Maricarmen y el derecho a permanecer en el hogar de toda una vida

Maricarmen tiene 87 años y lleva 71 viviendo en la misma casa. Un fondo de inversión le reclama un alquiler de 2.650 euros mensuales, más del doble de sus ingresos, y pretende que abandone su hogar. Su caso nos obliga a preguntarnos para quién están hechas nuestras leyes y qué lugar ocupa el derecho a la vivienda en nuestra sociedad.

Maricarmen llegó a su casa cuando tenía 16 años. Hoy tiene 87. Ha pasado allí la mayor parte de su vida.

En esa vivienda ha crecido, trabajado, cuidado de su familia y envejecido. Allí están sus recuerdos, sus rutinas y el entorno en el que se siente segura. Para una empresa propietaria, el piso puede ser un activo dentro de una operación inmobiliaria. Para Maricarmen es el lugar al que lleva llamando hogar desde hace 71 años.

Ahora quieren echarla.

El edificio terminó en manos de un fondo de inversión que le ofreció un nuevo contrato por 2.650 euros mensuales. Hasta entonces pagaba alrededor de 500 euros. La nueva cantidad supera ampliamente el doble de sus ingresos, por lo que aceptar ese contrato resulta materialmente imposible.

Presentar una oferta que la inquilina no puede pagar no constituye una solución. En la práctica, es otra forma de obligarla a marcharse.

Una historia marcada por la discriminación contra las mujeres

El caso de Maricarmen tiene además un origen que no se puede ignorar.

El contrato inicial de alquiler estaba a nombre de su padre. Se firmó en una época en la que las mujeres no disfrutaban de la misma autonomía jurídica que los hombres y no podían contratar en condiciones de igualdad. Aunque aquella vivienda fuera el hogar de toda la familia, fue el padre quien figuró formalmente como arrendatario.

Cuando él falleció, el alquiler pasó a la madre de Maricarmen mediante una subrogación. Más adelante, Maricarmen continuó viviendo en la casa. Los propietarios conocían su situación, aceptaron su permanencia y cobraron el alquiler durante años.

El inmueble cambió de manos y su situación siguió siendo respetada. El conflicto apareció después de otra venta, cuando un nuevo fondo cuestionó la validez de aquella segunda subrogación y comenzó el procedimiento para recuperar la vivienda.

Esta historia plantea una pregunta difícil: ¿puede una desigualdad legal sufrida por las mujeres hace décadas convertirse hoy en el argumento que permita desahuciar a una mujer de 87 años?

Las leyes que impedían a las mujeres contratar en igualdad tuvieron consecuencias concretas. Esas consecuencias no desaparecen con el paso del tiempo. Siguen presentes cuando un contrato firmado únicamente por un hombre condiciona, varias décadas después, los derechos de las mujeres que también vivieron en aquella casa.

La discriminación histórica no puede utilizarse ahora en beneficio de quien pretende obtener una mayor rentabilidad del inmueble.

También debe tenerse en cuenta que la permanencia de