Migrantes en Canarias
Desde finales de 2018 hemos asistido a un incremento en las llegadas por la vía marítima a las Islas Canarias, por la conocida ruta del Atlántico, la más mortal de todas las que sirven para tratar de acceder a la Unión Europea. Según cifras del ACNUR, durante el año 2020, llegaron a las Islas 23.906 personas. Durante ese mismo periodo, perdieron la vida tratando de alcanzar tierra segura por esta vía, 601 personas, según datos de la OIM. Actualmente hay cerca de 6.000 personas retenidas en las Islas, a la espera de que se les permita desplazarse. A pesar del aumento de estas cifras en Canarias, la migración en España ha disminuido drásticamente por el cierre de las fronteras aéreas por la pandemia.
La gestión de la situación en la que se encuentran las personas que han llegado a las Islas se podría haber previsto y así anticipado la respuesta. Una vez más, la respuesta dada no es la adecuada ya que está encaminada a dejar encerradas a todas estas personas en las Islas, al no permitirles la libre movilidad por todo el territorio español, en unas condiciones que dejan mucho que desear, y tratando asimismo de acelerar las expulsiones a sus países de origen.
Además, las condiciones en las que estuvieron todas las personas en el muelle de Arguineguín, o en el CATE de Barranco Seco, no cumplían con unos mínimos requisitos de acogida digna, tal y como ha denunciado el Defensor del Pueblo. En estos lugares han estado decenas de personas retenidas más tiempo del legalmente establecido, sin acceso a una asistencia letrada y de intérpretes decente y sin cumplir unas condiciones mínimas de alojamiento, sanidad y de protocolos de identificación. Acertadamente se llamó a estos lugares “almacenes” de personas. Tras ello, el Gobierno decidió abrir varios macro campamentos, con más de 5.000 plazas, con el objetivo de retener en las Islas a las personas que van llegando, a la espera de ser trasladas a la Península, o bien expulsadas.
Desde el partido Por Un Mundo Más Justo consideramos que esta no es la solución adecuada. Son cientos las personas que se han jugado la vida para llegar hasta aquí y cuya intención no era quedarse encerradas en un campamento sin tener la oportunidad de trabajar o continuar su trayecto. Muchas de ellas son personas especialmente vulnerables cuyas necesidades no están siendo abordadas adecuadamente. Además, recientemente, el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que se permitía la libertad de circulación por todo el territorio español de las personas solicitantes de protección internacional en Ceuta y Melilla, a las que, desde hace décadas, tampoco se les permitía proseguir hacia la Península, práctica ilegal.
Este plan, apoyado y financiado por la Comisión Europea, obedece a una lógica errónea que ha sido un fracaso en otros puntos de entrada a la UE, como por ejemplo en Lesbos, siendo las consecuencias el incendio del campo de Moria que tuvo lugar en septiembre de 2020. Las fronteras exteriores de la UE se están convirtiendo en auténticos centros de retención, lo que no es más que una muestra de las políticas disuasorias que se llevan aprobando desde hace años en esta materia. Pero ello no impide que las personas sigan llegando, tratando de salvar sus vidas. Cualquiera de nosotros también actuaríamos de la misma manera si nos viésemos –a nosotros mismos o a nuestras familias- sometidos a las circunstancias que se dan en los países de origen.
Por desgracia, lo que no está en el centro del debate es garantizar el acceso al asilo o a unas condiciones de recepción medianamente dignas para todas estas personas. Esta lógica ha sido reforzada con la propuesta del Nuevo Pacto de la UE de Migración y de Asilo que, lejos de solventar los fallos de la política europea en esta materia, parece estar reforzando todo aquello que ha resultado ser más conflictivo, como es por ejemplo, una mayor externalización de las fronteras.
Hemos visto cómo además el foco ha sido, una vez más, negociar con terceros países unos retornos rápidos desde las Islas Canarias. El mensaje es claro: “no vengáis”. Pero las personas seguirán migrando.
También condenamos desde el partido algunos mensajes xenófobos lanzados desde diferentes ámbitos y que han tenido el objetivo de incentivar el miedo, buscando aumentar la crispación de la sociedad canaria, que ha sido duramente afectada por la crisis del coronavirus.
Por todo ello pedimos
- Adoptar una estrategia de traslados transparente, ágil y predecible a la Península, activándose también la solidaridad territorial entre todas las Comunidades Autónomas.
- Coordinar la respuesta europea en materia de acogida, de manera que el resto de Estados Miembros también ofrezcan plazas para la reubicación de aquellas personas cuyo destino final no sea España. Esto no es una cuestión canaria. Ni si quiera española. Es un desafío europeo.
- Garantizar unas condiciones de acogida dignas en las Islas Canarias. La gestión de esta situación no puede tener como objetivo acelerar las expulsiones de las personas que llegan.
- Implementar una política migratoria respetuosa con los derechos humanos, que cree alternativas para migrar de manera segura y legal y que no esté basada en la externalización de fronteras, evitando replicar así los fallos ya existentes.
Desde el M+J creemos firmemente que nuestro mundo puede generar procesos sociales de acogida, protección, promoción e integración de todas las personas que se trasladan de un territorio a otro del globo terráqueo, particularmente cuando lo hacen por cuestiones de vulnerabilidad o razones humanitarias. Y estamos dando pasos firmes para asegurar que sea así. Con la ayuda de personas como tú, si también crees en ello, lo haremos posible.
