegada del talento y la mano de obra de los extremeñas y extremeños durante décadas, es un antídoto conocido para escapar de esa pobreza de la que parece que hace gala el Vicepresidente y Consejero de Asuntos Sociales.
El gobierno de María Guardiola es un gobierno que habla de personas “ilegales”, que se refiere a quienes son menores de edad como delincuentes y que rechaza la solidaridad entre los pueblos en contra del propio Estatuto de Autonomía.
Como dice la Coordinadora Extremeña de ONGD “la cooperación no es un gasto prescindible, es una herramienta de solidaridad, justicia global y responsabilidad institucional que refleja los valores de una sociedad comprometida con los derechos humanos, la igualdad y la dignidad de las personas. Su desaparición supone debilitar el compromiso histórico de Extremadura con una política pública reconocida por su impacto social y su capacidad de construir alianzas internacionales desde la solidaridad”.
Desde la militancia extremeña del partido político “Por un Mundo más Justo” apostamos porque Extremadura siga siendo una tierra de acogida y de convivencia pacífica. Las personas afiliadas y militantes de M+J en Extremadura haremos todo lo posible para denunciar las medidas como ésta que vulneran los derechos humanos, y que agreden innecesariamente a las personas más vulnerables.
Exigimos que las políticas públicas de Extremadura vayan en consonancia con la ciudadanía global como concepto de reconocimiento de derechos, independientemente del origen, raza o residencia y la preferencia de esas políticas por las personas más vulnerables y necesitadas.
M+J en Extremadura.
