Casi un 10% de las personas migrantes que consiguieron alcanzar las costas españolas en 2017 eran menores, según se desprende de las cifras reportadas por la Organización Internacional de Migraciones.
Cuando se trata de menores no acompañados, son inmediatamente tutelados por la Comunidad Autónoma en la que residen, siendo atendidos en Centros de Menores donde se les atiende, se les cuida y se les educa.
Cuando se trata de menores acompañados por sus familiares son naturalmente incorporados en el sistema educativo español.
Esto ocurre en toda España menos en Melilla.
Tras el informe del Comité de los Derechos del Niño de la ONU que urgía a España a mejorar las condiciones de los centros donde se alberga a los niños, el pasado 15 de febrero de 2018 el Defensor del Pueblo en funciones Francisco Fernández Marugán denunció en el Congreso de los Diputados, en relación con el trato que reciben los menores, que “en Melilla están pasando cosas demasiado desagradables”, catalogó el sistema de acogida como un sistema “barato y cruel” y abogó por “hacer cambios legislativos que eviten esta imagen de que estamos detrás de una valla o una especie de fortaleza inexpugnable”. Finalmente instó a diputados y senadores a ir a Melilla para “verlo con sus propios ojos”.
A raíz de esta denuncia del defensor del pueblo, una comisión del partido político Por un Mundo Más Justo ha viajado durante una semana a la ciudad de Melilla para verlo “con sus propios ojos”.
Lo que hemos visto es difícil de transmitir y mucho más aún difícil de comprender cuando desde el Gobierno de Melilla se pretende justificar como la forma de evitar un “efecto llamada”.
DENUNCIAMOS:
– Que en Melilla el principal centro de acogida de menores es un antiguo cuartel militar, cuyo nivel de ocupación triplica su capacidad. Los menores comparten cama o duermen en el suelo, no hay ropa ni comida suficiente, ni agua caliente y duermen hasta 8 personas en el mismo cuarto.
– Que los menores son tratados de forma violenta en dichos centros, como vienen denunciando de manera reiterada la asociación melillense Harraga y la ONG Prodein. Esta última organización denunció también que Mamadou, joven de 17 años de Guinea Conakry, murió en diciembre de 2017 cuando sufrió varias paradas cardio-respiratorias tras una paliza dada en un Centro.
– Que dadas las condiciones de estos centros, al menos 100 menores optan por vivir sin techo en las calles de Melilla.
– Que este sistema cruel de acogida empuja a los menores a hacer viajes cada vez más arriesgados como el que intentó hacer Soufiane cuando perdió su pie izquierdo al caer en los bajos de un camión al tratar de colarse en alguno de los buques con destino a la península. Soufiane murió pocos meses después en un centro de menores en enero de 2018.
– Que no se resuelven los trámites administrativos para cumplir la norma que les otorgarían por ley la residencia a los nueve meses de estancia y que cuando cumplen los 18 años, los jóvenes se quedan literalmente en la calle y en situación de completo desamparo.
– Que hay más de 100 menores nacidos en España (Melilla) que no están siendo escolarizados porque se les niega el certificado de empadronamiento.
Por todo ello, nos dirigimos al Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, recién creado por el Gobierno de Pedro Sánchez y EXIGIMOS:
– La ampliación inmediata de la capacidad de los Centros de Menores en Melilla y la mejora de la calidad de sus servicios de atención, con al menos el mismo estándar de atención que los demás centros de menores de España.
– La puesta en marcha de un servicio social especializado en Melilla para atender las necesidades específicas de los menores que duermen en sus calles.
– La implantación de un sistema de vigilancia en los centros de menores de Melilla que garantice que no son objeto de ninguna clase de violencia.
– La inmediata escolarización de todos los menores residentes en Melilla.