Por una política valiente y justa para acabar con la corrupción estructural
Desde Por Un Mundo Más Justo (M+J) manifestamos nuestra máxima preocupación ante la gravedad de los escándalos de corrupción que afectan a figuras destacadas del PSOE y también del PP. Esta situación no solo erosiona la confianza institucional, sino que revela las fallas estructurales de un sistema de adjudicaciones públicas opaco y clientelar que favorece el uso indebido del poder en beneficio propio.
En el PSOE, casos como el de Santos Cerdán, señalado por la UCO como receptor de hasta 620.000 € en comisiones ilegales y en prisión desde el 30 de junio; el del exministro José Luis Ábalos, investigado por cohecho y malversación en contratos de mascarillas durante la pandemia; o el de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, sospechosa de influir en el rescate de Air Europa, ilustran prácticas que comprometen la ética pública. También figuran David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente, acusado de beneficiarse de una plaza pública a medida en la Diputación de Badajoz, y Leire Díez, grabada solicitando datos para desacreditar a un mando de la UCO.
Y, más allá del momento actual, no podemos olvidarnos del caso de los ERE del PSOE en Andalucía, seguramente en números, el mayor caso de corrupción de nuestra historia desde la transición.
Pero la corrupción no es patrimonio de un solo partido. En el PP, la trama Púnica sigue activa con cinco exalcaldes juzgados por amañar contratos por valor de 250 millones de euros. En la Comunidad Valenciana, se adjudicaron más de 5 millones de euros a una empresa propiedad de un amigo del presidente Carlos Mazón sin procesos abiertos. En Murcia, varios ayuntamientos gobernados por el PP incurrieron en contratos verbales y adjudicaciones sin publicidad, y en Castilla-La Mancha, el Gobierno regional fragmentó contratos jurídicos por 171.000 euros para evitar licitaciones.
El problema no son solo las personas, sino un sistema que permite y tolera estos abusos. La corrupción institucionalizada es un lastre democrático y económico. Entre 2000 y 2020 se registraron en España más de 3.700 casos de corrupción política, la mayoría en el ámbito municipal. En 2023, apenas se dictaron 56 sentencias por corrupción, reflejo de un sistema judicial lento e ineficaz. Se estima que la corrupción cuesta al país entre 60.000 y 90.000 millones de euros al año, hasta un 8% del PIB. En 2025, España cayó diez puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción, lo que evidencia un grave deterioro institucional.
Estos hechos, lejos de ser aislados, tienen un patrón común: contrataciones públicas amañadas, uso de influencias, y redes clientelares que favorecen a los de siempre. Las auditorías parciales y las disculpas no bastan. Es necesario reformar profundamente el sistema de adjudicaciones para que la administración no vuelva a ser un instrumento de privilegio.
Desde M+J proponemos medidas concretas para romper con esta lógica corrupta.
En primer lugar, una Ley de Responsabilidad Política que contemple la suspensión inmediata de cualquier cargo imputado por corrupción si hay indicios razonables para ello, y su dimisión si hay condena. Esta ley debe garantizar que los cargos públicos actúen con responsabilidad, sin escudarse en los vacíos legales ni en la lentitud judicial. También debería contemplar las actuaciones ante los casos de complicidad o participación por parte del funcionariado.
En segundo lugar, exigimos una reforma valiente del sistema de contratación pública. Aunque la Ley de Contratos del Sector Público ha incorporado avances recientes —como el refuerzo de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión (OIReSCon) o el control de las prohibiciones para contratar— persisten márgenes de discrecionalidad y prácticas opacas. Apostamos por procesos 100% trazables, públicos, auditables y con criterios objetivos, que erradiquen la puerta giratoria de favores políticos y adjudicaciones encubiertas.
Por otro lado, y puesto que las principales implicadas en los casos de corrupción son empresas constructoras (que son corruptoras y tienen un gran poder mediático, pues participan en muchos de los medios de comunicación provinciales y estatales), vemos necesario explicitar esa responsabilidad y proponer medidas que la contrarresten, como prohibir o castigar fuertemente con la imposibilidad de licitar a aquellas que hayan participado en procesos de corrupción.
Además, la transparencia no debe limitarse a los datos que las administraciones quieran mostrar. La ciudadanía debe tener un rol activo en la vigilancia del poder. Proponemos la creación de observatorios ciudadanos permanentes y la adopción de herramientas digitales como las que impulsa Jaime Gómez Obregón, que permiten seguir contrataciones en tiempo real, publicar los datos en código abierto y facilitar el acceso a funcionarios y ciudadanía. Innovar en transparencia es invertir en democracia: la participación debe dejar de ser una promesa vacía y convertirse en un derecho garantizado con medios reales.
Esta exigencia de limpieza empieza por nosotros mismos. Desde febrero de 2019, Por Un Mundo Más Justo es el único partido en España que publica su contabilidad en tiempo real. No lo hacemos porque estemos obligados, sino porque creemos que la transparencia debe practicarse, no solamente proclamarse. Este compromiso es nuestra seña de identidad.
Los escándalos que hoy conmocionan al país no pueden ser un capítulo más de una larga lista de olvidos. Deben ser un punto de inflexión. Porque cuando se utiliza el poder para beneficiarse en vez de servir, no solo se traiciona a un partido o a un gobierno, sino a la sociedad entera que apostó por un futuro mejor. El caso de Ábalos, Koldo o Cerdán debe ser un recordatorio doloroso, pero también una oportunidad para cambiar el rumbo.
En Por Un Mundo Más Justo creemos que sí es posible hacer política de otra manera. No nos resignamos. Siempre defenderemos que la corrupción es evitable. Trabajamos cada día por una democracia decente, donde el poder esté verdaderamente al servicio de la ciudadanía.
Equipo de Regeneración Democrática de Por Un Mundo Más Justo
