En los últimos años asistimos a la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones públicas y a un reiterado intento por ampliar el negocio de los fondos de pensiones privados, sobre la base de la degradación del sistema público. Además, nuevas medidas, como el factor de sostenibilidad, recortarán todavía más las futuras pensiones.
Vivimos una situación de alarma social por el peligro que corre uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, un eje de solidaridad intergeneracional e interterritorial. Las pensiones públicas no solo son un derecho, un símbolo de progreso y una conquista democrática, sino que además suponen un colchón para miles de familias, y el futuro de las próximas generaciones. Son, de hecho, la única red que evita que muchas familias caigan en la pobreza y en la exclusión social.
Golpear las pensiones públicas es atacar a los actuales pensionistas, que ven empeorar sus condiciones de vida, y a los futuros pensionistas, a los que se amenaza con una sustancial reducción de sus ingresos.
Por eso hay que protegerlas, como columna vertebral del Estado social, mediante una reforma de la Constitución que refuerce como derecho fundamental y mandato constitucional, la prohibición de la privatización de las Pensiones Públicas y la degradación de su poder adquisitivo. Si se blindó el pago de la deuda, aún con más razón hay que blindar las pensiones en la Constitución para dar prioridad absoluta al Sistema Público de Pensiones y su revalorización. Nadie puede considerar que los bancos son más importantes que las generaciones que con su esfuerzo y su vida construyen el país.
El partido Por Un Mundo Más Justo pertenece, desde su creación, a la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), que ha sido motor de un amplio movimiento de organizaciones y profesionales que, sin distinción de ideologías, credos religiosos o siglas partidistas, une a quienes creemos que ninguna diferencia política o técnica debe estar por encima de aquello que nos une: Hay que blindar las pensiones en la Constitución, reconociéndolas como un Derecho Fundamental.
Por eso desde el partido Por Un Mundo Más Justo instamos al Gobierno, y al Congreso de los Diputados, a que se promueva una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones. Recogiendo además la obligación constitucional de mantener el poder adquisitivo real de las pensiones, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto aquellas que sean favorables para ellas.
Destacamos dos vídeos de la importante manifestación que se produjo en Madrid el 17 de marzo de 2018:
Este es el último manifiesto de la MERP publicado en «El País» en julio de 2018:
