Necesitamos un acuerdo de consenso
Es indudable que nuestro país se encuentra en un momento de enorme inestabilidad política. Desde 2015 hemos tenido cuatro mociones de censura y cinco elecciones generales, con riesgo de que se produzcan las sextas en pocos meses.
En la actualidad, nos encontramos en una encrucijada, debatiéndonos entre la posibilidad de una nueva convocatoria electoral, con sus consiguientes repercusiones económicas y sociales, y una negociación compleja en la que todos los partidos políticos deberán demostrar responsabilidad, generosidad y “altura política” para lograr acuerdos. Con el paso del tiempo, el riesgo de no llegar a un consenso se acrecienta, y la urgencia de alcanzar un acuerdo se vuelve más apremiante.
Como decía Carles Puigdemont en un tuit, en pleno proceso de negociación para elegir a la presidenta del Parlamento, «a medida que se acerca el día decisivo, crece el nerviosismo y sube la subasta».
Antecedentes del “procés”:
- El 1 de octubre de 2017, en Cataluña, se llevó a cabo un referéndum de independencia que no contó con la autorización del Gobierno español ni del propio Tribunal Constitucional. Este evento tuvo graves repercusiones desde el punto de vista social, humano y jurídico.
- En aquel día, cientos de personas resultaron heridas debido a algunas actuaciones policiales desmedidas. Actualmente, 45 agentes de policía están procesados. Según el auto del juez, “la actuación policial fue claramente desproporcionada en general, con actuaciones claramente denigrantes en algunos casos”. Aún se espera la realización de un juicio.
- En el mismo auto, el juez justifica algunas “actuaciones contundentes de las fuerzas de seguridad” que se emplearon para contener a “grupos violentos que pugnaban por crear tensión en las calles”.
- Los resultados del referéndum, en el cual, participó un máximo del 43% del censo, no fueron considerados válidos por ningún organismo político, excepto por el gobierno catalán y los tres partidos que respaldaron la consulta. Observadores internacionales señalaron que el referéndum no cumplió con los estándares internacionales requeridos.
- El 27 de octubre el Parlamento Catalán aprobó una autoproclamación de independencia de Cataluña.
- En los días posteriores al referéndum, el gobierno español, en un acto sin precedentes, suspendió la autonomía de Cataluña durante siete meses, amparándose en el artículo 155 de la Constitución Española. La aplicación del artículo 155 fue recurrida por el Parlament de Cataluña y por Podemos, pero el Tribunal Constitucional desestimó el recurso.
- En el ámbito judicial, se inició la Causa Especial 20907/2017, conocida como el «juicio del procés,» que concluyó en octubre de 2019 con la condena a penas de prisión que oscilaron entre 9 y 13 años a 9 líderes catalanes, por delitos de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia, descartando el delito de rebelión. Estos 9 acusados quedan además inhabilitados durante 13 años “con privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos”. Otros 7 acusados no pudieron ser juzgados debido a que se exiliaron voluntariamente en otros países europeos y la extradición fue denegada repetidamente por dichos países.
- Finalmente, después de pasar dos años en prisión, el gobierno español concedió indultos a los nueve condenados en el juicio del “procés”, perdonando su condena, pero manteniendo la inhabilitación a cargos públicos. Es importante destacar que estos indultos no se aplicaron a Carles Puigdemont ni al resto de los exiliados, ya que no se puede indultar a una persona que aún no ha sido juzgada.
En estos momentos los partidos PSOE, SUMAR, ERC y JUNTS negocian, junto con otros partidos, las condiciones para la formación de un posible gobierno de coalición.
El punto más polémico de la negociación es una amnistía que eliminaría los delitos que se cometieron durante los días del referéndum de independencia de Cataluña.
Es importante señalar que, a diferencia del indulto, la amnistía borraría estos delitos sin requerir un juicio previo, lo que evitaría el juicio pendiente a los 7 líderes exiliados y eliminaría los antecedentes penales de las 9 personas juzgadas e indultadas, permitiéndoles de nuevo participar en elecciones u ocupar cargos públicos.
Nuestra opinión sobre una posible amnistía:
La amnistía genera diversas incertidumbres y suscita debates sobre su alcance, como la posibilidad de que la amnistía incluya también a los 45 policías procesados por su presunta implicación en la violencia policial.
El ministerio de Justicia aseguró en un informe de 2021 que la amnistía era «claramente inconstitucional«, pero la realidad es que hoy la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la amnistía mantiene divididos a los juristas.
Desde el fin de la dictadura, hay un precedente de una Ley de Amnistía en 1977, anterior a la Constitución, que perdonó, no solo delitos de rebelión y sedición, sino también delitos de sangre y otros delitos contra los derechos humanos mucho más graves que los cometidos el 1 de octubre. Esta ley resultó fundamental en la transición democrática que en esos años comenzaba, y resultó en la salida de prisión de sindicalistas, comunistas, anarquistas, miembros de ETA y dirigentes y funcionarios de la dictadura franquista.
Pero la medida es tan delicada y excepcional, que es esencial que cuente con un gran consenso del Parlamento
Pensamos que negociar una amnistía como condición impuesta para la formación de un gobierno y sin el necesario consenso en el Parlamento traerá más consecuencias negativas que positivas.
Para evitar esas consecuencias negativas es conveniente contar con un gran respaldo del Parlamento, que se confirme su encaje en el marco legal y que haya una declaración por parte de los imputados de no volver a cometer delitos de naturaleza semejante. De esta forma, la amnistía es una herramienta que podría desempeñar un papel crucial en la reconciliación, pero nunca como medida aislada, sino como parte de un acuerdo nacional más amplio, enmarcado en un proceso de reconciliación integral, de la misma forma que la ley de amnistía de 1977 no se promulgó de manera aislada sino como parte de un proceso de cambio político más amplio.
Abogamos por un enfoque integral que aborde las preocupaciones de todas las partes involucradas y busque sanar las heridas profundas que persisten en nuestra sociedad.
Necesitamos un acuerdo de consenso:
Consideramos que la máxima prioridad en este contexto debe ser la puesta en marcha de un proceso de reconciliación social, que permita una reflexión profunda sobre las causas del conflicto y sanar las heridas que ha generado, buscando amplios consensos.
En nuestra búsqueda de un Mundo Más Justo, queremos dejar claro nuestro posicionamiento:
- Respetamos las decisiones del poder judicial.
- Condenamos la decisión unilateral del gobierno catalán de convocar un referéndum y su posterior autoproclamación de independencia.
- Condenamos los casos en los que la actuación policial fue claramente desproporcionada durante la jornada del 1 de octubre de 2017 en contra de la dignidad e integridad física de los ciudadanos.
- Nos solidarizamos con las 1.066 personas heridas (requirieron asistencia hospitalaria) que algunas acciones policiales generaron, y con las miles de personas que recibieron contusiones de menor gravedad. Al mismo tiempo, nos solidarizamos con los 431 policías que fueron heridos de diferente consideración (10 de ellos requirieron de asistencia hospitalaria y causaron baja), por la violencia de algunos ciudadanos.
- Apoyamos el derecho de la ciudadanía a expresar sus opiniones en un entorno democrático, pero creemos que todo acuerdo debe cumplir con la legalidad vigente, pudiendo ser modificada según los mecanismos que el propio marco legal permite.
- Echamos en falta la habilitación de espacios y cauces que permitan a la clase política dialogar con pedagogía, rigor y calma, para comunicar sus posiciones legítimamente divergentes, evitando bloqueos y un uso excesivo de la propaganda. En este sentido, condenamos la falta de disposición para el diálogo tanto del gobierno catalán como del gobierno español, durante los días previos y posteriores, que contribuyó a agravar el conflicto.
- Consideramos que las negociaciones políticas para la constitución de un gobierno estable deben realizarse con transparencia, asegurando el equilibrio, promoviendo la solidaridad interterritorial y poniendo en marcha ambiciosas políticas de lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad, de protección ambiental y de construcción de paz en el ámbito internacional.
- Reprobamos las campañas de denigración promovidas por algunos medios de comunicación contra sus adversarios políticos, que han llegado con frecuencia al insulto y la humillación.
Desde el partido Por Un Mundo Más Justo (M+J), instamos a todas las partes involucradas en el conflicto político en Cataluña a hacer autocrítica, reconociendo el daño causado, y a mantener una actitud de empatía hacia las situaciones personales y sociales de sufrimiento, dejando de lado las posturas polarizadas y trabajando en pos de un entendimiento que beneficie a toda la sociedad.
Tenemos el convencimiento de que, mediante el diálogo y la búsqueda de consensos, es posible encontrar soluciones que nos permitan avanzar hacia un futuro mejor, tanto para Cataluña como para toda España.
