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Valoración de 4 meses de gestión migratoria del gobierno: Hipócrita y falta de humanidad.

El Gobierno presume de “no dejar a nadie atrás” mientras hace oídos sordos al movimiento de asociaciones, colectivos y entidades que reclamamos una regularización administrativa extraordinaria para las personas en situación irregular en España.

En los últimos meses el Gobierno ha publicado una serie de reales decretos, órdenes e instrucciones que han causado el mayor estado de inseguridad jurídica desde la Democracia. Entendemos que estamos ante tiempos inciertos y toda la sociedad ha tenido que adaptarse a situaciones imprevistas. Vamos a explicar por qué valoramos que la gestión del Gobierno en materia migratoria refleja además de improvisación, también una gran brecha entre las normas y su aplicación práctica, así como una profunda hipocresía y falta de humanidad.

 

Empecemos valorando las medidas tomadas durante estos meses específicamente relativas a la situación administrativa de las personas migrantes: 

 

a) Personas en situación de desempleo o cese de actividad. 

b)Trabajadores con contratos temporalmente suspendidos como consecuencia del cierre temporal de la actividad 

c) Trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo vencido durante el estado de alarma

d) Jóvenes extranjeros en situación regular de entre 18 y 21 años

La cláusula d): “Jóvenes extranjeros en situación regular de entre 18 y 21 años” está pensada para jóvenes que han sido MENAS (menores extranjeros no acompañados). Cuando estos jóvenes adquieren la mayoría de edad su permiso de residencia no autoriza a trabajar, sin embargo para renovar su residencia se les pide tener un contrato de trabajo con requisitos muy exigentes. Un auténtico callejón sin salida que provoca en la mayoría de los casos que se queden en situación irregular. Es profundamente hipócrita el uso aprovechado que el Gobierno hace con estos jóvenes, dejándoles trabajar en el sector agrario cuando conviene para mantener la actividad agrícola, mientras pone miles de trabas para que puedan regularizarse por las vías ordinarias.  

Además, este Real Decreto omite las recomendaciones de muchas entidades sociales dejando fuera a las personas solicitantes de asilo sin permiso de trabajo y a las personas migrantes en situación irregular. Se perdió así la oportunidad de reconocer el trabajo fundamental que cientos de migrantes en situación irregular realizan en el campo, muchas veces en situaciones precarias y de inseguridad. Ejemplo de esta precariedad lo hemos visto en noticias recientes, como los incendios de los asentamientos chabolistas donde viven muchos inmigantes temporeros en Huelva, o  la escalofriante noticia de un jornalero que falleció de un golpe de calor tras ser abandonado en un centro de salud de Lorca.

  • Los dos primeros meses desde el decreto de estado de alarma que suspendió los plazos administrativos con carácter general, existía una situación caótica y de gran incertidumbre para muchos de migrantes con autorización de residencia caducada. Ante esto, el 18 de mayo, el Ministro de Sanidad emitió la Orden SND/421/2020 que dispuso que quedan prorrogadas de manera automática todas las autorizaciones de residencia, trabajo o estudios que hubieran vencido durante la vigencia el estado de alarma o en los noventa días naturales previos al mismo.
  • Alguien debió acordarse entonces que entre todas las situaciones que habían previsto en la Orden citada habían omitido la situación en la que se encuentran los solicitantes de asilo, los cuales tienen un permiso de estancia que se renueva cada cierto tiempo hasta que se resuelve su solicitud. El Ministerio del Interior emitió el 21 de mayo una instrucción interna en la que se recogía que la documentación de los solicitantes de asilo queda renovada por periodos de 7 a 9 meses automáticamente. Pero esta información, que no se ha publicado en el BOE, solo está accesible en un documento informativo que la policía nacional ha colgado en su página web. Como era de esperar, esto ha incrementado más si cabe la inseguridad jurídica ya que, debido a que no está recogido en una norma y la falta de información latente también dentro de la propia administración, cada vez hay más casos de solicitantes de asilo con documentación caducada no han podido renovar sus contratos o acceder a su autorización de trabajo, abrirse una cuenta bancaria o tramitar su tarjeta sanitaria. La falta de claridad es latente incluso dentro de la propia policía, ya que, según nos han explicado diversas personas afectadas, se está aplicando la instrucción de distinta manera en cada provincia.
  • El 27 de mayo se publicó el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Una vez más, tratando de poner parches y aclarar las confusas normas anteriores, el Gobierno dispone entre otras cosas que aquellos jóvenes extranjeros que hubieran sido contratados en el sector agrario con base en el mencionado Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, podrán acceder a una autorización de residencia y trabajo de dos años. 

 

Esto fue aplaudido enseguida por muchos medios de comunicación como si el Gobierno hubiese respondido por fin a las demandas de los jóvenes extutelados. ¿Cuál es la realidad? La norma daba de plazo hasta el 30 de junio para solicitar esta residencia y llegada esa fecha, muchas oficinas de extranjería siguen sin saber ni siquiera que ese permiso de residencia existe, ni han recibido indicaciones sobre cómo tramitarlo, por lo que no han habilitado cauces para presentarla. Por lo tanto, los jóvenes que tiene derecho a esta residencia no pueden solicitarla, salvo que hayan dado con alguna entidad social que de manera creativa lo haya intentado, esperando aún respuesta. 

 

  • El 8 de junio, la Dirección General de Migraciones publicaba la instrucción 6/2020 por la que se flexibilizan algunos de los criterios para la concesión del permiso de residencia por arraigo social. Esta instrucción contiene una serie de medidas positivas para las personas que habían solicitado esta residencia, sin embargo, de nuevo se pierde la oportunidad de incluir en esta flexibilización de criterios la reducción del tiempo previo de estancia exigido para que las personas en situación irregular puedan solicitar esta residencia, que actualmente asciende a tres años. 

 

Hemos podido observar que, a pesar de la amalgama de normas que se han publicado en los últimos meses, se ha omitido expresamente la protección jurídica de las personas que se encuentran en situación irregular, aún cuando muchas de ellas suponen la mayoría de personas que trabajan en sectores esenciales para el sustento básico de nuestra sociedad, como la agricultura y los cuidados, que han sido imprescindibles durante la pandemia. Todo ello ignorando las múltiples demandas que desde todo tipo de entidades hemos hecho para promover una regularización extraordinaria. 

Ante esta demanda social, el 8 de julio Pablo Echenique, portavoz del grupo Confederal Portavoz del Grupo Confederal UP-EC-GeC en el Congreso de los Diputados, anunciaba en una rueda de prensa una propuesta para otorgar la nacionalidad española a los extranjeros que hubiesen trabajado en actividades esenciales durante la pandemia, así como para flexibilizar el procedimiento para conceder la residencia por arraigo social a los migrantes que hubiesen llegado a España antes del estado de alarma. Esta propuesta es sorprendente, en primer lugar, porque si este grupo tuviera una verdadera intención, más allá de la propaganda política, de llevar estas medidas a la práctica, debería canalizar la propuesta con una iniciativa en el Congreso de los diputados, y en segundo lugar, porque este grupo ya apoya la propuesta no de ley de la Plataforma regularización ya entregada en el Congreso el pasado 19 de junio, que tiene un contenido distinto y más amplio que la propuesta presentada por el Portavoz. Por lo tanto, la única finalidad visible de este pronunciamiento es que este Grupo gana un gran titular posicionándose a favor de la regularización, cuando en la práctica la propuesta anunciada en una rueda de prensa no tiene ningún recorrido y omite por completo la iniciativa que ellos mismos se supone que apoyan presentada en la propuesta no de ley de la Plataforma regularización ya. Por no mencionar que las personas migrantes no demandan que se les otorgue la nacionalidad como un “premio” por trabajar en sectores esenciales, sino que piden que se les incluya en el sistema reconociéndose como ciudadanos con derechos. 

Desde el Partido Por Un Mundo Más Justo pedimos al Gobierno que nos escuche, a los migrantes que vivimos en la realidad. Es urgente una regularización extraordinaria como medida excepcional para salir de esta crisis, y es además imprescindible una reforma de la ley de extranjería para que se faciliten los mecanismos para migrar de forma legal y segura. 

A pesar de que el Ministro José Luis Escrivá, alegaba que una regularización extraordinaria no es compatible con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo de 2008, cabe recordarle que, si bien el espíritu de este pacto es que los Estados miembros actúen de manera coordinada en sus políticas migratorias, no prohíbe expresamente que los Estados puedan realizar procesos de regularización extraordinaria. Es por ello que Italia y Portugal han llevado a cabo recientemente estos procesos para parte de la población. Y además, la regularización extraordinaria tiene su encaje, entre otras disposiciones, en el artículo 127 del Reglamento de Extranjería español que prevé la posibilidad de conceder permisos de residencia cuando concurran razones de interés público o seguridad nacional que lo justifiquen. Además medidas como esta ya se han llevado a cabo en el pasado por distintos gobiernos. 

Una prueba más de la hipocresía y la falta de humanidad de esta gestión es que una rueda de prensa el pasado 2 de mayo en la que se le preguntaba al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por la regularización de migrantes, este respondía: “Nosotros creo que en el ámbito del sector agrícola hemos dado una respuesta no solamente de trabajadores nacionales sino también de trabajadores que estaban acogidos a sistemas de asilo para poder ser empleados en este tipo de actividades», una afirmación falsa, pues los solicitantes de asilo no han sido beneficiarios de las medias del gobierno para el trabajo agrícola. 

Basta ya de legislar para ganar titulares, basta ya de leyes hipócritas que disfrazan de medidas sociales el uso aprovechado y propagandístico de las personas migrantes. No se trata de caridad, se trata de reconocimiento de derechos, de humanidad, de coherencia y de sentido común. No saldremos de la pandemia mientras haya personas que trabajan en la agricultura viviendo en asentamientos infrahumanos. Mientras haya personas con miedo de ir al hospital por no tener permiso de residencia. Mientras haya jóvenes extranjeros que han crecido en centros de menores y ahora están en la calle. Mientras todas estas personas, y muchas otras, estén excluidas del sistema. 

Ahora más que nunca es urgente una regularización extraordinaria, por humanidad, por coherencia y por justicia. 

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