ANTE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES TEMPORERAS
España necesita de las personas trabajadoras temporeras migrantes del sector agrícola y hortofrutícola. Ellas sostienen, en una inmensa parte, el proceso de producción de productos que todos y todas consumimos en nuestras mesas.
Desde esa constatación, en el contexto de acontecimientos especialmente graves y contra la dignidad de dichas personas y en línea con los valores esenciales de nuestro partido Por Un Mundo Más Justo, alzamos la voz sobre la situación de extrema precariedad e inhumana que viven, particularmente las personas trabajadoras temporeras en situación de irregularidad con quienes el sector empresarial cuenta para la recogida de aceitunas, melocotones, uvas, fresas… en muchos puntos de nuestra geografía: Huelva, Jaén, Murcia, Valencia, Lleida, Almería, Badalona…
Un trabajo que se traduce en pingües beneficios para unos pocos pero no en mejora de condiciones de los artífices de los mismos. Más bien al contrario: trabajan sin contratos, ni salarios mínimos, ni posibilidad de descansos, recogiendo incluso en fines de semana… Sin derechos efectivos.
A ello, y como todo el mundo hoy bien conoce, se une la crítica situación de acceso a la vivienda, que se agrava aún más para los migrantes, lo que aboca a menudo al sinhogarismo y el drama que ello supone ante las inclemencias del tiempo invernal.
Sin lugar a dudas, estos son de los colectivos más vulnerabilizados de nuestra sociedad actual.
Justicia y responsabilidad
En estas circunstancias, desde M+J pedimos justicia social y laboral para que ningúna personas trabajadora quede fuera de la protección legal; igualdad de derechos para que el acceso a servicios básicos no dependa de la situación administrativa; y la regularización extraordinaria promovida por la Iniciativa Legislativa Popular, como una oportunidad histórica para reparar una injusticia estructural.
Además exigimos responsabilidad institucional para que cada organismo cumpla con sus obligaciones legales y éticas. Así,
- Los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas deben facilitar el empadronamiento sin trabas -aunque no se tenga vivienda fija-, garantizar el acceso a vivienda, servicios sociales, salud y educación, competencias que les son propias;
- El Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), ITSS e INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo), debe asegurar empleos dignos e inspecciones laborales efectivas, salud laboral y prestaciones sociales para todas las personas trabajadoras; también debe regular la recaudación de cotizaciones y garantizar la protección de derechos y deberes de trabajadores y empresas; así mismo, debería crear junto con el Ministerio de Inclusión y los registros sanitarios, un sistema paralelo al contrato formal, donde ONGs, sindicatos y asociaciones puedan certificar jornadas trabajadas como prueba en procesos de arraigo laboral;
- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tiene que facilitar la residencia a través de las Oficinas de Extranjería, coordinar con el Ministerio de Trabajo y la Policía Nacional la expedición física de la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero) para obtener permisos de trabajo temporales, y garantizar que el arraigo laboral sea una vía real y accesible de regularización;
- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) debe vigilar el cumplimiento normativo y sancionar oportunamente las infracciones, coordinarse con el INSST y los organismos autonómicos especializados para garantizar la prevención de riesgos laborales, evitar el “círculo vicioso de la regularización” (para el contrato de trabajo se exige regularización, y para la regularización se exige contrato de trabajo), y actuar en campañas agrícolas mediante la OEITSS (Organismo Estatal de Inspección del Trabajo y Seguridad Social), detectando empleo irregular y protegiendo al trabajador;
- Los Juzgados y Tribunales de lo Social han de aplicar la legislación laboral y de prevención con perspectiva de justicia social, así como garantizar que los procesos judiciales no perpetúen la exclusión, sino que reconozcan la vida laboral real de los temporeros;
- Los sindicatos deben asumir su responsabilidad en la defensa de los trabajadores sin papeles, certificando jornadas trabajadas y acompañando procesos de arraigo laboral, siendo actores activos en la lucha contra la explotación y la invisibilización y ofreciéndoles pautas y medios de organización;
- Por último, el empresariado agrícola tiene que cumplir con la contratación legal y el respeto a los derechos laborales, proveer alojamiento adecuado, tal como exige la normativa y los programas de contratación en origen (GECCO), y reconocer que la riqueza del sector hortofrutícola se sostiene gracias al esfuerzo de miles de personas en situación irregular, pese a que el sistema actual invisibiliza su aportación económica y social.
También creemos que es urgente que la ciudadanía asuma su rol decisivo a la hora de generar procesos de acogida, solidaridad e integración y desterrar para siempre comportamientos racistas o xenófobos.
Es hora de pasar de las palabras a los hechos, de la compasión a la justicia y de la tolerancia indiferente ante estas situaciones a la igualdad de derechos, porque la situación de las personas trabajadoras temporeras sin papeles en las campañas agrícolas españolas es insostenible desde los puntos de vista social, legal y ético.
Los temporeros sin papeles -en su mayoría jóvenes africanos- no son solo mano de obra: son personas, vecinos y ciudadanos oficialmente reconocidos en potencia. Sin embargo, la falta de voluntad política perpetúa un modelo de “mano de obra barata y desechable”.
Por eso, su dignidad debe ser reconocida y protegida por todos los medios legales y sociales a nuestro alcance.
La responsabilidad política es ineludible, y la movilización social y la solidaridad ciudadana son la garantía de que ningún ser humano quede atrás.
Por ello apostamos desde Por Un Mundo Más Justo.
Equipo de Migraciones de Por Un Mundo Más Justo
