Balance ante la DANA IV: y para que no vuelva a pasar.
Este comunicado, es la parte final y propositiva de una serie de posicionamientos y publicaciones que hemos hecho en torno a la tragedia de la DANA:
La DANA del 29 de octubre de 2024 provocó graves inundaciones principalmente en la provincia de Valencia, con especial incidencia en múltiples municipios y áreas urbanas y rurales de la Comunidad Valenciana, y algunos puntos de Castilla-La Mancha y Andalucía.
Estos días se ha recordado a las víctimas y personas damnificadas, celebrándose distintos actos en su recuerdo y en agradecimiento a quienes ayudaron en aquellos días.
Pero ahora es el momento de volver a pensar en cómo evitar que se repitan catástrofes de esta envergadura y en prepararnos en caso de que ocurran.
Algunas de las propuestas que desde M+J se formulan para ser estudiadas serían las siguientes:
1.- Cultura de la prevención: El cambio climático provoca que llueva mucho en poco tiempo. El agua que llueve sobre un lugar discurre por barrancos hasta otros lugares donde no ha llovido, por lo que la población no es consciente del riesgo. En algunas de las zonas afectadas se han producido inundaciones cada 50-70 años.
Por ello, es necesario promover una cultura de la prevención, de modo que conozcamos los peligros a los que estamos sometidos y aprendamos cómo reaccionar ante ellos, por ejemplo, mediante la inclusión en los programas educativos de formación en emergencias, para aprender qué puede ocurrir y cómo reaccionar; realizando simulacros, a nivel municipal, autonómico e incluso estatal, como ya se realizan en otros países.
2.- Información de las alertas:
2.1.- Promoción de la integración de las alertas meteorológicas e hidrológicas, de modo que no solo se divulgue y se informe en los medios de comunicación sobre la temperatura o precipitaciones en una ciudad, provincia o comunidad autónoma, sino que al mismo tiempo también sobre los riesgos que existan. Es decir, que no sólo se informe si las lluvias van a ser intensas o no, sino si incrementará el caudal de ríos o barrancos, con la finalidad de que las personas residentes en el curso de los mismos están informadas.
2.2.- Sistema de alerta a la población por medio de mensajes a los teléfonos móviles, pero también mediante la emisión inmediata por los distintos canales de televisión y radio, redes sociales y medios de comunicación digitales.
3.- Rigor en la toma de decisiones y planeamientos urbanísticos:
3.1.- Las decisiones cruciales en materia de emergencia han de ser tomadas con criterios técnicos, y no políticos, de modo que se persiga siempre el bien de la ciudadanía y no se rijan por el oportunismo partidista.
3.2.- Mayor rigor en los planeamientos urbanísticos, para impedir la construcción en zonas inundables, aún a pesar del coste político de estas decisiones. Planificación y ordenación territorial adaptada: evitar construir o desarrollar actividades en zonas con alto riesgo de inundación y restaurar espacios naturales fluviales para que el agua pueda infiltrarse y circular más lentamente. Esto incluye diseñar planes urbanos que incorporen criterios de adaptación a inundaciones, como usar materiales permeables, sistemas urbanos de drenaje, no construcción de garajes en sótanos, las viviendas en planta baja en zonas inundables deben disponer de acceso interior a la cubierta, etc.
3.3.- En casos de emergencia, paralizar no sólo la actividad educativa, sino también la circulación de vehículos pues su excesivo número complica el acceso de vehículos de rescate y de emergencia.
4.- Revisión de estructuras e instalaciones:
4.1.- Revisión del estado de caudalímetros e instalación donde no existan.
4.2.- Sistemas de drenaje sostenible y mantenimiento: mantener limpias y operativas alcantarillas, sumideros, tuberías y pozos para evitar acumulación y desbordamientos. Implementar soluciones que ayuden a retener y filtrar el agua para reducir escorrentías.
5.- Enseñanza: Formación al profesorado para posibilitar la enseñanza por medios telemáticos en caso de emergencias.
6.- Cambios normativos:
6.1.- Creación de un órgano formado por personas técnicas que determine las obras necesarias para evitar catástrofes similares, y que éstas deban ser realizadas obligatoriamente por las administraciones públicas a las que competa, con independencia de los cambios de gobierno.
6.2.- Revisión y modificación, en su caso, de la legislación sobre emergencias, para fijar y clarificar las competencias entre el gobierno estatal, autonómico y municipal, para evitar la inactividad por falta de concreción de las competencias de cada administración.
6.3.- Aprobar protocolos de actuación de la Administración general del Estado, comunidades autónomas y de cada ayuntamiento para situaciones de emergencia con un organigrama de personas u organismos competentes en cada caso y en el que se establezcan las medidas a adoptar y prioridades a atender, para evitar la descoordinación.
En estos protocolos se debería incluir la intervención de otras entidades privadas que estuvieran dispuestas a actuar en caso de emergencia, como pueden ser organizaciones no gubernamentales, asociaciones o entidades religiosas, de modo que la ayuda que presten esté también coordinada.
Asimismo, deberán contener una relación de las ayudas materiales que se puedan precisar en cada emergencia (maquinaria, herramientas, suministros, alimentos, vestido, agua, etc), y las tareas a realizar estableciendo las prioridades, de modo que las donaciones privadas puedan coordinarse y las personas que presten su ayuda conozcan qué deben hacer y cómo deben hacerlo.
6.4.- Simplificación de trámites para que la administración pública pueda recibir donaciones y pueda repartir las ayudas con mayor agilidad.
6.5.- Revisión de la normativa reguladora del mantenimiento de ascensores, para que en casos de falta de funcionamiento de éstos las empresas de mantenimiento actúen primero en los edificios en los que residan personas con discapacidad física.
La mejor manera de recordar a las víctimas y a todos los damnificados será trabajar para que en futuras situaciones similares se puedan prevenir y evitar los daños. Desde Por Un Mundo Más Justo estamos convencidos de que así puede ser con voluntad política y colaboración por parte de todas las partes implicadas: administraciones, instituciones y ciudadanía.
M+J Valencia
