Lo que está pasando

Desde la madrugada del 30 de julio de 2026, decenas de miles de personas han cruzado la frontera entre Marruecos y Ceuta. El Gobierno central sitúa la cifra de entradas en torno a las 50.000, con más de 25.000 personas retornadas ya de forma voluntaria a Marruecos a un ritmo de 150 por minuto durante la mañana del 31 de julio. Se han producido muertes en el espigón del Tarajal. El Ejército ha sido desplegado, el presidente del Gobierno se ha trasladado a la ciudad, y varios socios europeos —Italia y Finlandia entre ellos— han planteado abiertamente suspender o excluir a España del espacio Schengen, mientras Francia refuerza controles en su frontera con nuestro país.

Es, en escala, uno de los episodios más graves desde la crisis de mayo de 2021, y la discusión pública se está librando de nuevo en el terreno de la soberanía y el orden público, mientras las personas que han cruzado, la mayoría jóvenes, quedan reducidas a una cifra. Desde M+J queremos situar el debate donde corresponde: en las causas estructurales que producen esta crisis una y otra vez, y en los derechos de quienes la protagonizan sin haber decidido nada de lo que ocurre alrededor de ellas.

Tres miradas que no se pueden confundir

• El gobierno marroquí, que dispone de la frontera como una palanca de política exterior y la utiliza para obtener réditos diplomáticos frente a España y la Unión Europea.
• Las personas que cruzan, que no persiguen ningún objetivo geopolítico: buscan salir de una situación insostenible en su país de origen, y son quienes asumen todo el riesgo.
• La Unión Europea, cuya respuesta —en particular la de algunos socios comunitarios que cuestionan a España en lugar de presionar a Marruecos— evidencia una falta de solidaridad: es una vergüenza responsabilizar al país que sufre la presión fronteriza y no a quien la ejerce de forma deliberada.

La migración como arma geopolítica

Lo de Ceuta es la convergencia de dos fuerzas: una desesperación socioeconómica real que empuja a miles de jóvenes marroquíes a jugarse la vida, y una estrategia de Estado que aprovecha ese contexto para presionar a España por su acercamiento a Argelia, por el reconocimiento del Sáhara Occidental, por el Mundial 2030 y por el margen que da un tablero internacional que hoy premia la fragmentación europea frente a la cohesión. Es el mismo patrón que en 2021, cuando la tensión por el Sáhara se tradujo, días después, en la apertura de la frontera y en 8.000 personas cruzando en horas. Cinco años después seguimos sin un marco que impida que esto vuelva a suceder.

Esta no es una dinámica exclusiva de Marruecos: cada vez más Estados recurren a la migración como instrumento diplomático, y cuando esto ocurre las personas migrantes dejan de ser sujetos con un proyecto de vida propio para pasar a ser, literalmente, un arma en manos de terceros. Entre 2014 y 2020, además, Marruecos se convirtió en el principal receptor europeo de fondos de cooperación al desarrollo condicionados a colaborar en el control migratorio —fondos que deberían combatir la pobreza y que en la práctica externalizan la vigilancia de las fronteras europeas, dejando a España y a la UE permanentemente expuestas al chantaje.

Ceuta tampoco puede sola

No podemos hablar de esta crisis sin reconocer lo que están viviendo también los vecinos y vecinas de Ceuta. Una ciudad de 90.000 habitantes ha visto llegar en 48 horas a más de la mitad de su población en personas sin recursos ni un sistema preparado para acogerlas. El resultado es visible: comercios y bares cerrados, calles vacías, familias que no se atreven a salir de casa. Ese miedo es legítimo y merece ser nombrado, no ignorado ni, mucho menos, utilizado por quienes buscan enfrentar a la población local con las personas migrantes.

Porque el problema no lo causan quienes cruzan la frontera huyendo de la pobreza. Lo causa un modelo que traslada una crisis geopolítica y humanitaria a una sola ciudad, sin refuerzo de recursos, sin plan de contingencia y sin que el Estado asuma su parte. Ceuta lleva conviviendo con esto desde 1999 y sigue esperando lo mismo que las personas migrantes: que alguien deje de tratar lo excepcional como excepcional y prepare, de una vez, una respuesta a la altura.

Lo que dicen las organizaciones que están sobre el terreno

Entidades que trabajan directamente en Ceuta —la Asociación Elín, la Coordinadora de Barrios y No Name Kitchen—, presentes en la ciudad desde 1999, denuncian el aumento de los discursos de odio y la deshumanización de las personas migrantes, el uso de estas como moneda de cambio político, y la ausencia crónica de protocolos y recursos para la acogida. Piden que las administraciones dejen de tratar cada episodio como un “hecho excepcional” cuando exige coordinación institucional permanente. Su diagnóstico coincide con el nuestro: no es que fallen los recursos puntualmente, es que el modelo depende de tratar como excepción algo que se repite de forma sistemática.

Lo que denunciamos

• La criminalización constante de las personas migrantes, estigmatizadas sin haber cometido delito alguno.
• Una Ley de Extranjería que no ofrece vías legales y seguras de migración.
• Una industria de securitización y externalización fronteriza que trata la libre circulación como amenaza, no como derecho.
• La falta de transparencia del Ministerio del Interior en la gestión de estas crisis.
• La ausencia crónica de un sistema de acogida digno, igual hoy que hace dos años.
• El uso de personas migrantes y menores como moneda de cambio geopolítica.
• La respuesta de socios europeos que cuestionan a España en vez de exigir a Marruecos que deje de presionar.
• La costumbre institucional de tratar cada crisis fronteriza como un “hecho excepcional”, cuando su repetición demuestra que es estructural.
• El abandono de una ciudad de 90.000 habitantes ante una crisis de escala muy superior a su capacidad, sin refuerzo de recursos ni plan de contingencia.

Lo que exigimos

1. Un sistema de acogida digno, con recursos eficientes y protección real frente a la trata de seres humanos.
2. El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
3. Políticas públicas con presupuesto suficiente contra los discursos de odio, el racismo y la xenofobia.
4. Un despliegue permanente de traductores y abogados en frontera para valorar solicitudes de asilo, especialmente de menores.
5. Protocolos de actuación estables y coordinación institucional real, que sustituyan la improvisación crónica.
6. El fin del uso de la Ayuda Oficial al Desarrollo para financiar control migratorio.
7. Un acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea que habilite vías legales, ordenadas y seguras de migración.
8. Refuerzo inmediato de recursos materiales y humanos para Ceuta, de forma que la ciudad no tenga que absorber sola crisis de esta escala.

Migrar es un derecho. Vías legales, vidas seguras. No aceptamos que estas crisis se sigan gestionando como si fueran imprevisibles, cuando llevan repitiéndose, con el mismo guion, al menos desde 2021. No queremos que la sociedad mire para otro lado ni se acostumbre a la vulneración de derechos como si no fuera un asunto que nos concierne a todas y todos.

Tarajal, no olvidamos.

Partido Por Un Mundo Más Justo (M+J)