Hacia una atención social gratuita y universal para las personas con discapacidad y/o dependencia
Desde el Equipo de Discapacidad y Dependencia del Partido por un Mundo Más Justo, queremos dar a conocer nuestro punto de vista sobre la discapacidad y la dependencia ya que, en torno a ellas, gira nuestro trabajo en favor de la mejora de las condiciones y la protección de los derechos de las personas que las padecen.
Las personas con discapacidad son aquellas que, a consecuencia de los déficits en las funciones y/o estructuras corporales, tienen limitaciones o dificultades en el desempeño de las actividades y restricciones en la participación al implicarse en situaciones vitales.
Las personas en situación de dependencia son aquellas que, con carácter permanente y por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o para su autonomía personal.
Dependencia y discapacidad son empleados equivocadamente como conceptos sinónimos, y aunque en algunas ocasiones un individuo pueda presentar ambas condiciones, la primera puede no ser consecuencia de la segunda y pueden darse por separado. Debemos tener presente que cuando pensamos en discapacidad y dependencia estamos haciendo referencia a tres colectivos sociales: los que tienen discapacidad, los que tienen dependencia y los que sufren ambas situaciones.
Compartimos la idea de que la discapacidad y la dependencia no se pueden entender aislando al individuo del entorno. Asumimos que discapacidad y dependencia son conceptos primordialmente sociales. Por ello hay que desarrollar más aún la atención social, como otro pilar básico de nuestro estado del bienestar. Es cierto que, en las últimas décadas, hemos avanzado en esa dirección concretando y empezando a desarrollar leyes y normativas para todas aquellas personas que lo necesitan, pero, sin embargo, queda mucho por mejorar tanto en su valoración y en las ayudas personales, económicas y materiales, como en la adaptación de los servicios que deben ser prestados.
Por ello, proponemos:
- Institucionalizar la Atención Social como pilar del estado del bienestar, junto con la Educación, la Sanidad y las Pensiones.
- Dispensar Servicios Sociales públicos, universales y gratuitos, en los que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia elimine la obligación del copago de las personas beneficiarias con dependencia.
- Potenciar la investigación, propiciando la sinergia y la cooperación entre instituciones públicas y entidades privadas.
- Promover campañas de concienciación y sensibilización sobre la discapacidad y la dependencia.
- Conseguir una Asistencia Sanitaria especializada con equipos multidisciplinares que atiendan y solucionen la problemática en salud de las personas con discapacidad y/o con dependencia, adecuando recursos humanos y materiales a sus necesidades.
- Incluir de manera obligatoria profesionales especializados, según la especificidad de la discapacidad o dependencia a evaluar por los Equipos de Valoración.
- Normalizar nuevas profesiones y especialidades centradas en las ayudas y apoyos de calidad a personas con discapacidades y/o dependencia para el desarrollo de las actividades de vida diaria y fomento de su autonomía.
- Promover una Educación adaptada y diversa que permita la inclusión real y productiva de las personas con discapacidad, asumiendo la necesidad de centros educativos de educación especial.
- Garantizar los medios económicos y sociales para las familias cuyos hijos sean diagnosticados con discapacidades durante la gestación para que, evitando su discriminación, dichas discapacidades no sean tenidas en cuenta como una causa que pueda privar del derecho a vivir.
- Restituir la figura de la “patria potestad prorrogada” para los casos de extrema discapacidad, ya que la “curatela representativa” tiene funciones parecidas pero contradice la esencia de la propia curatela y además precisa de la intervención judicial, lo que hace más compleja la labor del curador.
- Enlazar las leyes y normativas que legislan discapacidad, dependencia y vida laboral, para garantizar una conexión con pasarelas equilibradas y justas entre dichas situaciones, simplificando el paso de tribunales específicos y las consiguientes valoraciones.
Como partido que defiende la dignidad y el valor de todos los seres humanos, sean cuales sean sus capacidades o circunstancias personales, queremos impulsar un reconocimiento creciente hacia las personas con discapacidad y/o dependencia como sujetos activos socialmente, destinatarias de nuestra atención y centrados en el respeto de sus derechos. En la medida en que estemos haciendo entre todos que esto sea realidad… estaremos poniendo en valor lo mejor de nuestra Humanidad.
Equipo de Discapacidad y Dependencia de M+J
ANEXO LEYES
- La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
- La Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
- Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía
