
Comunicado POR UN MUNDO MÁS JUSTO (M+J) ante la crisis en Ceuta
Desde el partido Por Un Mundo Más Justo queremos expresar nuestro dolor y nuestra preocupación por la situación insostenible que vive Ceuta.
Nos duelen, antes que nada, las personas que murieron ahogadas o aplastadas en los espigones a finales de julio. Ceuta cifró en un centenar los fallecidos durante la entrada masiva. No son un dato: son hijos e hijas, hermanos y hermanas.
Nos duelen las vecinas y vecinos de Ceuta, en situación de vulnerabilidad, que llevan más de un mes conviviendo con el colapso de los servicios, el cierre de comercios y la sensación de haber sido abandonadas y abandonados.
Y nos duelen las miles de personas migrantes que siguen a la intemperie en condiciones inhumanas —más de 10.000 según la Ciudad Autónoma—, y muy especialmente las niñas y los niños.
El 3 de agosto permanecían en Ceuta 862 menores no acompañados, frente a solo 29 plazas específicas para ellos. La fiscal jefa de Ceuta ha registrado 23 agresiones sexuales desde finales de julio, nueve de ellas contra menores. Ninguna sociedad decente puede normalizar esto.
No son dos realidades enfrentadas. Son dos caras del mismo fracaso.
Lo que ocurre en Ceuta no es una crisis espontánea. Es el resultado de 30 años de convertir una ciudad de 85.000 habitantes en muro de contención de la frontera sur de Europa, y de un modelo de externalización de fronteras que utiliza a las personas como moneda de cambio político. Ninguna persona, sea cual sea su origen o situación administrativa, debe ser utilizada como arma de presión política. La dignidad humana debe situarse siempre por encima de cualquier estrategia de Estado.
Por eso exigimos una política de Estado:
- Menores, primero. Es el grupo más vulnerable, especialmente, las niñas. El traslado de las niñas y niños no acompañados a la península no es un gesto humanitario opcional: es una obligación derivada de la Convención de los Derechos del Niño y de la propia ley española cuando el sistema de acogida está desbordado. Debe hacerse ya, con criterios claros y reparto entre comunidades autónomas. Por ello demandamos la solidaridad y el compromiso de las CCAA para acoger a menores en sus territorios.
- Un plan de emergencia real para Ceuta. Valoramos el plan de 309 millones anunciado el 1 de septiembre y la ampliación de plazas de acogida, pero exigimos calendario, control parlamentario y evaluación pública. Ceuta no puede ser un CETI al aire libre ni volver a esperar a estar desbordada para recibir ayuda.
- Solidaridad entre territorios para las personas adultas. El Gobierno ha descartado por ahora trasladar a adultos mientras se tramitan sus expedientes. Pedimos que se acuerde un reparto solidario y ordenado con las comunidades autónomas, con identificación y tramitación individual de cada expediente, como exige el derecho europeo y español. Ni abandono en la calle ni devoluciones colectivas: procedimiento y dignidad.
- Transparencia con Marruecos. Exigimos que el Gobierno comparezca en el Congreso y explique el conjunto de la relación bilateral —migratoria, comercial y pesquera—, y que la ciudadanía pueda conocer qué se ha comprometido y a cambio de qué. No se puede delegar el control fronterizo en una relación que el Parlamento no conoce. Una vecindad sana se construye sobre acuerdos públicos, no sobre entendimientos opacos.
Asimismo, dejar claro a Marruecos que no puede haber acuerdos bilaterales si se continúa con la utilización de los movimientos migratorios como mecanismo de presión política, especialmente cuando pueda poner en riesgo a menores y otras personas en situación de vulnerabilidad.
- Corresponsabilidad europea. Ceuta es frontera europea, no solo española. Pedimos a la Comisión y al Consejo:
- Activar la solidaridad de los artículos 78.3 y 80 del TFUE, con medidas provisionales y apoyo financiero extraordinario a petición de España.
- El fin del modelo de externalización: Europa no puede subcontratar sus derechos humanos ni sostener relaciones preferentes sin exigir a sus socios los mismos estándares que exige dentro.
- Vías legales y seguras reales —visados humanitarios y contingentes laborales con inspección efectiva y garantías laborales— que eviten muertes y desarticulen el negocio de las mafias.
- Una revisión del mandato de Frontex que sitúe el salvamento de vidas y la acogida al mismo nivel que la vigilancia.
- Expresar de manera contundente la reconsideración de la relación de la UE con Marruecos si sigue actuando en la frontera de Ceuta y Melilla como país que ataca y/o reclama territorios españoles y, por tanto, europeos.
- Convivencia y unidad frente al odio y la división.
Somos conscientes de que detrás de una crisis de estas características puede existir también el propósito o el efecto de alimentar la confrontación, dividir a la sociedad española y debilitar nuestra capacidad para afrontar de forma unida los problemas comunes. Por lo tanto, rechazamos tanto el discurso que culpabiliza a personas que huyen de la falta de futuro como el que niega el sufrimiento real de los ceutíes. Frente a quienes pretenden enfrentarnos, apostamos por fortalecer la convivencia, la solidaridad y la capacidad de construir de manera conjunta el bien común. Cuando líderes internacionales usaron Ceuta para su propia batalla política, fue la propia ciudadanía quien salió a defender la convivencia. Ese es el camino, y es el que exigimos a todos los partidos políticos: unidad nacional como fortaleza para afrontar los conflictos.
No hay que elegir entre Ceuta y los Derechos Humanos. Se puede y se debe defender ambos. Ceuta no es un problema: es una ciudad valiente que lleva décadas sosteniendo, prácticamente sola, una responsabilidad que es de todo un país. Acompañarla es también acompañar a quienes llegan buscando una vida digna.















