Paz, justicia, democracia y fraternidad para Colombia

En los últimos meses, muchos países de nuestro querido continente latinoamericano están viviendo episodios dramáticos de conflictos sociales, estallidos de violencia y crisis institucionales. Ya nos hemos hecho eco de algunos de ellos, como Nicaragua o Cuba. No podemos dejar de hacer lo mismo con lo que está pasando en Colombia y que tanto sufrimiento está provocando. Desde M+J hacemos un llamamiento a todas la partes implicadas –Gobierno, Sociedad Civil, Instituciones, Cuerpos y Fuerzas de Defensa y Comunidad Internacional- para que, cuanto antes, se encuentre una solución pacífica, democrática y en defensa de los Derechos Humanos, particularmente de las personas y colectivos más frágiles.

Los continuos desbordes de violencia evidenciados en el Paro Nacional de Colombia y de los cuales es protagonista, en mayor proporción, la Fuerza Pública, tienen preocupados a centenares de organizaciones de Derechos Humanos en el mundo.

Desde el inicio del Paro, el 28 de abril de este año, la lista de víctimas civiles no ha cesado de crecer. La mayor parte de ellas corresponde a jóvenes que forman parte de lo que se ha denominado “Primera Línea” y manifestantes que reclaman sus derechos de manera legítima.

Desde España percibimos, con gran desasosiego, como la violación a los Derechos Humanos por parte de organismos gubernamentales, continúa siendo el factor común en las ciudades en las que se expresan los jóvenes manifestantes. A pesar de que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) realizó un informe con unas recomendaciones, después de su visita en el mes de junio, éstas no han sido tenidas en cuenta por parte del Gobierno colombiano para lograr la desescalada de dichas violencias; por el contrario, y tomando como referencia el 20 de julio, día de la independencia de Colombia, algunas marchas pacíficas fueron reprimidas violentamente y con mecanismos y estrategias similares a las utilizadas en movilizaciones sociales anteriores, en las que se combinan la fuerza del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), la policía y los civiles armados, violando así los protocolos internacionales de DDHH.

Son muchas las noticias e imágenes de los atropellos cometidos que nos llegan a través de canales de información no oficiales, así como por parte de líderes sociales, comentaristas o los propios participantes en las manifestaciones. Estos registros audiovisuales han permitido visibilizar, inclusive, casos en los que personas que no participan directamente en las manifestaciones han sido afectadas gravemente (bebés, niños, mujeres embarazadas, ancianos… que han recibido gases lacrimógenos lanzados en sectores residenciales) o el uso  indiscriminado de armas consideradas “menos letales” como la venom (un lanzador eléctrico de carga múltiple), cuyo utilización ha sido rechazada por la CIDH.

Así mismo, son preocupantes las altas cifras de desapariciones forzadas. Según la ONG Temblores, a 30 de mayo ya se habían registrado 379 desapariciones, aunque la Fiscalía, a fecha de 4 de junio solo reconocía 91 casos identificados como “Personas no localizadas”.

En este contexto, es importante recordar el art. 13 de la constitución colombiana que establece que: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.

Desde el Partido Un Mundo Más Justo hacemos un llamamiento sobre la necesidad imperiosa de proteger los DDHH y las vidas de quienes los reclaman de manera legítima y optar por el camino de la construcción colectiva, democrática y pacífica.

En ese sentido, manifestamos que:

1- Ningún pueblo en ningún lugar del mundo debe ser reprimido por reclamar sus derechos fundamentales. Por eso rechazamos las detenciones arbitrarias, la desaparición de personas que apoyan el Paro Nacional y la represión violenta –por parte de cuerpos militares y de civiles- de las manifestaciones pacíficas que se vienen dando estos meses en la República de Colombia. Así mismo, nos solidarizamos con todos aquellos – y sus amigos y familiares- que han desaparecido o han sido detenidos injustamente todo este tiempo.

2-  Los problemas sociales tales como el desempleo, la pobreza o la marginación –ahondados en el presente por la pandemia de la COVID 19- tienen gran parte de su origen en la globalización asimétrica de la economía que, a menudo, lleva aparejado el recorte de derechos sociales, y el empobrecimiento de la población. Así está sucediendo en Colombia, acentuándose la desigualdad e instaurándose reglas comerciales injustas, auspiciadas por organismos internacionales como la OMC, el FMI, o el Banco Mundial, que encuentran la complicidad de la corrupción y las actuaciones no ética de las administraciones.

3 – La criminalización de los actores que toman parte en el desarrollo político y social –en el caso de Colombia, líderes sociales, indígenas, campesinos y afros-  sólo contribuye a una mayor polarización y profundización de la fractura social, por lo que hay que apostar por procesos que integren, faciliten la participación democrática normalizada en garantías de derechos y libertades y fortalezcan la convivencia y la fraternidad entre todos los habitantes de la nación. El diálogo libre y constructivo es el único camino para recuperar la amistad social tan urgente en estos momentos. Por eso abogamos por el desarrollo democrático de la sociedad colombiana y su traducción en una mayor participación libre, consciente y madura en los procesos electorales.

4 – Debe cesar inmediatamente toda represión violenta, garantizándose la posibilidad de la protesta como forma de expresar el descontento, y dando cabida a la supervisión por parte de organismos internacionales que velen por el cumplimiento de los Derechos Humanos y sancionen todo lo que se oponga a los mismos y a los acuerdos emanados de los mismos. Así mismo, instamos al Gobierno español a que cese en la venta de armas y material defensivo al Gobierno colombiano, que están siendo usados en dicha represión.

El pueblo de Colombia sabe de sufrimientos y vulneraciones de los derechos fundamentales hace tiempo. Ahora tiene una importante oportunidad para dar pasos decisivos en pos de la cohesión social, la madurez democrática y la prosperidad compartida. Ojalá todos los implicados (Gobierno, oposición, sociedad civil, instituciones religiosas y laicas, ciudadanos…) estén a la altura.

Partido Por Un Mundo Más Justo (M+J)