Por un gran pacto de la Educación
Nadie pone en cuestión que la educación es un aspecto fundamental para la sociedad por ser la base sobre la que construimos nuestro futuro. Sin embargo, es llamativo que se trata de uno de los aspectos donde menos consenso se ha conseguido entre las distintas fuerzas políticas, que han construido una amalgama de leyes y reformas que finalmente perjudican a los estudiantes y los profesionales de la educación. Así pues, uno de los retos pendientes de nuestra democracia es llegar a un gran pacto por la educación.
Hagamos un pequeño repaso histórico. La LOECE fue la primera ley sobre educación desde el comienzo de la democracia, y fue promulgada en 1980. Cinco años después, durante el gobierno de Felipe González entró en vigor la LODE. El PSOE volvió a promulgar dos leyes sobre educación más con Felipe González como presidente, la LOGSE en 1990 y la LOPEG en 1995. En el 2002, durante el gobierno de José María Aznar se aprobó la LOCE, pero nunca llegó a aplicarse porque se paralizó durante el mandato del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. En su lugar, durante ese mandato entró en vigor en 2006 la LOE. Siete años después, en 2013 y durante el gobierno de Mariano Rajoy se aprobó la LOMCE que modifica gran parte del articulado de la ley anterior.
El pasado 3 de marzo el Consejo de Ministros aprobó un Proyecto de Ley Orgánica que fue presentado al Congreso de los Diputados para el trámite de enmiendas. Este Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación pretende derogar la LOMCE e instaurar una nueva ley de educación. Debido al actual estado de alarma y la situación excepcional que se está viviendo también en la Cámara, este plazo de enmiendas se ha prorrogado cinco veces, siendo el último plazo establecido a fecha de hoy el del 20 de mayo.
Desde el Partido por un Mundo Más Justo consideramos que este no es el momento y esta no es la manera en la que debería aprobarse una nueva ley educativa. Siendo conscientes de las numerosas mejoras que son necesarias implementar en el ámbito educativo en nuestro país, pensamos que esta nueva Propuesta de Ley arrastra el mismo error de su predecesoras, naciendo herida desde el principio por la falta de consenso.
Para aprobar una nueva ley que modifica un aspecto tan importante y fundamental para nuestra sociedad y nuestro futuro, es necesario no solo un gran pacto entre todas las fuerzas políticas, sino una gran participación de los principales agentes del mundo educativo en su elaboración. Y con la Propuesta actual no se da ni lo primero ni lo segundo. Por una parte, los principales partidos de la oposición han presentado enmiendas a la totalidad del Proyecto, lo que quiere decir que no están de acuerdo con el espíritu, los principios o la oportunidad del mismo, por lo tanto existe una falta de consenso parlamentario que hace que si se llegase a aprobar la ley su vigencia sería muy frágil, y probablemente volvería a ser modificada en cuanto se cambie el gobierno. Por otra parte, el actual Proyecto de Ley Orgánica no ha contado con la opinión del Consejo Escolar del Estado, que es el órgano de participación de los sectores más directamente relacionados con el mundo educativo. No es posible aprobar una ley sin escuchar a sus protagonistas, en este caso, los profesionales del mundo educativo que son los que han sufrido en su profesión los múltiples cambios de las leyes anteriores.
A todo lo demás, hay que añadir que en medio de un estado de alarma, con una realidad en el horizonte aún difícil de dibujar, que implicará seguramente cambios en el modelo de enseñanza, para adaptarnos a las circunstancias, no es el momento adecuado para aprobar una ley del sector educativo. Ya que con toda probabilidad serán necesarias reformas en un futuro cercano. En esta nueva realidad tendremos que tener presentes también a aquellos estudiantes con más dificultad para acceder a las herramientas tecnológicas que permiten la eduación a distancia, y en general a los colectivos más vulnerables, para garantizar el acceso real al derecho a la educación.
Es el momento para pensar qué tipo de sociedad queremos y eso pasa obligatoriamente por repensar nuestro modelo educativo. Dejemos atrás los intereses partidistas y trabajemos por un verdadero pacto en la Educación que dé la estabilidad que tanto necesita nuestro sistema educativo. Esta estabilidad y consenso no implica inamovilidad para adaptarse a los nuevos retos que vayan surgiendo y a las nuevas herramientas educativas. Sin embargo, necesitamos una base común que nazca de un gran acuerdo que englobe y dé cobertura a los cambios que vayan siendo necesarios.
