Entre los puentes y las líneas rojas: Ante el acuerdo de gobierno PP-VOX en Andalucía.
Ante el acuerdo de gobierno PP-VOX en Andalucía
El acuerdo de gobierno alcanzado entre el Partido Popular y VOX en Andalucía nos lleva, como partido, a hacernos algunas preguntas. Por supuesto, sobre las medidas que contiene y sus consecuencias, pero también sobre nosotras y nosotros mismos: ¿qué política queremos hacer?, ¿cuáles son nuestras prioridades?, ¿qué significa para Por Un Mundo Más Justo dialogar y llegar a acuerdos con quienes piensan de manera muy diferente?
Porque un acuerdo de gobierno no debería ser solo una suma de medidas, un reparto de responsabilidades o la fórmula necesaria para alcanzar una mayoría parlamentaria. Debería expresar un proyecto para la sociedad que se quiere construir.
Y ahí es donde, para nosotras y nosotros, está la pregunta fundamental: ¿las decisiones que se proponen van a mejorar la vida de las personas? ¿Sobre todo la de quienes parten de situaciones más difíciles y tienen menos oportunidades? ¿Nos ayudan a construir una sociedad más justa y cohesionada o dejan a algunas personas fuera?
Es desde estas preguntas desde donde queremos acercarnos a este acuerdo.
NUESTRA VOCACIÓN: CONSTRUIR PUENTES
Uno de los mayores retos para Por Un Mundo Más Justo es nuestra forma de relacionarnos con quienes piensan diferente.
Vivimos en un tiempo de mucha polarización. La política se organiza cada vez más en bloques y parece que posicionarse obliga necesariamente a elegir un bando desde el que defender todo lo propio y rechazar todo lo que venga del contrario. Nosotros no queremos hacer política de esa manera.
Creemos que ninguna formación política, ni las personas que la apoyan, puede quedar fuera del diálogo democrático. Escuchar a quien piensa diferente no significa asumir sus planteamientos ni renunciar a nuestras convicciones.
Dialogar no es transigir.
Podemos estar profundamente en desacuerdo con muchas de las propuestas de otros partidos y, al mismo tiempo, escuchar lo que plantean. Podemos criticar con firmeza aquello que consideramos injusto y reconocer las propuestas que nos parecen positivas. Queremos saber identificar el trigo entre la cizaña.
Quizá una de las tareas más difíciles de la política sea precisamente esa: discernir, reconocer el trigo, venga de donde venga, y encontrar los pequeños espacios desde los que todavía es posible construir.
En el acuerdo encontramos propuestas sobre las que creemos que se puede dialogar y avanzar: la regeneración institucional y la transparencia en la gestión pública; la atención al mundo rural y la lucha contra la despoblación; la necesidad de reducir trabas administrativas que dificultan la actividad de pequeñas empresas y personas autónomas; o la voluntad de responder a problemas graves como las listas de espera sanitarias y el acceso a la vivienda.
Reconocerlo no nos hace menos críticos con el resto del acuerdo. Al contrario.
Creemos que nuestra posición ante una propuesta no puede depender solo de las siglas de quien la formule, sino de sus consecuencias sobre la vida de las personas y el bien común.
LOS PUENTES TAMBIÉN TIENEN LÍNEAS ROJAS
Nuestra voluntad de diálogo no significa que todo sea negociable.
Hay cuestiones que afectan al núcleo de lo que somos como partido: la idéntica dignidad de todas las personas, los derechos humanos, la protección de la infancia, la lucha contra la pobreza y la exclusión, la igualdad entre mujeres y hombres y el cuidado de nuestra tierra.
Y en estos ámbitos encontramos medidas y planteamientos del acuerdo que nos preocupan profundamente.
Nos preocupa una política migratoria que pueda construirse desde el miedo y la sospecha. Nos preocupa que se presente a la población migrante como una amenaza o que se alimente la idea de que los problemas de quienes tienen dificultades para llegar a fin de mes, encontrar una vivienda o acceder a determinados recursos tienen su origen en la presencia de otras personas todavía más vulnerables.
Las personas migrantes no son una realidad abstracta. Son nuestras vecinas, nuestras compañeras de trabajo, las familias con las que compartimos las escuelas y los barrios. Trabajan en nuestros campos, cuidan a nuestras personas mayores, emprenden, cotizan y forman parte de nuestra sociedad.
Defender una inmigración ordenada, una administración eficaz y el cumplimiento de la ley es perfectamente compatible con defender algo que para Por Un Mundo Más Justo es irrenunciable: la dignidad de una persona no depende de su lugar de nacimiento, de su nacionalidad o de su situación administrativa.
Nos preocupa también el anuncio de la supresión de subvenciones a las entidades sociales que, según el acuerdo, “favorezcan la inmigración ilegal”. Combatir a las mafias que trafican con personas y perseguir cualquier actuación al margen de la ley es una obligación irrenunciable de los poderes públicos. Pero esa necesaria firmeza no puede extender una sospecha injusta sobre el conjunto de las entidades del Tercer Sector.
Las entidades sociales no existen para favorecer la inmigración irregular; existen para proteger a las personas. Son quienes acompañan a familias en situación de pobreza, personas migrantes, solicitantes de protección internacional, menores en desprotección, víctimas de trata, personas sin hogar o mayores en situación de soledad.
Allí donde muchas veces la Administración no alcanza por sí sola, miles de profesionales y personas voluntarias sostienen espacios de acogida, orientación, apoyo educativo, inserción laboral, atención psicológica y protección de la infancia.
Debilitar este tejido asociativo significa debilitar uno de los principales pilares de cohesión social de nuestro país. Una democracia fuerte necesita administraciones públicas sólidas, pero también una sociedad civil fuerte, comprometida y reconocida como una aliada imprescindible para garantizar derechos, prevenir la exclusión y acompañar a quienes más lo necesitan.
Tampoco creemos en una política social que enfrente a personas vulnerables entre sí.
La pobreza no tiene nacionalidad. La precariedad laboral, los salarios insuficientes, las dificultades para acceder a la vivienda o la necesidad de apoyo social afectan a personas con historias y procedencias muy distintas.
La respuesta no puede ser decidir quién merece nuestra solidaridad y quién debe quedar fuera. La respuesta tiene que ser abordar las causas de la desigualdad y construir políticas públicas capaces de proteger a quienes lo necesitan.
Queremos detenernos especialmente en los niños, niñas y adolescentes que llegan solos a nuestro país. Más allá de cualquier debate sobre política migratoria, para Por Un Mundo Más Justo hay una realidad que nunca debería perderse de vista: son menores de edad en una situación de extrema vulnerabilidad y desprotección.
El interés superior del menor debe seguir siendo el principio que oriente cualquier actuación pública.
Compartimos la necesidad de que existan procedimientos rigurosos, que se compruebe la edad cuando existan dudas razonables y que las administraciones actúen con eficacia. Pero creemos que cualquier medida debe preguntarse también por sus consecuencias.
Si los recursos de protección dejan de ser espacios de acogida, educación y acompañamiento, corremos el riesgo de que muchos de estos menores abandonen el sistema y queden aún más expuestos a las mafias, la trata, la explotación laboral o sexual y otras formas de violencia.
La integración y la protección de la infancia no son alternativas a la seguridad; forman parte de ella.
Nos preocupa igualmente cualquier retroceso en las políticas de igualdad entre mujeres y hombres y cualquier intento de diluir la violencia machista en categorías tan amplias que terminen ocultando sus causas y dificultando su prevención.
Y creemos también que Andalucía no puede renunciar a una transición ecológica justa. Defender nuestro campo y nuestro mundo rural no debería plantearse como algo incompatible con proteger el agua, la biodiversidad y nuestros ecosistemas.
Necesitamos hacer las dos cosas y hacerlo junto a quienes viven y trabajan en nuestros pueblos.
La política no debería obligarnos siempre a elegir entre dos bienes que pueden y deben caminar juntos. Queremos seguridad y derechos humanos; actividad económica y trabajo digno; responsabilidad en el gasto y servicios públicos fuertes; cuidar nuestras raíces y seguir siendo una tierra de acogida.
Gobernar consiste también en afrontar esa complejidad.
Y NOSOTROS, ¿QUÉ ACUERDO DE GOBIERNO FIRMARÍAMOS?
Quizá esta sea la pregunta que más nos interesa hacernos.
Si mañana tuviéramos que negociar un acuerdo de gobierno, nuestra primera pregunta no sería qué responsabilidades vamos a ocupar, sino para qué queremos gobernar.
Nosotros empezaríamos mirando hacia los márgenes. No porque las demás personas no importen, sino porque creemos que la política tiene una responsabilidad especial con quienes encuentran más obstáculos para desarrollar su proyecto de vida.
Así, no dejaríamos de priorizar a las personas y colectivos excluidos o descartados, como las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo.
Miraríamos a las familias que no pueden acceder a una vivienda, a quienes tienen un empleo y aun así no consiguen salir de la pobreza, a las personas sin hogar, a la infancia que crece en barrios donde las oportunidades siguen siendo desiguales, a las personas mayores que viven solas, a quienes esperan durante meses una consulta médica o una respuesta del sistema de dependencia.
Miraríamos a las mujeres que siguen sosteniendo una parte desproporcionada de los cuidados, a las personas con discapacidad que continúan encontrando barreras, a los jóvenes que no ven la manera de construir un proyecto de vida autónomo, a nuestros pueblos que pierden habitantes y servicios y también a quienes han llegado a nuestra tierra buscando una oportunidad para vivir y trabajar con dignidad.
Y miraríamos también hacia otras latitudes y otras regiones necesitadas de la cooperación internacional y fraterna, desde el convencimiento de que nuestra tierra andaluza puede aportar al desarrollo solidario de aquellos lugares de nuestro planeta que tengan menos oportunidades que las nuestras para vivir dignamente.
La mirada local y la internacional son absolutamente compatibles. Creemos que la única prioridad justificable en conciencia es la humanitaria.
Desde ahí empezaríamos a construir.
Hablaríamos de vivienda, de sanidad y educación, de cuidados, de empleo digno y de lucha contra la pobreza. De una economía que genere riqueza, por supuesto, pero que entienda que la economía está al servicio de las personas y no al contrario.
Hablaríamos del apoyo a las pequeñas empresas, a las personas autónomas, a las cooperativas y a la economía social.
Hablaríamos de una política migratoria seria, basada en la legalidad, pero también en la humanidad, la integración y la corresponsabilidad. De una transición ecológica que cuente con el mundo rural y no deje atrás a las familias trabajadoras. De transparencia, rendición de cuentas y regeneración democrática.
Pero hablaríamos también de cómo gobernar.
Porque para nosotros eso también importa.
PARA QUÉ SE QUIERE GOBERNAR
Los acuerdos de gobierno nos obligan a preguntarnos para qué se quiere gobernar, cómo se ejerce el poder y hasta dónde está dispuesta a llegar una formación política para conseguirlo o conservarlo.
Nos preocupa una manera de entender la política en la que alcanzar el gobierno o permanecer en él termine estando por encima de los principios que cada partido dice defender.
Para Por Un Mundo Más Justo, gobernar no es ocupar instituciones ni repartir responsabilidades. Es asumir, durante un tiempo, una responsabilidad al servicio del bien común.
Los resultados electorales dan legitimidad para gobernar, pero las instituciones siguen siendo de todas y todos. También de quienes no votaron a los partidos que forman el gobierno.
Por eso creemos en gobiernos que escuchen, en parlamentos donde se dialogue de verdad y en una sociedad civil que participe en las decisiones públicas. Ninguna fuerza política tiene todas las respuestas y la política no sucede únicamente dentro de los parlamentos.
Sucede también en los barrios y en los pueblos, en las asociaciones, los centros educativos, las empresas, las entidades sociales y en tantos lugares donde las personas intentan responder juntas a sus problemas cotidianos.
Queremos una política que sepa escuchar todo eso.
Una política que no necesite demonizar a nadie ni convertir a una parte de la sociedad en enemiga de otra. Que sea capaz de sentarse con quienes piensan diferente, reconocer las coincidencias y empezar a trabajar desde ellas.
Y queremos, al mismo tiempo, una política que sepa decir que no.
Que defienda los derechos humanos también cuando hacerlo sea incómodo. Que se sitúe junto a quienes tienen menos voz y menos poder. Que sea capaz de reconocer un acierto en quien piensa de manera muy diferente y también de señalar una injusticia cuando la comete alguien cercano.
Seguramente esa manera de hacer política sea más difícil.
Pero es la que queremos intentar.
ANDALUCÍA, TIERRA DE LUZ
Andalucía sabe lo que significa emigrar y también lo que significa acoger. Conoce la riqueza de la diversidad y las heridas que deja la desigualdad. Conoce la fuerza de sus pueblos, de sus barrios y de sus comunidades.
Nuestra tierra puede aspirar a mucho más que administrar las urgencias o reproducir las trincheras que dividen a nuestra sociedad.
Nos gustaría construir una Andalucía que sea, verdaderamente, Tierra de Luz.
Una tierra donde nuestros mayores estén cuidados y nuestros jóvenes puedan imaginar un futuro. Donde los pueblos sigan vivos y los barrios no sean condenados por su código postal. Donde la infancia sea protegida y las mujeres tengan las mismas oportunidades y puedan vivir libres de violencia.
Una Andalucía que elimine las barreras que todavía excluyen a las personas con discapacidad; que reconozca la aportación de quienes llegan y construya con ellas un proyecto común de convivencia; que cuide su campo y su patrimonio natural; que genere empleo digno y entienda la economía como una herramienta al servicio de la vida.
Y también una Andalucía capaz de escucharse.
Este es el lugar desde el que Por Un Mundo Más Justo quiere hacer política.
Tenemos líneas rojas porque creemos que hay cuestiones que no pueden depender del cálculo político ni de las necesidades de una mayoría parlamentaria. La dignidad de las personas, la protección de la infancia, los derechos humanos o la lucha contra la pobreza y la exclusión no pueden convertirse en moneda de cambio.
Pero también queremos seguir buscando el trigo. Reconocer lo que puede ser bueno, venga de donde venga, y trabajar desde las coincidencias que existan, aunque sean pequeñas.
Seguramente sea más fácil instalarse en uno de los bloques.
Pero no es esa la política que queremos hacer.
Queremos tender puentes.
Y cruzarlos.
