Resultados Elecciones Euskadi 2024: ¡¡1.628 gracias!!

Crecemos un 48% en votos, y en pocos años ya seremos la primera fuerza extraparlamentaria del País Vasco.

Ignacio Lijó, coordinador de la sede M+J Euskadi: "Damos las gracias a los votantes por su confianza que nos da muchísima fuerza para seguir aumentando nuestra presencia y trabajando en nuestros municipios incidiendo en realidades injustas".

La fuerza de la escucha. Por una Euskadi inclusiva y diversa.

Entzutearen Indarra. Euskadi inklusibo eta askotarikoaren alde.

Llevamos años saliendo a la calle experimentando la fuerza de la escucha. Tus preocupaciones y tus ideas marcan nuestra propuesta política. Queremos una Euskadi inclusiva y diversa. Pedimos ahora tu voto para lograr juntos, una Euskadi más justa.

Con tu voto y apoyo, M+J sigue creciendo, sigue escuchándote en las calles, en reuniones y asambleas de nuestros barrios. Nuestra política humanista y transversal es necesaria para Euskadi.

Propuestas principales

  • Exigir la revitalización de la atención primaria de salud, dedicándole un 10% más del presupuesto en sanidad: mejores condiciones de trabajo para los médicos de cabecera, menos burocracia y menos listas de espera.
  • Presionar para que en Madrid, se apruebe la Iniciativa Legislativa Popular para una Regularización Extraordinaria de Personas Migrantes que hemos impulsado junto a más de 900 organizaciones y logró más de 600.000 firmas. Esta ILP cambiará la vida de 500.000 personas.
  • Incidir para que se desarrolle un programa de ayudas públicas a la juventud que garanticen ingresos suficientes para la emancipación.
  • Apoyar una estrategia vasca para hacer frente a un problema que crece en Euskadi: la soledad no deseada. Cerca del 40% de las personas que tienen más de 80 años la sufre y alrededor de un 30% de entre 25 y 34 años. Y mientras más pobres, más soledad.
  • Impulsar la aplicación de la Ley por el derecho a la vivienda en Euskadi que posibilite hacerse cargo ya de la crisis de acceso a ella.
  • Combatir la corrupción y el clientelismo, impulsando una Ley de Transparencia que proteja al denunciante y una contabilidad pública en tiempo real.

Eventos

45 propuestas y 7 invitaciones

A continuación encontrarás estas y otras tantas medidas y compromisos. Se trata de 45 propuestas -varias adoptadas de entidades sociales- enmarcadas en 7 GRANDES INVITACIONES que responden a grandes retos que tenemos en Euskadi. Lo hacemos con nuestro propio estilo de hacer política desde hace 20 años, basado en el rigor, el respeto y la fraternidad.

  1. ESCUCHEMOS LAS VOCES MENOS ESCUCHADAS: POBREZA Y MIGRACIÓN. ENTZUN DITZAGUN GUTXIEN ENTZUTEN DIREN AHOTSAK: POBREZIA ETA MIGRAZIOA.
  2. CUIDEMOS Y ACOMPAÑEMOS: INFANCIA, JUVENTUD Y MAYORES. ZAINDU ETA LAGUN DEZAGUN: HAURRAK, GAZTEAK ETA ADINEKOAK.
  3. DEFENDAMOS DERECHOS: VIVIENDA Y SANIDAD. ESKUBIDEAK DEFENDA DITZAGUN: ETXEBIZITZA ETA OSASUNA.
  4. PROTEJAMOS EL MEDIOAMBIENTE Y PROMOVAMOS LA VIDA DE LOS PUEBLOS. INGURUMENA BABES ETA HERRIETAKO BIZITZA SUSTA DEZAGUN.
  5. POTENCIEMOS UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE TODAS LAS PERSONAS. INDAR DEZAGUN PERTSONA GUZTIEN ZERBITZURA DAGOEN EKONOMIA.
  6. CONSTRUYAMOS UNA POLÍTICA TRANSPARENTE Y DEL ENCUENTRO. ERAIKI DEZAGUN POLITIKA GARDENA ETA ELKARTZEKOA.
  7. COOPEREMOS PARA HACER UN MUNDO MÁS JUSTO Y EN PAZ. LAGUN DEZAGUN MUNDU BIDEZKOAGOA ETA BAKETSUAGOA EGITEN.

I. ESCUCHEMOS LAS VOCES MENOS ESCUCHADAS: POBREZA Y MIGRACIÓN

Hay cifras en Euskadi que invitan a la autocomplacencia: renta media récord, indicadores altos de bienestar personal, algunos indicadores sociales que sitúan a Euskadi en el podio de las autonomías… Todo bien. Pero no podemos caer en la autocomplacencia. En Euskadi hay mucho que hacer.

La pandemia 2019-2022 dañó especialmente a las personas más pobres y aunque la situación ha mejorado en los últimos dos años, la brecha generada está lejos de cerrarse. Los últimos datos que se han obtenido (EAPN, 2023) señalan que: 

  • En Euskadi cerca de 350.000 personas está en riesgo de pobreza y exclusión, mientras que antes de la pandemia no superaban los 275.000. 
  • Peor aún, en cuanto a la pobreza severa, de 2020 a 2022 esta aumentó de un 3,8% a un 5,2%. Dentro de los colectivos en riesgo, las personas extranjeras tienen una especial vulnerabilidad y su exclusión política hace que sea más difícil salir de la pobreza. Muchas de ellas, en el contexto de la pandemia, terminaron viviendo en la calle (el 78% del total) (Gobierno Vasco, 2022).

 

En M+J a la pobreza y la exclusión le ponemos rostro, con nombres y apellidos. Trabajamos con ellos y son parte nuestra. Son nuestra prioridad política y queremos que lo sean para la Administración Pública. Por eso trabajaremos para:

 

  • Incidir políticamente en Euskadi para que se apruebe en el Congreso de los Diputados la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas migrantes que se encuentran en total desprotección durante años. En M+J nació la Iniciativa Legislativa Popular que terminó convocando a más de 900 organizaciones y reunió 600.000 firmas de apoyo para esta regularización. Hoy es hora de convencer a los grandes partidos de la justicia de esta propuesta. 
  • Escuchar activamente a los colectivos que se encuentran en mayor riesgo de pobreza y exclusión en Euskadi y promover su participación en la vida política. Queremos seguir generando redes de escucha y conversación con asociaciones que reúnen a personas en riesgo social. La mayoría de nuestra militancia participa, desde hace años, de manera voluntaria en organizaciones sociales que buscan la inclusión social y la restitución de derechos. Hoy como partido destinamos prioritariamente recursos y tiempo de calidad a escuchar a las personas más excluidas y promover su participación política. 
  • Promover espacios de reflexión sobre las causas actuales y posibles soluciones a la pobreza y exclusión en Euskadi hoy. Hay necesidad de que se renueve el trabajo conjunto de organizaciones de la sociedad civil (Tercer Sector), universidades e instituciones públicas: actualizar la mirada, las estrategias y los objetivos que quedaron desfasados tras la pandemia. 
  • Impulsar políticamente las medidas sociales que nacen del diálogo social. Para ello valoraremos la promoción y apoyo de iniciativas legislativas populares autonómicas. 
  • Crear una cultura de la acogida y del encuentro con la persona migrante en la administración pública. Se requiere un trabajo en todos los municipios y servicios públicos. Este foco en la administración pública debería ir en armonía con un trabajo de sensibilización social que haga frente a la cultura del odio al diferente. 
  • Velar por la aplicación integral del enfoque de igualdad de género en las políticas públicas, en particular, las dirigidas a las personas más empobrecidas y excluidas. Todas las acciones “deben buscar la equidad de género y han de tener en cuenta impacto diferenciado para mujeres y hombres”. Se debe también luchar contra la “discriminación múltiple que viven las mujeres con discapacidad física, sensorial o intelectual, problemas de salud mental, discriminación por razón de origen u otra” (Sareen Sarea, 2024).
  • Hacer seguimiento de las actuaciones de las autoridades y exigir el cumplimiento de sus programas y compromisos, en especial en aquellos apartados que tratan de medidas sociales. A veces, avanzaríamos más sencillamente cumpliendo lo ya legislado o comprometido.

Promover el ejercicio de los derechos a personas no adaptadas al medio digital. Apoyamos toda iniciativa que reduzca la brecha digital y habilite a personas para el ejercicio de sus derechos. Además es necesario que se permita que los trámites actuales en la Administración Pública no sean exclusivamente electrónicos y, en aquellos casos en que estén establecidos de esta forma, que exista la posibilidad de asesoramiento (Sareen Sarea, 2024).

II. CUIDEMOS Y ACOMPAÑEMOS: INFANCIA, JÓVENES, Y MAYORES

En Euskadi necesitamos impulsar un gran movimiento por el cuidado y el acompañamiento. Una parte importante de nuestra población necesita más protección, apoyo y experimenta una soledad que no desea. 

  • La tasa de natalidad en Euskadi sigue cayendo año a año, como ha sucedido desde 2014 (INE, 2022). Un factor importante de esta caída tiene que ver con los cuantiosos gastos que supone la crianza y que muchas familias no pueden asumir (Save the children, 2022).  
  • Euskadi es de las comunidades que más invierte en prestaciones para personas en situación de dependencia, pero las listas de espera para obtener el reconocimiento de ella y la de aquellos que esperan la prestación han superado el 20%. Hay indicios de un importante deterioro en el sistema. 
  • Hay datos que muestran que la soledad no deseada afecta a una de cada cuatro personas en Euskadi. Este porcentaje aumenta notablemente en adultos jóvenes hombres (30%), personas mayores de 80 años (40%) y personas más empobrecidas (Martín Roncero y González-Rábago, 2020).  

Estos son tres de los importantes desafíos que debemos enfrentar los próximos años. Hace pocas semanas el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos de las tres principales capitales firmaron un acuerdo con 14 compromisos para un futuro Pacto de País por los Cuidados. Se trata de una declaración de principios sin líneas de trabajo. Lo cierto es que para que ese futuro pacto se traduzca en bienestar real de las personas se requerirá el empuje de la sociedad civil y de los partidos políticos. De ahí que trabajaremos para: 

 

  • Impulsar una nueva Ley de Apoyo a las Familias que modifique la anterior del año 2008. Esta debe tener una mirada actualizada sobre las dificultades que las familias tienen hoy para criar y cuidar a la infancia y un sistema de apoyo multidimensional que garantice condiciones económicas para una crianza responsable.
  • Hacer seguimiento y promover el desarrollo de la recientemente aprobada Ley de Infancia y Adolescencia del País Vasco. Hay que ayudar a que el paradigma de la infancia y la adolescencia como sujeto pleno de derecho se impregne transversalmente en las políticas públicas. 
  • Fortalecer y consolidar los espacios de participación infantil en los órganos de las Administraciones locales, forales y autonómica. En particular, se requiere “desarrollar una reglamentación específica que ofrezca un marco mínimo supletorio sobre las formas de asociarse de la infancia y promocionar desde las administraciones educativas las vías de participación estudiantil” (Sareen Sarea, 2024).
  • Impulsar el desarrollo de la nueva Ley Vasca de Educación en particular en lo referido a revertir la segregación escolar en Euskadi. En diciembre de 2023 se aprobó la nueva Ley Vasca de Educación que incluye importantes avances. Entre otros, reconoce el grave problema de segregación escolar presente en el País Vasco: la tercera comunidad autónoma con peores índices en la materia (Save the Children, 2023). Ahora bien, para que la ley se cumpla se necesitan medidas concretas, cambios reglamentarios y políticas públicas que promocionar. 
  • Presionar por el justo cumplimiento de la Ley de Dependencia apoyando simplificaciones burocráticas y el aumento de recursos para que las listas de espera se reduzcan notablemente. No puede ser que personas fallezcan esperando una prestación que la misma ley le reconoce. 
  • Llevar la soledad no deseada a un nivel de priorización política y social mayor. El Gobierno Vasco hasta ahora ha abordado el problema de la soledad no deseada dentro del marco de programas más amplios dirigidos a personas mayores (Agenda Nagusi y Euskadi Lagunkoia Sustraietatik). Trabajaremos para que fruto del diálogo social y la experiencia en otros países se impulse una Estrategia Vasca para enfrentar la Soledad no deseada que incluya a toda la población -también a adultos jóvenes-. El problema seguramente va a ir creciendo y se requiere investigación, reflexión y acción (en Japón ya existe un ministerio dedicado exclusivamente a esto).

Apoyar el acuerdo de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi para el futuro Pacto Vasco por los cuidados, impulsando todas las iniciativas y modificaciones legislativas y administrativas que se requieran para concretar dicho acuerdo (Sareen Sarea, 2024).

III. DEFENDAMOS DERECHOS: VIVIENDA Y SANIDAD

En noviembre de 2023, el 77% de las personas encuestadas en Euskadi calificaba la actuación del Gobierno Vasco en materia de vivienda como regular o mala. Mientras, la calificación en lo referido a la sanidad era solo un poco mejor: un 67% la calificaba como como regular o mala (Gobierno Vasco, 2023a).  

Estos números reflejan la dificultad que tiene una parte importante de la población para poder acceder a una vivienda y a una atención sanitaria digna. Dos datos:

  • En Euskadi se contabiliza un total de 114.396 personas con necesidad de acceso a una vivienda. De ellas 94.975 son personas que tienen entre 18 y 44 años y que necesitan acceder a su primera vivienda, correspondiendo casi al 15% de la población de dicho grupo de edad (Gobierno Vasco, 2023b).
  • El gasto público en sanidad presupuestado para el 2024 representa el 5,5% del PIB vasco, considerablemente más bajo que el de la media española (7,7%), siendo una de las comunidades más envejecidas. En cuanto al % del gasto en sanidad destinado a Atención Primaria este ha ido cayendo paulatinamente desde 2010 hasta 2021 (últimos datos) y el número de médicos y enfermeros actuales en atención primaria responde solo a la media estatal, un indicador bajo si se considera la riqueza relativa y la demanda sanitaria de Euskadi (FADSP, 2024).

El reto de una vivienda y una sanidad digna, que no dependa de las condiciones económicas demanda una priorización importante de estas materias en el presupuesto. Por ello, en M+J trabajaremos para:

 

  • Apoyar la aplicación en Euskadi de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda que posibilite hacerse cargo ya de la crisis de acceso a ella. El Gobierno Vasco la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional focalizándose en una supuesta vulneración de las competencias autonómicas. En M+J creemos que se trata de una ley que amplía derechos y posibilita la necesaria intervención pública en el mercado de la vivienda para posibilitar su acceso a la ciudadanía. 
  • Mejorar el acceso a la vivienda. En particular, tal como indica la Ley de Vivienda, se debe limitar el precio de los alquileres y rehabilitar casas, poniéndolas en alquiler social. A su vez, es importante potenciar el  seguimiento y control a las viviendas gestionadas por Etxebide, ampliando a su vez las condiciones de acceso a ellas.
  • Incidir para que se desarrolle un programa de ayudas públicas a la juventud que garanticen ingresos suficientes para la emancipación. Salario, empleo y vivienda digna son cruciales para el desarrollo integral de la juventud.
  • Priorizar la prevención y detección de riesgo y situaciones de exclusión residencial, la erradicación del sinhogarismo y la infravivienda. En particular hay datos que hablan de un aumento notable entre 2018 y 2022 de personas sin hogar, algo que hemos percibido en nuestro trabajo en organizaciones sociales (Gobierno Vasco, 2022). La mayoría de estas personas son personas migrantes y muchas ellas en situación irregular (Foessa, 2022). Como M+J haremos seguimiento de la Estrategia vasca contra la exclusión residencial grave, de tal forma que oriente la acción pública en favor de toda persona sin exclusiones de ningún tipo.
  • Exigir la revitalización de la atención primaria de salud, dedicándole un 10% más del presupuesto en sanidad: mejores condiciones de trabajo para los médicos de cabecera, menos burocracia y menos listas de espera. 
  • Desarrollar la Estrategia de Salud Mental de Euskadi. Esta debe utilizar “un enfoque de derechos humanos y preventivo, incrementando los recursos y con dotación presupuestaria adecuada para aplicar dicho enfoque” (…) Se debe garantizar el acceso universal y gratuito a la atención psicológica y psiquiátrica para toda la ciudadanía (Sareen Sarea, 2024).

Fortalecer la coordinación entre lo social y lo sanitario. En particular, apoyamos la colaboración de los entes públicos con el Tercer Sector Social en el apoyo psicosocial para la atención y prevención de los problemas de salud mental (Sareen Sarea, 2024).

IV. PROTEJAMOS EL MEDIOAMBIENTE Y PROMOVAMOS LA VIDA DE LOS PUEBLOS

Euskadi, como el resto del planeta, se enfrenta a momentos críticos ante la emergencia climática que estamos viviendo. Una crisis multifactorial que requiere que la cuestión ecológica sea puesta en lugar prioritario. ¿Qué puede hacer Euskadi? Primero, cumplir lo comprometido en la nueva Ley Vasca de Transición Energética y Cambio Climático aprobada en febrero de 2024. Y segundo, exigirse más: al menos dos de los objetivos claves a alcanzar en 2030 son insuficientes. 

  • Se fija como meta una reducción de 33% en la emisión de gases de efecto invernadero, mientras la Unión Europea considera una reducción de un 55%.
  • Se establece como objetivo una penetración de las energías renovables de solo un 32% frente al 42,5% de la Unión Europea.
  • La protección al medioambiente también pasa por asegurar unos estándares más altos de prevención de desastres y resguardo de parajes naturales. Estos años ha habido que lamentar lo sucedido en el vertedero de Zaldibar (2020), la sequía en Bakio (2022) y la destrucción potencial de Urdaibai (2023-2024).

La crisis medioambiental es una crisis que exige cambios en nuestro modo de vida. Y la vuelta a los pueblos se vislumbra cada vez más como un camino de sostenibilidad humana y ecológica. Pero para ello se requiere que la acción política se oriente a restablecer equilibrios y potenciar servicios públicos que hagan posible la crianza, la educación y el empleo. Por todo ello, M+J trabajará para:

 

  • Hacer seguimiento a los objetivos establecidos por la nueva Ley Vasca de transición Energética y Cambio climático: emisiones de gases de efecto invernadero, consumo energético y penetración de energías renovables. Alcanzarlos supone comenzar a hacer cambios ya. 
  • Incidir para que se establezcan en Euskadi objetivos de transición ecológica más ambiciosos, en línea con la UE: una reducción de gases del 55% para 2030, en vez del objetivo del 33%, y una penetración de energías renovables del 42,5% para 2030, en vez del objetivo del 32% (Comisión Europea, 2024). 
  • Exigir la protección de los ecosistemas y la gestión del medio ambiente sostenible. Se debe exigir estándares más altos de protección de la biodiversidad y de los recursos hídricos locales y animar a la movilización ciudadana cuando proyectos con una mirada de corto plazo puedan redundar en daños irreparables para el ecosistema y las próximas generaciones.  
  • Impulsar un aumento considerable del presupuesto de municipios de menos de 100.000 hab. a través de una Iniciativa Legislativa Ciudadana que exija una reforma a la Ley de Haciendas locales. El modelo actual de distribución de la financiación proveniente de los Presupuestos Generales del Estado hacia los municipios lleva a que municipios de más de 1.000.000 hab. perciban una aportación de 634€ por hab. mientras que municipios con menos de 5.000 hab. reciban solo 217€ por hab. En Euskadi y en toda España debemos movilizar a la ciudadanía para exigir una reforma a una ley que es regresiva y bloquea el desarrollo de la vida de los pueblos (www.municipalistas.es). 
  • Luchar contra la desigualdad territorial en Euskadi. Ninguna persona debería verse obligada a migrar … también en Euskadi. Se debe tener una especial atención aquellos territorios que presentan una mayor despoblación y atender a sus causas: una de ellas es La Rioja Alavesa. Esta región está inmersa en la crisis agraria y acusa un importante deterioro en los servicios públicos. Situación similar se vive en Encartaciones en Bizkaia, con poco acceso a transporte público, escaso tejido empresarial y dificultades de acceso a la vivienda.  

Velar porque se asegure la satisfacción de las necesidades sociosanitarias de la población a toda persona con independencia de donde vivan. En particular, se deben implantar Servicios Sociosanitarios de proximidad con participación y coordinación entre la Administración Autonómica y la Local.

V. POTENCIEMOS UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE TODAS LAS PERSONAS

Aunque la renta media alcance niveles altos en Euskadi y el paro se sitúe en el 6,33%, el nivel más bajo de los últimos 15 años (INE, 2024), la preocupación por los sueldos precarios, el desempleo y el futuro laboral sigue siendo la más alta en la ciudadanía vasca (Gobierno Vasco, 2024a). Esto puede tener muchas explicaciones, pero una de ellas es que ni la renta ni el paro se distribuye de igual forma en todos los grupos socioeconómicos. De hecho, en un mundo -no deseable- donde no existieran más transferencias que las pensiones de jubilación y las de supervivencia, la tasa de pobreza en Euskadi aumentaría al 17,4% y la de pobreza severa al 10,2% (EAPN, 2023). Dicho de otro modo, la economía vasca no garantiza ni empleos ni sueldos dignos para un importante conjunto de la población y es la justa y necesaria acción compensatoria del Estado lo que posibilita tasas de pobreza menores.  

¿Cómo garantizar empleos y sueldos dignos? ¿Cómo generar las condiciones para que toda persona en edad de trabajar pueda desarrollarse humanamente a través del trabajo y con una justa retribución? Este es un desafío en el mundo entero, y también en Euskadi. Por todo esto, M+J trabajará para:

  • Impulsar el desarrollo de la nueva Ley Vasca de Empleo, promulgada en diciembre de 2023, en particular en lo referido a la promoción del derecho a un empleo digno, inclusivo y de calidad para aquellas personas que tienen más dificultades de acceder al mercado laboral. Entre otras acciones, se deben “articular medidas que fomenten la conciliación y la corresponsabilidad” (Sareen Sarea, 2024)
  • Presionar para que se incorporen cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública. Debemos “implementar medidas específicas de apoyo al empleo de personas en riesgo de exclusión y de personas con discapacidad en los pliegos de contratación de bienes y/o servicios de las administraciones públicas” (Sareen Sarea, 2024).
  • Apoyar el recién actualizado Órgano de Evaluación de Políticas de Empleo e Inclusión. Este fue creado en diciembre de 2022 y rediseñado en diciembre de 2023 con la nueva Ley de Empleo. Tendrá la responsabilidad de la evaluación en Euskadi de la política transversal de inclusión social y, en particular, la política sectorial de empleo.
  • Impulsar políticas activas de empleo que hagan frente al desempleo juvenil y faciliten su incorporación al mercado laboral en condiciones que permitan su autonomía personal.
  • Apoyar ventajas fiscales y de cotizaciones a aquellas compañías, especialmente PYMES y Autónomos, que ofrezcan a los jóvenes recién salidos de la Universidad empleos fijos, con un salario digno y con un plan de carrera y de mejora a lo largo de los años (pago de trienios de antigüedad, posibilidad de promoción, etc.) y que establezcan una menor diferencia entre salarios dentro de la misma empresa.
  • Promover el emprendimiento en el ámbito de la Economía Social y Solidaria. En particular, se deben crear programas de apoyo con “itinerarios y herramientas diferenciadas y considerando públicos específicos (mujeres, inmigrantes, jóvenes, etc.)” (Reas Euskadi, 2024).

Hacer de Euskadi una referencia mundial en lo referido al desarrollo de empresas sociales y cooperativas. Existe una tradición rica en Euskadi de la que hay que hacerse responsable y proyectarla para las próximas décadas al servicio no solo de esta comunidad. El Gobierno Vasco debe apostar por el fomento de empresas y cooperativas comprometidas en llevar adelante su función social, en las que ésta sea su prioridad y sobre ella gire su gestión estratégica, sin olvidar el beneficio imprescindible para su supervivencia. La investigación académica en la materia y la búsqueda de modelos innovadores debe acompañar este proceso.

VI. CONSTRUYAMOS UNA POLÍTICA TRANSPARENTE Y DEL ENCUENTRO

Cuando a la ciudadanía vasca se le consulta por su grado de bienestar personal lo que peor califica es su grado de confianza en los poderes públicos: Sistema político (Gobierno, Partidos políticos, Sindicatos), Sistema judicial (Juzgados, Jueces, abogados) y Policía (Policía Nacional, Ertzantza, Guardia Civil). Sí en 2017 la media de confianza en los poderes públicos era de un 4,46, en 2022 esta se encuentra en un nivel prácticamente similar: un 4,73, de un máximo de 10 (Eustat, 2024).

La confianza ciudadana en los poderes públicos evidentemente depende de muchos factores, pero si hay algo que la perjudica es la constatación de abusos de poder. El “Cartel de consultorías” y el “Caso de Miguel” han sido los casos más sonoros estos últimos años de tramas de corrupción y clientelismo en Euskadi; pero ¿cuántos otros casos como estos no han llegado a la luz pública y los tribunales? La confianza se daña y es necesario dar saltos cualitativos en transparencia e integridad.

Por otra parte, como pueblo vasco tenemos que seguir dando pasos en confianza mutua respecto a las heridas profundas provocadas por décadas de violencia política y terrorismo. La disolución de ETA en 2018, las penas de prisión y los planes de Justicia Restaurativa llevados a cabo estos últimos años han sido cruciales en esta línea; pero ¿cómo seguir avanzando hacia una reconciliación real que no sea un simple “dar vuelta la hoja”? La historia muestra que ante traumas históricos, lo que no se sana hoy, reaparecerá mañana. Es algo que se lo debemos a las próximas generaciones.

Por una política de la confianza y el encuentro, en M+J trabajaremos para:

 

  • Apoyar una Ley Vasca de Transparencia que incluya medios de protección a denunciantes de irregularidades y hechos que puedan contener indicios de corrupción. Apoyamos también la creación de un órgano autónomo que acoja reclamaciones ante incumplimiento de la ley.
  • Promover la transparencia financiera de los partidos políticos en Euskadi y aplicarla en la gestión del Gobierno Vasco por primera vez esta legislatura. Pretendemos el acceso en tiempo real a movimientos bancarios, balance de cuentas y facturas, tal como lo viene haciendo M+J desde 2019.
  • Seguir deslegitimando el uso de la violencia en cualquier espacio de la vida política vasca, promoviendo una cultura de la  memoria, la dignidad, la convivencia y los derechos humanos de toda persona. Creemos importante que a través de relatos, mensajes, gestos y acciones: ayudemos a recordar que la violencia nunca debió ejercerse en nuestro país; y podamos ofrecer mayores espacios de reconocimiento a las víctimas del terrorismo en todos los municipios de Euskadi. Para ello es necesario que los planes  trianuales del Instituto de la memoria, la convivencia y los derechos humanos (GOGORA) se implanten en cada uno de los municipios con su asesoramiento y seguimiento. Así que toda la ciudadanía puede tener la oportunidad de evaluar y validar los nuevos planes. 
  • Apoyar los procesos de Justicia Restaurativa que se están llevando a cabo en Euskadi para todo tipo de delitos, incluyendo los de terrorismo. Estos programas priorizan las necesidades de las víctimas directas y sus familiares -la búsqueda de la verdad y la reparación- pero también abren canales para una rehabilitación real de las personas que han cometido crímenes. Apoyamos en M+J el desarrollo de la Estrategia Vasca de Justicia Restaurativa.

Impulsar iniciativas de diálogo que favorezcan el encuentro y la reconciliación. Se requiere espacio y tiempo de calidad para dialogar sobre el momento actual de la convivencia en Euskadi y que se den nuevos pasos para avanzar en la sanación de las heridas del pasado. Así se sentan las bases para la no repetición futura de la violencia y el terrorismo. En este sentido, creemos que se debe apostar con más firmeza para que la mayoría de centros educativos pongan en marcha el «Modulo Educativo Adi-adian» del Gobierno Vasco (aprendizajes de dignidad humana, convivencia y empatía mediante una experiencia de escucha de testimonios de víctimas). También debemos pensar en nuevos lugares-espacios que nos puedan ayudar a honrar a las víctimas sin revanchismos y que, a la vez, nos permitan pensar sobre lo que no debemos repetir como pueblo vasco.

VII. COOPEREMOS PARA HACER UN MUNDO MÁS JUSTO Y EN PAZ

En febrero de este año 2024 se aprobó la nueva Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad con apoyo transversal en el Parlamento Vasco. Como M+J aplaudimos este hito que fija el marco para las futuras políticas de cooperación para el desarrollo y, en particular, se compromete a que se destine a ellas el 0,7% del presupuesto del Gobierno Vasco. El proceso participativo llevado a cabo y que buscó los consensos más amplios también es muy destacable.

¿Qué se debe hacer ahora? Impulsar su cumplimiento. Lamentablemente la ley anterior de 2007 fue sistemáticamente incumplida por el Gobierno Vasco (Coordinadora de ONGD Euskadi, 2024).

Por otra parte, el mundo actual está sumido en una escalada bélica que hace que no sea descartable una nueva guerra mundial con bloques de naciones enfrentados en búsqueda de garantizar un orden de fuerzas que los favorezca. Una reciente encuesta señalaba que un 75% de la ciudadanía vasca se mostraba muy preocupada por las guerras actuales (Gobierno Vasco, 2024b). ¿Qué debemos hacer en Euskadi para colaborar con un movimiento mundial por la paz que ponga freno al sufrimiento de millones de personas? 

En vistas de aportar a la construcción de un mundo más justo y en paz, en M+J trabajaremos para:

 

  • Impulsar el cumplimiento de la recién aprobada Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad, incluido el objetivo de destinar a estos objetivos el 0,7% del presupuesto del Gobierno Vasco. Debemos apoyar su desarrollo y velar por el cumplimiento de su espíritu: la promoción de los derechos humanos y la erradicación de las desigualdades injustas entre países y al interior de estos. Se debe también acordar una hoja de ruta para dar cumplimiento cuando antes a los objetivos presupuestarios.
  • Defender en Euskadi una educación para la ciudadanía global para todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Esta debe ayudar a tener una mirada global de los problemas, a cultivar un interés y aprecio por la diversidad cultural y social, y a fortalecer su responsabilidad con la justicia y la paz en el mundo.
  • Apoyar el que las entidades del Tercer Sector -en particular las ONGD- sean protagonistas de la política pública de Cooperación. Estas deben participar activamente en el desarrollo de la nueva ley. A su vez, reconocemos la necesidad de “fortalecer la realidad de los agentes de cooperación” (Sareen Sarea, 2024)
  • Movilizar a la ciudadanía vasca para que el Estado Español y la Unión Europea trabajen por la imperiosa reforma que requiere la ONU. En particular, hay que presionar para que se elimine el derecho a veto que tienen los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad en lo referido a resoluciones ante conflictos armados. La inoperancia de la ONU ante la guerra en Ucrania y especialmente en Gaza, han actualizado esta urgencia (ver https://www.porunmundomasjusto.es/la-onu-ante-su-hora-de-la-verdad-renovarse-o-rehacerse/).  
  • Apoyar en Euskadi al movimiento mundial que pide paz, justicia y diálogo entre naciones. En M+J, en particular, apoyamos entre otras cuestiones:
  • un alto al fuego en Ucrania sin condiciones y la apertura de una negociación entre la OTAN, Ucrania y Rusia;
  • un alto al fuego en Israel sin condiciones y el comienzo de una ronda de negociación entre Palestina e Israel que contenga el reconocimiento del Estado Palestino y la retirada de Israel de todo el territorio ocupado.

El trabajo y compromiso por un mundo más justo y en paz es esencial para M+J y a él invita a sumarse a toda la ciudadanía vasca.

Este programa electoral de 45 medidas es fruto, primeramente, del trabajo de la militancia, afiliación y colaboradores de M+J, que durante estos años ha ido discerniendo sus principios y prioridades en diálogo con la ciudadanía y sus necesidades. Pero también, un grupo de medidas (11) provienen de organizaciones y plataformas de la sociedad civil vasca. Las fuentes de estas medidas están citadas entre paréntesis cuando el texto de las medidas que anunciamos está extraído o basado directamente en ellas. A continuación una lista de las fuentes recogidas:

Otras fuentes: