Por Un Mundo Más Justo presenta su propuesta económica para 2027 tras diez años de trabajo en presupuestos alternativos. Vivienda, sanidad, cuidados, integración y una fiscalidad progresiva articulan un documento que combina compromiso social, estimaciones prudentes y evaluación de resultados.
En las elecciones generales de 2026 queremos que la economía ocupe el lugar que merece. Hablar de presupuestos es hablar del alquiler que una familia puede pagar, de cuánto espera una persona para recibir atención, de las oportunidades de un joven y de los apoyos que encuentra quien necesita cuidados.
Desde Por Un Mundo Más Justo presentamos nuestros Presupuestos Generales Más Justos para 2027. Son nuestra propuesta de prioridades e instrumentos económicos para avanzar hacia una sociedad más digna, con una explicación de los recursos que planteamos movilizar y de las comprobaciones necesarias para ejecutarlos.
Vamos muy en serio. Nuestra responsabilidad consiste en aportar trabajo, cifras y argumentos al debate público, con independencia del tamaño de nuestra representación institucional.
Diez años poniendo presupuesto a nuestros valores
Desde hace diez años presentamos propuestas de Presupuestos Generales Más Justos. Ese trabajo expresa una convicción: los compromisos políticos deben acompañarse de decisiones sobre ingresos, gastos, plazos y resultados.
M+J nació en 2004 y cuenta con más de dos décadas de trayectoria. Hemos sostenido nuestra actividad electoral y social gracias al compromiso de personas que entienden la política como servicio.
Reivindicamos nuestra relevancia dentro del espacio extraparlamentario nacional, en el que también participan proyectos como PACMA y Escaños en Blanco. Cada formación tiene su identidad, sus prioridades y sus propuestas. Compartimos la necesidad de que el debate público escuche también a quienes trabajan fuera del Congreso.
A Sánchez, Feijóo y Abascal: comparemos propuestas con respeto
Nos dirigimos al PSOE de Pedro Sánchez, al PP de Alberto Núñez Feijóo y a Vox de Santiago Abascal desde el respeto. Queremos contrastar qué prioridades defiende cada formación, cómo pretende financiarlas y qué consecuencias tendrían.
Conviene distinguir entre anunciar medidas, preparar unas cuentas y presentar un presupuesto detallado. El Gobierno inició la elaboración de los PGE de 2027 y aprobó un techo de gasto, como recoge la información publicada por el PSOE. Ese trámite establece un marco para elaborar las cuentas.
Vox también ha expuesto orientaciones económicas, entre ellas reducción de impuestos y desregulación, según su información de precampaña. Pedimos que esas orientaciones se acompañen de una explicación contrastable de sus costes, financiación y efectos distributivos.
Aplicamos esa misma exigencia a nuestro trabajo. Proponemos discutir sobre documentos, supuestos y resultados esperados. La fraternidad democrática permite discrepar con firmeza y escuchar las objeciones que pueden mejorar una propuesta.
Qué presentamos y cómo deben leerse las cifras
Nuestro documento es una propuesta presupuestaria y de política económica, con asignaciones programáticas seleccionadas y un escenario para el conjunto de las administraciones públicas. Se encuentra en fase de borrador técnico: requiere memoria económica, evaluación tributaria, validación jurídica y coordinación territorial.
Las partidas seleccionadas suman 511.992 millones de euros. Esa cantidad corresponde al conjunto de políticas desagregadas en el documento; su alcance es distinto del gasto consolidado de todas las administraciones públicas.
Esta distinción evita comparaciones engañosas. En sanidad y educación, por ejemplo, las comunidades autónomas gestionan una parte esencial del gasto. Las cifras estatales seleccionadas deben interpretarse teniendo en cuenta esa distribución de competencias.
Presentar las hipótesis y sus límites permite debatir con información. Nuestro compromiso es completar las comprobaciones necesarias y hacer comprensibles las decisiones económicas.
Vivienda, sanidad y cuidados: prioridades concretas
La propuesta reserva 6.025 millones de euros a acceso a la vivienda y fomento de la edificación. Plantea un objetivo anual de 40.000 viviendas para alquiler social mediante producción y rehabilitación, con programación plurianual y colaboración de comunidades y ayuntamientos.
La ejecución exige suelo disponible, costes por vivienda, licitaciones y calendarios realistas. Buscamos orientar el alquiler hacia un esfuerzo asumible para las familias, con referencia al 30 % de sus ingresos, y reforzar la respuesta a las emergencias habitacionales.
También proponemos ampliar el apoyo al alquiler joven hasta los 35 años, extenderlo a familias monoparentales sin límite de edad y facilitar rehabilitación energética para propietarios con ingresos bajos y medios. La vivienda debe permitir construir un proyecto de vida.
En sanidad, la dotación estatal seleccionada asciende a 7.600 millones, con un objetivo de refuerzo de 15.000 plazas sanitarias que deberá acordarse y financiarse con las comunidades autónomas. El documento incorpora 400 millones adicionales para salud mental y 600 millones para reducir listas de espera con resultados medibles.
En servicios sociales y promoción social proponemos 8.960 millones. Dentro de estas prioridades se contempla reforzar la dependencia con 1.000 millones adicionales y un objetivo de 50.000 nuevas plazas o servicios de proximidad y asistencia domiciliaria.
La lucha contra la pobreza infantil incorpora un fondo de 400 millones para apoyos educativos, alimentación y participación en actividades. El bloque de igualdad de género alcanza 532 millones, con atención a víctimas, prevención y refuerzo de los recursos de protección.
Estas cifras deben traducirse en cobertura, acceso y tiempos de respuesta. Evaluaremos su utilidad por lo que cambie en la vida de las personas.
Migración con dignidad y una administración que funcione
La propuesta destina 14.200 millones de euros a gestión, inclusión y migración, con 12.000 nuevas plazas de acogida como objetivo y recursos para formación laboral, aprendizaje lingüístico y refuerzo administrativo.
Queremos que la integración cuente con instrumentos estables, coordinación territorial y seguimiento. Un expediente que se retrasa puede bloquear el acceso al empleo, la autonomía y la participación social.
El documento plantea reforzar personal y digitalizar trámites, con el objetivo de resolver el 80 % de las solicitudes en menos de 60 días en las oficinas contempladas. También incluye una propuesta de regularización para personas con arraigo demostrable, sujeta a desarrollo legal y capacidad administrativa.
La previsión fiscal mantiene un criterio de prudencia: las posibles cotizaciones futuras deberán incorporarse cuando exista evidencia de su materialización. La dignidad de las personas y la calidad de la gestión pública deben avanzar juntas.
Una fiscalidad progresiva con estimaciones prudentes
La financiación combina revisión de prioridades, reforma fiscal y mejora de la gestión. El borrador mantiene el tratamiento de las rentas medias y bajas en su modelo de IRPF y no incorpora una subida general del IVA.
Propone nuevos tramos marginales para rentas altas: el 52 % entre 150.000 y 300.000 euros anuales y el 55 % por encima de 300.000. Su concreción debe respetar la estructura del impuesto y las competencias autonómicas. Los tipos se aplicarían por tramos, conforme al diseño legal que se apruebe.
Además, plantea reforzar la tributación efectiva de grandes grupos empresariales, limitar determinadas deducciones financieras, revisar la imposición sobre grandes patrimonios y reformar figuras existentes sobre transacciones financieras y servicios digitales.
El objetivo político agregado de la reforma se sitúa en 52.500 millones de euros, pero el escenario base incorpora 27.700 millones como estimación prudente. Ambas cifras necesitan validación mediante datos tributarios y análisis de comportamiento; ninguna constituye una previsión oficial de la Agencia Tributaria.
El refuerzo de la lucha contra el fraude forma parte de la propuesta. Su rendimiento deberá contrastarse con medios, calendario y resultados, evitando tratar toda estimación de fraude como dinero inmediatamente disponible.
Pensiones, empleo y capacidad productiva
La dotación programática para pensiones asciende a 197.500 millones de euros, orientada a preservar poder adquisitivo y reforzar las mínimas. El documento reconoce que la sostenibilidad exige completar el análisis de cotizaciones, transferencias y evolución demográfica.
También proponemos invertir en la capacidad futura de nuestra economía. El bloque seleccionado de productividad suma 57.000 millones, repartidos entre investigación civil, empleo y formación, infraestructuras, industria y energía, comercio, turismo y pymes.
Entre sus dotaciones figuran 18.000 millones para investigación civil, 8.900 millones para fomento del empleo y 3.400 millones para comercio, turismo y pymes. Queremos vincular estos recursos a innovación, adopción tecnológica, estabilidad laboral y mejora de la productividad.
La formación deberá medirse por la inserción a seis y doce meses. Las ayudas empresariales deberán justificar su contribución. Las infraestructuras deberán evaluarse por su utilidad social y sus costes de mantenimiento. Una economía más productiva amplía las posibilidades de financiar el bienestar.
Responsabilidad fiscal y preparación ante imprevistos
El escenario de trabajo utiliza un crecimiento real del PIB del 2,2 % y diseña un marco agregado alrededor de un déficit del 1,8 % del PIB. Son supuestos y objetivos del modelo, pendientes de las comprobaciones de ejecución y contabilidad nacional necesarias.
El análisis incluye un escenario en el que la reforma fiscal recauda un 30 % menos de lo previsto prudentemente. Manteniendo el gasto, el déficit se acercaría al 2,25 % del PIB. Mostrar esa posibilidad permite preparar decisiones correctoras y revisar compromisos.
Proponemos un fondo de contingencia de 3.000 millones para emergencias. También revisamos prioridades en defensa e investigación militar, diferenciando las partidas del borrador de las magnitudes usadas por la OTAN y de los compromisos ya adquiridos.
La compatibilidad definitiva con las reglas fiscales deberá verificarse. El modelo orienta el trabajo; la validación requiere completar el detalle técnico. El seguimiento público permitirá conocer tanto los avances como las desviaciones.
Una propuesta abierta al examen de la ciudadanía
Nuestra manera de demostrar seriedad consiste en explicar qué queremos hacer, cómo planteamos financiarlo y qué falta por comprobar. Invitamos al PSOE, al PP, a Vox y al resto de formaciones a contrastar propuestas con esa misma disposición.
Desde M+J llevamos diez años poniendo presupuesto a nuestros valores. En 2027 queremos avanzar en vivienda, salud, cuidados, integración y oportunidades, con evaluación y transparencia.
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